martes, 30 de diciembre de 2025

La OEA y el colapso de la democracia en Venezuela

La semana pasada, en la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales organizada por la OEA en Asunción, Paraguay, el secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de este organismo, Francisco Guerrero, señaló: “el sistema democrático en Venezuela colapsó”. Se refería a que la falta de transparencia en la elección presidencial del 28 de julio era el desencadenante del colapso de la democracia. El resultado electoral, al ser contrario a lo expresado por la voluntad popular, según el secretario Guerrero, tiene esa consecuencia.

El argumento señalado es relevante. Si no existe transparencia electoral, ergo, no puede existir democracia. Pero el argumento contrario, esto es, sin democracia funcional no puede haber transparencia electoral, también tiene entidad. Desde esta última perspectiva, el colapso de una democracia antecede a la máxima falta de transparencia electoral. Es decir, el colapso de la democracia conlleva al cese de la transparencia electoral, lo cual no hace sino profundizar dicho colapso.

Todo lo cual lleva a analizar si efectivamente ese colapso se había producido en Venezuela, y también su duración. A través del programa de investigación “Variedades de Democracia” (V-Dem), desarrollado desde hace varias décadas por la Universidad de Gotemburgo, Suecia, se pueden obtener evidencias sobre la evolución de la democracia a escala global. Toda la información sobre este programa se encuentra disponible en el respectivo sitio web.

En el gráfico se muestra la evolución del Índice de Democracia Liberal (IDL) de Venezuela entre 1959 y 2023 (último año disponible), según las estimaciones de V-Dem. Se puede apreciar que después de haber tenido Venezuela un alto valor del IDL entre 1959 y 1998, uno de los más altos en América Latina, a partir de 1999 la tendencia es sistemáticamente decreciente. Según el último informe de V-Dem, Venezuela empezó a ser considerada una autocracia desde el año 2002, es decir, hace 22 años.

También se puede apreciar que la caída inicial en el IDI (entre 1999 y 2000), producto de los cambios institucionales que repercutieron en la pérdida de capacidades democráticas que se tenían para 1998, fue seguida de progresivos deterioros en libertad de expresión, libertad de asociación, elecciones transparentes, elección de gobernantes, así como en las restricciones a la igualdad ante la ley, en los contrapesos judiciales al poder ejecutivo, y en los contrapesos legislativos al poder ejecutivo. Todos estos factores son considerados en la metodología para calcular el IDL por parte de V-Dem.

Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL)
1959-2023
Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

Estas evidencias indican que el colapso de la democracia en Venezuela ha sido un proceso largo y sostenido. La pérdida sistemática de capacidades democráticas se expresa en amplias dimensiones de la vida social. Hasta el punto de que las exigencias de transparencia electoral manifestadas por la comunidad nacional e internacional en la elección presidencial del 28 de julio indican justamente el nuevo nivel de deterioro de esas capacidades.

La implicación práctica de que el colapso democrático se produjo hace más de 20 años es que las alternativas para la redemocratización deben identificarse específicamente a partir de ese reconocimiento. Es decir, si se parte de la premisa de que el colapso de la democracia se produjo hace apenas un mes, las opciones de políticas son completamente diferentes. Está visto que estas diferentes perspectivas afectan tanto a actores nacionales como internacionales. Las discrepancias en la definición del inicio y causas del colapso de la democracia de Venezuela explican en gran medida las notorias dificultades para la redemocratización del país.

Politemas, Tal Cual, 28 de agosto de 2024

OEA: el respeto al principio de la soberanía popular

El viernes pasado, 16 de agosto, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso una resolución sobre la situación generada en Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio. La resolución es un reflejo de los acuerdos de la comunidad americana sobre los preocupantes acontecimientos en Venezuela.

Destaca la resolución el compromiso de los Estados Miembros por la defensa de la democracia, los derechos humanos, y el respeto del derecho internacional. Se recalca al mismo tiempo lo señalado en la Carta Democrática Interamericana sobre la significación del ejercicio de la democracia representativa como fundamento del Estado de Derecho. Destaca también la resolución la preocupación por las irregularidades y la violencia generada posteriormente a la elección presidencial del 28 de julio.

