sábado, 2 de mayo de 2026

El Banco Mundial ante los enigmas sobre Venezuela

La noticia fue anunciada el mismo día, 16 de abril. En las respectivas notas de prensa, el FMI y el Banco Mundial (BM) informaban sobre la reanudación de las relaciones con Venezuela. La decisión estaba en el ambiente desde el 3 de enero.

El control ejercido desde ese día por el gobierno de Estados Unidos fue el factor predominante. El FMI revirtió la decisión de 2019 por la cual dejaba de reconocer al gobierno de Venezuela. La reanudación de relaciones es la expresión directa de que el FMI reconoce en todo rigor al gobierno de Venezuela, como está explícito en la nota de prensa.

Es posible imaginar la reacción de los funcionarios del FMI y el BM ante la reanudación de relaciones. Significa en la práctica que un país que estaba fuera del radar formal de ambas instituciones se convierte ahora en un área de especial atención. Tanto por las condiciones propias del país como por sus evidentes nexos con la situación global.

La última revisión de las políticas económicas de Venezuela fue realizada por el FMI en septiembre de 2004. El último préstamo del Banco Mundial fue aprobado en 2005. Prácticamente una generación de funcionarios de estos organismos no ha tenido contacto con Venezuela. Es un desconocimiento inmenso. Es en este punto donde comienzan los enigmas. Los que pueden tener los funcionarios que se relacionarán con Venezuela por parte de ambos organismos.

El primer enigma está asociado con la credibilidad de la solicitud. Después de décadas de críticas y rechazos al FMI y el BM, en muchas ocasiones desconsiderados, aparece el gobierno de Venezuela con nuevos propósitos. ¿Cómo creer en estos propósitos si el origen responde evidentemente a la influencia de EEUU? ¿Cómo pensar que existe un verdadero interés en cooperar para que mejoren las condiciones de Venezuela? ¿Será posible que los desencuentros de décadas den paso a francas relaciones de cooperación? Son algunas formas de expresar este enigma.

La perspectiva de la cooperación en el FMI y el BM es determinante para que se logren buenos resultados. Si se concibe esta relación como un simple paso para recibir recursos, poco se podrá avanzar. Esto significará que no se percibe con claridad las dimensiones de la profunda crisis que confronta Venezuela.

El FMI y el BM son instituciones de creación de conocimientos. Es verdad que facilitan recursos a los países bajo las condiciones acordadas. Pero también ofrecen acceso a conocimientos, a especialistas experimentados, a innovaciones que están sucediendo en diferentes sitios del planeta. Es el acceso para conocer lo que funciona, lo que no funciona en ninguna parte, lo que funciona en algunos sitios en específicas condiciones, y lo que podría funcionar si se siguen algunas pautas. Venezuela necesita todo ese conocimiento. Se puede nutrir de todo ese cúmulo de experiencias. Si se aplica esos conocimientos a los programas y proyectos que requiere Venezuela, podemos cubrir rápidamente la brecha de capacidades que confrontamos en la actualidad.

Otra manifestación de este primer enigma es si efectivamente se comparten los requerimientos generales del desarrollo sostenible. Estos requerimientos incluyen: el desarrollo de una democracia plena con adecuadas políticas públicas, el fortalecimiento de una economía basada en la creación de valor de la mayor complejidad posible, la calidad del bienestar en todas las áreas, y el progreso hacia una sociedad verde que valora y fortalece el ambiente en general, y hacia una sociedad azul que prioriza la protección y diversidad de los océanos y mares. Todos estos requerimientos estarán sobre la mesa cuando los equipos del gobierno de Venezuela y del FMI se siente a explorar las áreas de cooperación. La coincidencia sobre estos requerimientos facilitará los avances, las diferencias bloquearán el camino.

El segundo enigma es consecutivo al anterior. Está vinculado con la capacidad de concretar los siguientes pasos. El primero es el cumplimiento del Artículo IV del Acuerdo del FMI. Esto significa que el gobierno de Venezuela y el FMI convengan las políticas económicas de corto y mediano plazo que facilitarán las mejoras en la calidad crediticia de la República y el acceso a los recursos necesarios para la transformación del país.

La cooperación del gobierno de Venezuela y el BM está precedida por el cumplimiento del Artículo IV. Es el paso necesario para que el BM se concentre en convenir con el gobierno de Venezuela el respectivo Marco de Cooperación, el cual debe contener los acuerdos de mediano plazo que guiarán la cooperación entre ambas partes.

