La cobertura universal se ha convertido en el principal objetivo de los sistemas de salud del mundo. En aquellos países que han alcanzado un alto nivel de desarrollo, lo fundamental es mantener la alta cobertura especialmente ante el aumento de la expectativa de vida, y los costos crecientes de la atención a la salud. En los países de menor desarrollo es mucho más complicado. Se trata de alcanzar la cobertura universal en un escenario más difícil desde el punto de vista económico, y con las mismas tendencias en cuanto al envejecimiento de la población y el aumento de las inversiones requeridas.
De allí que alcanzar la cobertura universal de salud supone tanto la prestación de servicios como garantizar que todas las familias cuenten con la protección financiera para sufragar los costos. Es por ello que la protección financiera de las familias se convierte en un eje central de la cobertura universal de salud. Se trata de evitar que las familias deban asignar una proporción muy alta de los ingresos para los servicios de salud, así como impedir que en algunas circunstancias se afecte de manera permanente la sostenibilidad económica del hogar. Dada las características de la prestación de servicios de salud, el rol de los gobiernos, a través de la asignación de recursos públicos, se convierte en un requisito clave para alcanzar la cobertura universal salud.
En este contexto es totalmente dramática la situación de desprotección financiera que afecta a las familias venezolanas. De acuerdo con los últimos datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2014, casi el 65% del gasto en salud en Venezuela fue realizado por las familias, con lo cual se convierte en el gasto de bolsillo más alto de América. Los mismos datos señalan que el gasto de bolsillo en Venezuela es uno de los más altos del mundo.
Datos obtenidos a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por especialistas de la UCV, UCAB, USB en 2016, indican que 63% de la población no cuenta con un plan de seguros de salud. Esta cifra representa un aumento de 10% con respecto a la obtenida en ENCOVI 2015. Más aún, cuando se toma en cuenta el nivel de recursos de las familias, se constata que la falta de plan de seguro de salud alcanza casi al 90% de la población en el estrato social de menores recursos. También se constata que el 20% de la población en uno de los estratos de mayores de recursos perdió la cobertura de seguro de salud entre 2015 y 2016.
Los datos anteriores confirman una terrible tendencia: Venezuela ha experimentado la mayor privatización de la salud que se ha producido en América en el siglo XXI. Esta tendencia está acompañada por uno de los gastos de salud per cápíta del gobierno más bajos de América (solo superado por Haití y Guatemala). Es por ello que la desprotección financiera de salud de los venezolanos es la mayor en América. No hay forma de negarlo.
Politemas, Tal Cual, 29 de marzo de 2017
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