Luego de reconocer la gravedad de la situación en Venezuela, el Consejo Permanente acuerda resoluciones con el propósito de priorizar los aspectos que deben tomarse en cuenta en la presente coyuntura. La primera resolución es el reconocimiento a la participación del electorado en el día de la elección. Este aspecto es de especial relevancia porque contrasta con las irregularidades y la violencia que se han presentado en los días posteriores.

Por esta razón la segunda resolución de la OEA insiste en el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Se destaca la urgencia de garantizar el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias. También se reitera el derecho de las personas a no ser sometidas a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a los juicios imparciales. La OEA hace un llamado a los actores políticos y sociales para que contribuyan en la construcción de una salida pacífica a la crisis, así como a la protección de las sedes diplomáticas por parte de las autoridades.

Con respecto al proceso de votación, la OEA insiste en la protección y preservación de los equipos utilizados en la elección, incluyendo las actas y resultados impresos. De manera explícita la OEA insta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que publique de manera expedita (luego de casi 20 días después de la elección) las actas con el resultado de la votación, y que respete “el principio fundamental de la soberanía popular” a través de la “verificación imparcial de los resultados”.

Es altamente significativa la amplitud de los consensos manifestados por la OEA, con especial relevancia de aquellos que ponen el acento en la valoración de la decisión de los ciudadanos, como expresión indeclinable de la soberanía popular. Estas coincidencias deben estar en la base de las soluciones para la actual crisis en Venezuela.

Politemas, Tal Cual, 21 de agosto de 2024

Unión Europea: la voluntad del pueblo debe respetarse

La situación de Venezuela después de la elección presidencial del 28 de julio ha sido de especial preocupación para la Unión Europea. La primera declaración del Alto Representante Josep Borrell se produjo el 29 de julio. En esta declaración se indicó taxativamente: “la voluntad del pueblo venezolano debe respetarse”. Se hacía también una exhortación al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que actuara con la máxima transparencia en el proceso de tabulación de los resultados.

A renglón seguido, la declaración señaló las numerosos fallas e irregularidades detectadas en la elección, así como la decepción por no haberse aplicado las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2021. De manera enfática la UE expresó preocupación por las detenciones arbitrarias, y la intimidación de miembros de la oposición y de la sociedad civil.

Al día siguiente, 30 de julio, se da a conocer la segunda declaración de la UE. En esta oportunidad establecía la inconveniencia de declarar resultados definitivos cuando no se han podido verificar. Se hace un nuevo llamado a la garantía de la transparencia y la integridad del proceso electoral. Así mismo se demanda al CNE que facilite el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales. Y se indica claramente: “Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos”.

El 4 de agosto, esta vez expresando la posición conjunta de los 27 países de la UE, el Alto Representante anuncia la tercera declaración. Se señala que los informes de las misiones internacionales afirman que la elección presidencial de Venezuela no cumplió con los criterios de integridad electoral aceptados internacionalmente. Se insiste nuevamente en que los resultados anunciados por el CNE el 2 de agosto no pueden reconocerse. La UE propone que se realice la verificación independiente de las actas electorales, por parte de una “entidad internacional de renombre”.

En el mismo texto, al final de la declaración, se señala: “El respeto de la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica”.

A principios de esta semana, en nota aparecida en su blog oficial, el Alto Representante Borrell, expresa: “La solución a este impasse reside en el diálogo, la transparencia, y el respeto a la soberanía y voluntad del pueblo venezolano”. Más adelante señala: “Venezuela está atravesando momentos críticos. La comunidad internacional debe defender el proceso democrático y garantizar las condiciones para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos civiles y políticos”.

Finalmente, el Alto Representante reitera un clamor universal: “Ahora mismo, además de las actas y un diálogo franco para restaurar la democracia, lo más urgente es que las autoridades venezolanas pongan fin y de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión”. Esperemos que el clamor sea atendido a la brevedad.