A partir de este convenio se puede proceder con la aprobación de los proyectos específicos que serían apoyados por el BM. Ambas partes deberán examinar las razones por las cuales de los 21 proyectos acordados por el gobierno de Venezuela y el BM después del año 2000, solo 4 fueron aprobados. La gran mayoría fueron retirados por el gobierno de Venezuela luego de alcanzar la fase de preparación.

Dentro de este enigma están también las restricciones de información para el diseño de políticas y programas. El BM publicó el último análisis sobre el vínculo entre crecimiento económico y la protección social en Venezuela hace un cuarto de siglo (2001). El último análisis del perfil de la economía venezolana fue publicado en 2019.

Si los equipos del BM revisan las cifras disponibles sobre Venezuela constatarán en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) los siguientes aspectos: el último censo nacional se realizó hace 15 años, los últimos datos de nacimientos corresponden a 2017, las encuestas de hogares para analizar la fuerza de trabajo no están disponibles, los datos de pobreza deben recalcularse con las recomendaciones hechas por las CEPAL hace más de una década. Por cierto, la última medición de las condiciones de vida utilizando una encuesta por muestreo por un organismo oficial se realizó hace 33 años (1993), bajo la responsabilidad de la Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), antecesora del INE, justamente con recursos del Proyecto de Desarrollo Social (PDS), primer proyecto social en la historia del país cofinanciado por el BM.

Los enigmas anteriores deben disiparse para que Venezuela puede establecer la siguiente etapa de cooperación con el BM. En esta etapa se podrían concretar proyectos para enfrentar los efectos de la emergencia humanitaria compleja que confronta el país desde hace más de diez años; las brechas de calidad y cobertura en los servicios de salud y educación; las extraordinarias restricciones de la infraestructura de electricidad, agua y saneamiento, transporte, y telecomunicaciones; las debilidades del sistema de protección social; las brechas institucionales del sistema nacional de innovación; y los desafíos para convertir a Venezuela en una sociedad verde y azul, entre otras prioridades.

En este panorama es bastante evidente que el paso catalizador en la realización de la consulta del Artículo IV del FMI. Mientras eso sucede, parece una buena idea que tanto el gobierno de Venezuela como el BM anticipen los siguientes pasos. Esto significa que empiecen a preparar las propuestas de estrategias generales, políticas públicas, programas y proyectos, que darán contenido a estos acuerdos de cooperación. Es la mejor vía para que los beneficios de estos acuerdos lleguen lo más pronto posible a los millones de familias que los requieren en el país. De eso se trata, al principio y al final.

Politemas, Tal Cual, 29 de abril de 2026

Avances y retrocesos de la democracia en América Latina

El último informe del proyecto “Variedades de Democracia” (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, no deja ninguna duda. La democracia experimenta una mala época en el contexto global. De acuerdo con el informe, publicado el mes pasado con datos hasta 2025, solo el 7% de la población mundial vive en países con democracias liberales. En 2005 la proporción era 17%.

El Índice de Democracia Liberal (IDL), medida agregada propuesta por (V-Dem) para comparar democracias, tiene dos componentes: el Índice Electoral (IE), y el Índice del Componente Liberal (ICL). El primer componente incorpora los siguientes aspectos: libertad de expresión, libertad de asociación, proporción de la población adulta con sufragio, elecciones transparentes, y elección de gobernantes. El segundo componente se estima tomando en cuenta los siguientes aspectos: igualdad ante la ley, contrapesos judiciales al poder ejecutivo, y contrapesos legislativos al poder ejecutivo. El IDL varía entre 0 (valor mínimo, compatible con el mayor nivel de autocracia) y 1 (valor máximo compatible con el mayor nivel de democracia plena).

En el gráfico se muestran los valores del IDL correspondientes al año 2025 en los 20 países de América Latina. También se incluye a Dinamarca (país con el mayor valor del IDL), y a Corea del Norte (país con el menor valor, compartido con Eritrea). En 2024 se había constatado que 11 países de la región habían experimentado reducciones en el IDL. En esta última medición (2025) el número de países que registraron reducción de IDL es 7. A continuación revisamos cada uno de los cuatro grupos de países conformados de acuerdo con el valor del IDL.

