La ley más importante cada año es la que establece el presupuesto del sector público. Allí están contenidos los ingresos y los egresos, así como las distintas asignaciones por ministerios y organismos de la administración pública. Esos son los recursos de todos los venezolanos, dedicados, en teoría, a las inversiones necesarias para el desarrollo en todas sus facetas.
Todas las decisiones que derivan de la aprobación presupuestaria son alteradas desde el momento de su aprobación. El presupuesto es elaborado de acuerdo con unas premisas que lo hacen artificial. Entre ellas está el precio de referencia del barril de petróleo. Se fija en el valor mínimo. Luego de comenzado en año del presupuesto se “ajusta” el valor del barril y todos los ingresos son denominados “extraordinarios”, y como tales quedan bajo la potestad del gobierno, el cual burla descaradamente las disposiciones para la asignación de esos recursos a los gobiernos de los estados y municipios. Para el año actual, alrededor de 80 mil millones de Bs. F. han sido aprobados hasta la fecha en créditos adicionales. Como resultado ya se tiene un aumento de 40% sobre el monto presupuestado.
Los efectos de estas manipulaciones son perversos para la marcha de la economía y de la administración del gobierno. El incumplimiento de las metas y premisas presupuestarias abulta la crisis de credibilidad en un agente tan fundamental para la economía como es el gobierno. La discrecionalidad en el manejo de los recursos y el incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, afecta las percepciones de otros agentes. Al final del día, nadie cree en la palabra de la Ley de Presupuesto, comenzando por el gobierno. No puede esperarse que en esas condiciones se puedan revertir los desequilibrios económicos, para lo cual es clave el orden y disciplina gubernamental. A la vista están los deterioros en la marcha económica de la República.
Otra distorsión muy dañina es la variabilidad en los ingresos de las dependencias de la administración pública. Nadie sabe ni cuánto será el presupuesto final realmente asignado, ni mucho menos cuándo se hará efectiva. Cada gerente público debe acostumbrarse a lidiar con una gran dosis de incertidumbre. Los impactos negativos en el desempeño y en los resultados en servicios para los ciudadanos no se hacen esperar. Todo es agravado porque esta lógica perversa afecta a los gobiernos de estados y municipios, así como al resto de la administración descentralizada.
Al siguiente año fiscal se repite el ciclo. No puede extrañar, entonces, que las deficiencias de la gestión gubernamental sean tan evidentes. De la farsa presupuestaria sólo queda el malestar de los ciudadanos y el deterioro de la calidad de vida.
Politemas, Tal Cual, 31 de agosto de 2011
Todas las decisiones que derivan de la aprobación presupuestaria son alteradas desde el momento de su aprobación. El presupuesto es elaborado de acuerdo con unas premisas que lo hacen artificial. Entre ellas está el precio de referencia del barril de petróleo. Se fija en el valor mínimo. Luego de comenzado en año del presupuesto se “ajusta” el valor del barril y todos los ingresos son denominados “extraordinarios”, y como tales quedan bajo la potestad del gobierno, el cual burla descaradamente las disposiciones para la asignación de esos recursos a los gobiernos de los estados y municipios. Para el año actual, alrededor de 80 mil millones de Bs. F. han sido aprobados hasta la fecha en créditos adicionales. Como resultado ya se tiene un aumento de 40% sobre el monto presupuestado.
Los efectos de estas manipulaciones son perversos para la marcha de la economía y de la administración del gobierno. El incumplimiento de las metas y premisas presupuestarias abulta la crisis de credibilidad en un agente tan fundamental para la economía como es el gobierno. La discrecionalidad en el manejo de los recursos y el incumplimiento de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, afecta las percepciones de otros agentes. Al final del día, nadie cree en la palabra de la Ley de Presupuesto, comenzando por el gobierno. No puede esperarse que en esas condiciones se puedan revertir los desequilibrios económicos, para lo cual es clave el orden y disciplina gubernamental. A la vista están los deterioros en la marcha económica de la República.
Otra distorsión muy dañina es la variabilidad en los ingresos de las dependencias de la administración pública. Nadie sabe ni cuánto será el presupuesto final realmente asignado, ni mucho menos cuándo se hará efectiva. Cada gerente público debe acostumbrarse a lidiar con una gran dosis de incertidumbre. Los impactos negativos en el desempeño y en los resultados en servicios para los ciudadanos no se hacen esperar. Todo es agravado porque esta lógica perversa afecta a los gobiernos de estados y municipios, así como al resto de la administración descentralizada.
Al siguiente año fiscal se repite el ciclo. No puede extrañar, entonces, que las deficiencias de la gestión gubernamental sean tan evidentes. De la farsa presupuestaria sólo queda el malestar de los ciudadanos y el deterioro de la calidad de vida.
Politemas, Tal Cual, 31 de agosto de 2011
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