Politemas, Tal Cual, 14 de agosto de 2024

La clausura de la transparencia electoral en Venezuela

Luego de 36 horas del anuncio del escrutinio de la elección presidencial del 28 de julio, la página web del CNE se encuentra inactiva. No está disponible ninguna información sobre las características de los votos expresados por los ciudadanos en una elección de tanta significación. El sistema electoral, elogiado como el “mejor del mundo”, no permite verificar de manera detallada y abierta la decisión ciudadana.

Los venezolanos han votado de manera directa, secreta y universal desde 1947. Lo han hecho en la mayor variedad de situaciones. Muchas veces aprovechando las limitadas aperturas de gobiernos autocráticos, otras veces en el amplio ejercicio de las libertades. Todo ello ha conformado una cultura electoral, propia, particular, profunda. Hasta el punto de que constituye uno de los rasgos fundamentales de la horizontalidad de la sociedad: un ciudadano, un voto, igual para todos, sin distinción.

Esta cultura electoral es la que explica que después de 25 años de continuado deterioro de la institucionalidad democrática, los venezolanos sigan conservando su apego al voto y a su valor para impulsar cambios. A pesar de las inmensas restricciones que afectaron a millones de venezolanos para votar en esta elección, dentro y fuera del país, aquellos que pudieron ejercerlo acudieron cívicamente a expresar su opinión. Conscientes de que su decisión era importante para contribuir a la decisión colectiva.

Para aquellos que pudieron ejercer su derecho al voto, es fundamental conocer la repercusión en el conjunto de la decisión de la sociedad. Por eso los ciudadanos están acostumbrados a conocer el total de votos por cada uno de los candidatos, la cantidad de votos por centros y por mesas, la magnitud de las diferencias, y también sobre la forma como se expresaron sus vecinos. En la elección presidencial del 28 de julio esto no es posible. El derecho a conocer sobre el voto y sus características no se puede ejercer.

La Constitución de 1999, en el artículo 293, establece que “los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales”. La página inactiva del CNE es una demostración palmaria de que esa responsabilidad no ha sido cumplida, ocasionando perjuicios a los ciudadanos y a la majestad del sufragio. La imposibilidad de verificar el escrutinio anunciado está ocasionando malestar justificado en la población, recriminaciones de países y de organizaciones internacionales, incluso ha traído afectación en las relaciones internaciones del país.

En las últimas horas la alianza opositora ha establecido un sitio web en el que se puede consultar poco más del 73% de las actas de la elección presidencial. El conteo de estas actas indica que el resultado no coincide con el anunciado por el CNE. La comunidad internacional, los medios de comunicación, las organizaciones electorales, y los ciudadanos pueden constatar por su propia cuenta estas diferencias. Coinciden en este momento en el país la falta de transparencia de los órganos públicos, con la apertura informativa para garantizar los derechos de los ciudadanos. Dos estilos muy diferentes en la concepción de la democracia y la institucionalidad republicana.

Politemas, Tal Cual, 31 de julio de 2024

Votar para transitar a la tercera democracia de Venezuela

El próximo 28 de julio será una fecha de especial significación para Venezuela. Están abiertas las posibilidades para que se inicie el tránsito hacia la tercera democracia del país. Las anteriores democracias fueron sucedidas por autocracias. La característica distintiva de estas democracias es la aceptación del sufragio universal, directo, secreto y transparente, como la base de un gobierno alternativo, respetuoso del Estado de Derecho y de las libertades públicas. Cuando desaparecen estas condiciones, los países se convierten en autocracias.

La elección presidencial del 28 de julio se realiza en el contexto de una autocracia. Esta debe ser una constatación ineludible. Los últimos 25 años, desde la elección presidencial de 1998, ocasionaron tal deterioro institucional que Venezuela es considerada actualmente como una franca autocracia (una de las cinco de América Latina, según Variedades de Democracia,V-Dem, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia).

Tampoco se debe perder de vista que las anteriores democracias incubaron condiciones para que se entronizaran autocracias. En palabras de Ricardo Lagos, presidente de Chile entre 2000-2006, la democracia sucumbe cuando se deja de cuidar. El golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948 selló el fracaso de la primera democracia. El balance mixto de la segunda democracia, la iniciada en 1958, expresado en logros en la calidad de la democracia, pero también en restricciones en el bienestar, condicionaron la génesis de la autocracia actual.