América Latina: Índice de Democracia Liberal (IDL)

por países, 2025

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem), Informe anual 2026

En el primer grupo están los países considerados como democracias plenas en la región (Costa Rica, Uruguay, y Chile). Estos países tienen un IDL superior a 0,75. En 2025 se registró un aumento del IDL en Costa Rica y Uruguay. En el caso de Uruguay este aumento le permitió ascender al segundo lugar después de Costa Rica. Los tres países se encuentran en el grupo de los primeros 20 países a escala global de acuerdo con el IDL (Costa Rica es el número 8).

El segundo grupo corresponde a los países con IDL entre 0,50 y 0,74. En este grupo se encuentran siete países: Brasil, Panamá, Colombia, Argentina, Guatemala, Perú, y República Dominicana. Esto significa que tres países ingresaron a este grupo en 2025 (Guatemala, Perú, y República Dominicana). El aumento del IDL (0,05) de República Dominicana es el mayor reportado en la región. El ingreso de Guatemala en este segundo grupo de países se produjo en dos años (un aumento de 0,19 en el IDL en ese período). También es relevante la reducción de IDL registrada para Argentina (0,03), la segunda de la región similar a la de México.

En el tercer grupo están los cinco países que tiene un IDL entre 0,20 y 0,49: Ecuador, Paraguay, Honduras, Bolivia, y México. Llama la atención en este grupo la reducción del IDL en Ecuador (0,06), la más alta reducción en la región, así como la de México (0,03), la segunda de la región junto con la de Argentina. También destaca como nota positiva el aumento del IDL en Bolivia (0,04), el segundo de la región.

El cuarto grupo está conformado por los cinco países con IDL inferior a 0,20. Estos países son: Cuba, El Salvador. Haití, Nicaragua y Venezuela. El único país del grupo que mejoró ligeramente fue Haití, al pasar de 0,08 a 0,10 en el IDL. Venezuela fue el único país que registró una reducción del IDL (de 0,05 a 0,04).

El balance en la evolución del IDL muestra avances en la región. Entre ellos el aumento del número de países en el segundo grupo (de 4 a 7 países), y las mejoras en Guatemala, Perú, y República Dominicana. También se deben destacar el aumento del IDL en Bolivia (en el tercer grupo). En los retrocesos destacan los casos de Argentina, México, y Ecuador, así como la persistencia de las autocracias en los países del cuarto grupo.

Es notorio que los avances en las democracias exigen acuerdos y planes de acción sistemáticos. De allí que se requiera mucho esfuerzo para coordinar acciones, y continuidad en las reformas. A diferencia de otras regiones del mundo, los avances en América Latina, aunque limitados, son auspiciosos. Esperemos que existan cada día menos retrocesos y que los progresos sean más rápidos. Definitivamente la región requiere democracias más consolidadas y efectivas.

Politemas, Tal Cual, 22 de abril de 2026

Todos los boletines y todos los anuarios, para empezar

La semana pasada se conoció que el Ministerio del Poder Popular para la Salud había reanudado la publicación del Boletín Epidemiológico en su sitio web. La publicación del boletín había sido suspendida, siendo el último número conocido hasta la semana pasada el correspondiente a la última semana de 2016. Esto significa que durante casi una década no se dispuso de información regular y completa sobre las enfermedades de notificación obligatoria en Venezuela.

El Boletín Epidemiológico fue iniciado en 1938 al crearse la División de Epidemiología y Estadística Vital en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (MSAS), bajo la coordinación del Dr. Darío Curiel Sánchez. Esta publicación se originó en la necesidad de conocer en detalle la incidencia de las enfermedades en el territorio nacional para responder rápidamente con medidas de prevención y control.

La información del boletín es útil tanto para la toma de decisiones por parte de los responsables de los organismos de salud como para la población en general. Tener información de calidad y de manera perentoria es el primer requisito para tener éxito en la prevención y control.

Que el país haya pasado la última década sin información regular sobre enfermedades como malaria, dengue, tuberculosis, entre otras, ha sido una limitación inmensa para enfrentar con efectividad los riesgos a los que está expuesta la población. El reinicio de la publicación del Boletín Epidemiológico debe continuarse con la revisión de las políticas específicas que se implementan o se deben implementar para cada una de estas enfermedades.

La obtención y sistematización de datos en cualquier área de políticas públicas es una tarea exigente, detallada, que consume mucho tiempo y esfuerzo. Detrás de cada uno de los boletines semanales, con sus gráficos y tablas, está el trabajo de las personas responsables de incluir los datos en una planilla para después transferirlos a bases de datos, y luego proceder con los análisis y diagramación. Es un trabajo realizado muchas veces en la mayor discreción, pero de inmensa utilidad. Es importante reconocer el profesionalismo y dedicación de los equipos técnicos encargados de estas tareas, en las cuales el país llegó a estar en la delantera en América Latina y el Caribe en la segunda mitad del siglo pasado.

