Luego de quince años de gobierno sectario, autosuficiente y prepotente, es bastante llamativo que el ministro encargado de la protección de la vida de los venezolanos, haya convocado reuniones con gobernadores y alcaldes para impedir que sigan ocurriendo las 25.000 muertes por violencia que tenemos cada año. Se debe reconocer la iniciativa del ministro, así como su interés en que el trabajo de las instancias involucradas tenga éxito.
Es evidente que un problema como la inseguridad requiere que toda la sociedad se incorpore. Pero especialmente el gobierno nacional, el cual tiene la potestad y los recursos que permiten convocar al resto de los poderes y niveles de gobierno para enfrentar el primer problema que angustia a todos los ciudadanos. De manera que la disposición a buscar caminos y establecer pautas para la labor de cada instancia responsable, debe ser reconocida. Es también muy claro que todos los funcionarios que cumplen funciones de resguardo de los ciudadanos, como son los gobernadores y alcaldes, están en la obligación de atender la convocatoria del gobierno nacional. Para preservar los derechos de los ciudadanos, estos funcionarios debe prestar todo su concurso, y colocar todos los recursos a su alcance para que se logren los objetivos. Es una responsabilidad que deben asumir.
Lo lamentable, por supuesto, es que los venezolanos no hayan tenido en quince años esta posibilidad. Es decir, la más básica norma de un Estado democrático es que todos los responsables trabajen mancomunadamente. La arrogancia del poder impidió esta modalidad de trabajo conjunto. Como consecuencia, las calles se convirtieron en sitios de indefensión para los ciudadanos. La ausencia de diálogo dejó que creciera la violencia hasta las proporciones escandalosas de los últimos años. Es por ello que el diálogo y el trabajo conjunto será efectivo solo cuando tenga impacto en la reducción del delito, de manera sistemática y en proporciones significativas. Ese debe ser el norte de la gestión pública en esta materia.
También llama la atención que este esfuerzo sea tan localizado. Que se circunscriba solamente a este problema público. Porque también en muchas áreas se requiere que se pueda trabajar en conjunto, es decir, los diferentes niveles de gobierno, los trabajadores, los empresarios y emprendedores, las universidades, los medios de comunicación, entre otros actores. Los problemas de la producción nacional, así como sus efectos en la escasez, y todas las restricciones a una economía que funcione, ameritan también procesos de diálogo. En los cuales se oiga con detalles las penurias que pasan todos los productores en una economía altamente controlada. Y se podría extender a otros problemas, tales como la educación, la salud, las universidades, solo por decir algunos. El diálogo no puede ser parcial y acomodaticio. No puede tener dos caras.
Politemas, Tal Cual, 5 de febrero de 2014
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