Venezuela inició el segundo trimestre bajo el control de Estados Unidos. Es un hecho categórico. Hasta la fecha no existe un cronograma acordado entre los actores políticos para una transición inclusiva a la democracia. Mucho menos un acuerdo de gobernabilidad que permita una transición exitosa. Es decir, nada concreto sobre la tercera etapa del plan de EEUU para Venezuela.
Con este escenario quizás lo mejor es comenzar por el principio. Esto es, la llamada fase de estabilización. Esta fase, al menos en lo que ha sido explicado por los voceros de EEUU, no considera la situación de emergencia humanitaria compleja en la cual se encuentra Venezuela desde hace más de diez años. Se trata de una estabilización en la que no están incluidas las condiciones de vida de los millones de familias afectadas por el deterioro social y económico de los últimos 27 años en Venezuela.
Es bastante obvio entonces que el plan de EEUU se refiere a otra estabilización. En primer lugar, a la estabilización política, y, luego, a la estabilización de las condiciones en las cuales participa Venezuela en el mercado energético global. Los hechos indican que en estas visiones de la estabilización los avances son notorios.
Todo lo cual nos lleva al problema de fondo: el que confrontan las familias venezolanas en la vida cotidiana. Y que se traduce en dificultades severas para disponer de la ingesta requerida de alimentos, para tener acceso a los servicios básicos, y a las posibilidades de un trabajo productivo. En esta visión de la estabilización nada parece haber cambiado. Ni el gobierno interino, ni el gobierno de EEUU expresan alternativas de políticas para enfrentar esta situación.
Asumamos por un momento que la evolución de la emergencia humanitaria compleja sea tomada en cuenta por ambos gobiernos (el interino y el que controla al interino). Un poco de optimismo puede ayudar. Esto significaría que existe la voluntad política de implementar políticas adecuadas para enfrentar la emergencia.
Entonces, en ese justo momento, aparecerá de bulto el inmenso deterioro institucional que ha experimentado el país para saber lo que sucede con las personas, sobre las condiciones concretas de su vida cotidiana.
Una revisión del sitio web del Instituto Nacional de Estadística (INE) es útil para tener detalles sobre este deterioro institucional. En primer lugar, justo en la página inicial del sitio web, se indica que las estadísticas comienzan en 1999. Como si fuera posible desaparecer por capricho todo el desarrollo de las estadísticas públicas venezolanas de la segunda mitad del siglo XX. Como si se pudiera tapar el sol con un dedo.
Es tan difícil borrar la historia que en el mismo sitio web (en la sección de “estadísticas”), de los pocos documentos disponibles, están publicaciones previas a 1999. Estas son: (1) el mapa de pobreza publicado en 1993 elaborado con los datos del Censo Nacional de 1990 (cuando los censos nacionales se hacían cada 10 años), y (2) la recopilación de las encuestas de hogares por muestreo elaboradas entre 1967 y 1997 por la Oficina Central de Estadística e Informática OCEI), predecesora del actual INE, una de mejores encuestas de hogares de América Latina en esa época.
De manera que el mapa de pobreza disponible en la actualidad en el sitio web de la institución responsable de las estadísticas oficiales fue elaborado con datos de 36 años atrás. Tampoco están disponibles las encuestas de hogares por muestreo que permiten conocer la evolución del mercado de trabajo (antes era posible solicitarlas para el análisis por parte de universidades y centros de investigación). En un compendio de indicadores se pueden encontrar datos de la encuesta de hogares de 2023, pero sin acceso a los datos. No se dispone tampoco de una encuesta nacional de condiciones de vida bajo responsabilidad de las instituciones públicas.
El balance no puede ser más decepcionante. Tanto el gobierno interino como el gobierno de EEUU no muestran fuentes oficiales para identificar las brechas de atención de la población venezolana en la actualidad. Pueden estar completamente perdidos. Afortunadamente, se puede contar con la experiencia de organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación que han desarrollado múltiples iniciativas para realizar el seguimiento de la situación social de las familias. Pero es bastante claro que esta es una responsabilidad fundamental de las instituciones oficiales.
Quizás sea bueno para estos gobiernos (el interino y el de EEUU) revisar la experiencia de Perú en el seguimiento de las condiciones de vida de las personas. En el sitio web del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú se encuentran disponibles todas las encuestas nacionales de hogares (ENAHO) realizadas desde 1997 hasta 2025 (la de 2026 está en curso). Para facilitar el análisis a todos los interesados se pueden obtener directamente los archivos con la base de datos en diferentes formatos. Ojalá la experiencia de Perú se convierta en referencia para ser emulada. Es deseable que parte de los recursos que se esperan por concepto de los nuevos ingresos petroleros sirva para conocer las condiciones de vida de las familias venezolanas, quizás el mayor valor intangible que tiene un país.
Por todo lo anterior es un completo mito pensar que se puede estabilizar la situación social y económica de las familias venezolanas con estas dos grandes omisiones. La omisión en el diseño de la estabilización (al excluir las condiciones de vida), y la omisión de datos oficiales, de libre acceso para todos los ciudadanos. Para enfrentar exitosamente la gravedad del deterioro en las condiciones de vida se requiere corregir rápidamente estas serias omisiones.
En el curso actual, sin introducir sustanciales correctivos, Venezuela no tendrá estabilización de las condiciones de vida de las familias, y mucho menos recuperación sostenible y transición inclusiva a la democracia. Este es el escenario que se debe modificar.
Politemas, Tal Cual, 9 de abril de 2026
No hay comentarios:
Publicar un comentario