La reanudación de la publicación del Boletín Epidemiológico debería verse como un primer paso. Que debe continuarse en varios frentes. El primero de ellos es facilitar un mejor acceso a los boletines en el sitio web. Quizás creando una sección aparte que sea más visible. El segundo paso sería incluir todos los boletines del año en curso (el primer boletín disponible corresponde a la semana del 22 al 28 de marzo).

De acuerdo con la información del último boletín (de la semana del 29 de marzo al 4 de abril), tenemos detalles relevantes sobre la situación de las enfermedades notificables que eran desconocidos para la población general y analistas hasta hace pocas semanas. Por ejemplo, las dosis de vacuna contra fiebre amarilla (VFA) administradas en cada una de las trece semanas epidemiológicas transcurridas en 2026, el número de casos y muertes por fiebre hemorrágica venezolana (FHV) ocurridos en los estados Barinas y Apure, y el número de casos de malaria (26.903) acumulados en 2026. Cada uno de estos datos tiene implicaciones para las intervenciones de salud pública respectivas.

La publicación de los boletines debería continuar con la correspondiente a todos los números elaborados (pero no publicados) entre 2017 y 2026. De esta forma se tendría toda la información histórica, de especial relevancia para conocer patrones en la incidencia de las enfermedades notificables. También sería prioritario incluir en el sitio web todos los boletines digitales publicados antes de diciembre de 2016 (ya estuvieron disponibles en el sitio web). Y debería completarse el acceso a todos los boletines desde el primero publicado en 1938, procediendo con la digitalización de cada uno de ellos. Así estarían disponibles, año por año y semana por semana, todos los boletines publicados.

También se debería actualizar la publicación de los anuarios que elabora el ministerio. Al menos tres de estos anuarios son de gran importancia para el seguimiento de las políticas de salud. El primero es el Anuario de Mortalidad en el cual se incluyen todas las defunciones ocurridas en el país en un año dado clasificadas por entidad geográfica, grupos de edad, causa, entre otras características. El último anuario disponible en el sitio web es del año 2014 (aunque se publicó el de 2016, más no el de 2015). En el caso del Anuario de Natalidad el último publicado es el correspondiente al año 2014, y en el del Anuario de Morbilidad el último publicado fue en 2013.

Completar la disponibilidad de boletines y anuarios es un paso fundamental para contar con la información histórica que permita analizar la situación en cada uno de los múltiples problemas de salud de la población en Venezuela. De esta forma se podrían identificar los éxitos y limitaciones de las respectivas políticas de salud.

Estos pasos en la mejora de la disponibilidad de información podrían continuarse con la puesta en marcha de instrumentos más frecuentes para la medición de las condiciones de salud, como pueden ser encuestas por muestreo, aplicaciones digitales con información en tiempo real, digitalización de historias clínicas, entre otras posibilidades. Esperemos que contar con mejor calidad de información sobre la salud de la población sea cada día una situación más frecuente.

Politemas, Tal Cual, 15 de abril de 2026

El mito de estabilizar sin datos sobre las condiciones de vida

Venezuela inició el segundo trimestre bajo el control de Estados Unidos. Es un hecho categórico. Hasta la fecha no existe un cronograma acordado entre los actores políticos para una transición inclusiva a la democracia. Mucho menos un acuerdo de gobernabilidad que permita una transición exitosa. Es decir, nada concreto sobre la tercera etapa del plan de EEUU para Venezuela.

Con este escenario quizás lo mejor es comenzar por el principio. Esto es, la llamada fase de estabilización. Esta fase, al menos en lo que ha sido explicado por los voceros de EEUU, no considera la situación de emergencia humanitaria compleja en la cual se encuentra Venezuela desde hace más de diez años. Se trata de una estabilización en la que no están incluidas las condiciones de vida de los millones de familias afectadas por el deterioro social y económico de los últimos 27 años en Venezuela.

Es bastante obvio entonces que el plan de EEUU se refiere a otra estabilización. En primer lugar, a la estabilización política, y, luego, a la estabilización de las condiciones en las cuales participa Venezuela en el mercado energético global. Los hechos indican que en estas visiones de la estabilización los avances son notorios.

Todo lo cual nos lleva al problema de fondo: el que confrontan las familias venezolanas en la vida cotidiana. Y que se traduce en dificultades severas para disponer de la ingesta requerida de alimentos, para tener acceso a los servicios básicos, y a las posibilidades de un trabajo productivo. En esta visión de la estabilización nada parece haber cambiado. Ni el gobierno interino, ni el gobierno de EEUU expresan alternativas de políticas para enfrentar esta situación.

Asumamos por un momento que la evolución de la emergencia humanitaria compleja sea tomada en cuenta por ambos gobiernos (el interino y el que controla al interino). Un poco de optimismo puede ayudar. Esto significaría que existe la voluntad política de implementar políticas adecuadas para enfrentar la emergencia.

Entonces, en ese justo momento, aparecerá de bulto el inmenso deterioro institucional que ha experimentado el país para saber lo que sucede con las personas, sobre las condiciones concretas de su vida cotidiana.

Una revisión del sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) es útil para tener detalles sobre este deterioro institucional. En primer lugar, justo en la página inicial del sitio web, se indica que las estadísticas comienzan en 1999. Como si fuera posible desaparecer por capricho todo el desarrollo de las estadísticas públicas venezolanas de la segunda mitad del siglo XX. Como si se pudiera tapar el sol con un dedo.

Es tan difícil borrar la historia que en el mismo sitio web (en la sección de “estadísticas”), de los pocos documentos disponibles, están publicaciones previas a 1999. Estas son: (1) el mapa de pobreza publicado en 1993 elaborado con los datos del Censo Nacional de 1990 (cuando los censos nacionales se hacían cada 10 años), y (2) la recopilación de las encuestas de hogares por muestreo elaboradas entre 1967 y 1997 por la Oficina Central de Estadística e Informática OCEI), predecesora del actual INE, una de mejores encuestas de hogares de América Latina en esa época.

De manera que el mapa de pobreza disponible en la actualidad en el sitio web de la institución responsable de las estadísticas oficiales fue elaborado con datos de 36 años atrás. Tampoco están disponibles las encuestas de hogares por muestreo que permiten conocer la evolución del mercado de trabajo (antes era posible solicitarlas para el análisis por parte de universidades y centros de investigación). En un compendio de indicadores se pueden encontrar datos de la encuesta de hogares de 2023, pero sin acceso a los datos. No se dispone tampoco de una encuesta nacional de condiciones de vida bajo responsabilidad de las instituciones públicas.

El balance no puede ser más decepcionante. Tanto el gobierno interino como el gobierno de EEUU no muestran fuentes oficiales para identificar las brechas de atención de la población venezolana en la actualidad. Pueden estar completamente perdidos. Afortunadamente, se puede contar con la experiencia de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación que han desarrollado múltiples iniciativas para realizar el seguimiento de la situación social de las familias. Pero es bastante claro que esta es una responsabilidad fundamental de las instituciones oficiales.

Quizás sea bueno para estos gobiernos (el interino y el de EEUU) revisar la experiencia de Perú en el seguimiento de las condiciones de vida de las personas. En el sitio web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú se encuentran disponibles todas las encuestas nacionales de hogares (ENAHO) realizadas desde 1997 hasta 2025 (la de 2026 está en curso). Para facilitar el análisis a todos los interesados se pueden obtener directamente los archivos con la base de datos en diferentes formatos. Ojalá la experiencia de Perú se convierta en referencia para ser emulada. Es deseable que parte de los recursos que se esperan por concepto de los nuevos ingresos petroleros sirva para conocer las condiciones de vida de las familias venezolanas, quizás el mayor valor intangible que tiene un país.

Por todo lo anterior es un completo mito pensar que se puede estabilizar la situación social y económica de las familias venezolanas con estas dos grandes omisiones. La omisión en el diseño de la estabilización (al excluir las condiciones de vida), y la omisión de datos oficiales, de libre acceso para todos los ciudadanos. Para enfrentar exitosamente la gravedad del deterioro en las condiciones de vida se requiere corregir rápidamente estas serias omisiones.

En el curso actual, sin introducir sustanciales correctivos, Venezuela no tendrá estabilización de las condiciones de vida de las familias, y mucho menos recuperación sostenible y transición inclusiva a la democracia. Este es el escenario que se debe modificar.

Politemas, Tal Cual, 9 de abril de 2026