Un hecho fundamental debe anotarse. Es la primera vez en la historia que puede darse el inicio de una redemocratización a partir del voto de los ciudadanos. En las anteriores oportunidades (1947 y 1958), las elecciones se produjeron luego de establecerse los acuerdos institucionales para avanzar en democracia. En la actualidad, el voto generar los mecanismos del nuevo tránsito a la democracia.

También debe destacarse que este rol definitivo del voto lo tendrán tanto los que puedan efectivamente ejercer su derecho del sufragio, como aquellos que no lo podrán hacer, fundamentalmente porque han sido excluidos de manera discrecional y arbitraria. Sin embargo, la demostración efectiva del valor del voto como instrumento de redemocratización, expresará con claridad la significación de la decisión de cada ciudadano.

Era deseable que el inicio de este posible tránsito a la redemocratización hubiera sido precedido por la existencia de múltiples acuerdos basados en las lecciones de nuestra propia historia. Estas tareas previas hubieran facilitado la concreción de las próximas etapas, especialmente las que anteceden a la fecha de inicio del nuevo gobierno, 10 de enero de 2025.

Esto significa que en los próximos meses se deberán alcanzar acuerdos fundamentales que permitan que al iniciar el próximo gobierno se informe a los ciudadanos las decisiones que enfrentarán con contundencia la inmensa crisis política, económica y social. Tales decisiones deben tener el mayor nivel de especificidad y viabilidad. Este nivel debe ser compatible con las demandas de cambio de la población.

Estos acuerdos se deben concretar en cuatro áreas. La primera de ellas es la relación con el actual gobierno, en la forma de acordar todos aquellos aspectos que conduzcan a una sustitución prudente y sosegada. Especialmente cuando, a diferencia de las anteriores oportunidades, los adversarios políticos permanecerán ejerciendo amplias funciones dentro del manejo del Estado. Y, finalmente, porque el nuevo tránsito a la democracia supone la aceptación y reconocimiento por parte de todos los actores, con sus similitudes y diferencias. Es la mayor garantía de que esta nueva democracia sea duradera y estable. Este acuerdo configura el amplio espacio de gobernabilidad.

La segunda área de acuerdos está vinculada con el ejercicio del gobierno por multiplicidad de actores políticos intervinientes. Este acuerdo debe manifestarse en la amplitud y espíritu de inclusión, que sea capaz de integrar la mayor variedad de capacidades, y garantizar el máximo de gobernabilidad. Y consecutivo a este acuerdo político se debe concretar un “acuerdo de políticas públicas”, que sea la base de las decisiones que se deben transmitir a los ciudadanos desde el primer día de la gestión del próximo gobierno.

La cuarta área de acuerdos es la que corresponde a la gran variedad de espacios de la sociedad. Es deseable que las organizaciones de la sociedad civil, universidades, sindicatos, gremios, organizaciones empresariales y de emprendedores, iglesias, entre otras, expresen sus aspiraciones en esta nueva esta que se puede abrir, y que consoliden acuerdos que integren esfuerzos en toda la diversidad y complejidad de la vida nacional.

Esta etapa de transición debe fundamentarse en una visión de largo plazo. Que permita proponer y compartir objetivos en todos los ámbitos de la sociedad, basada en los grandes puntos de coincidencia, y que promueva avances sostenidos. Se trata de alcanzar en el menor tiempo posible una democracia plena, una sociedad de la mayor capacidad y diversidad productiva, con los niveles más altos de condiciones de vida, comparable con los mayores logros en el contexto global. Votar es el primer paso para ese tránsito. Hay que trabajarlo, pero es absolutamente posible.

Politemas, Tal Cual, 24 de julio de 2024

El rezago para medir el impacto de políticas públicas

En 2019, con el propósito de mejorar las capacidades de los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD), propuso la denominada Recomendación sobre la Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible.

La Recomendación de la OECD incluye ocho principios para aumentar la coherencia de políticas, a saber: (1) proveer información para la toma de decisiones y ajustar las políticas en función de los potenciales efectos negativos, (2) considerar los efectos de las políticas sobre el bienestar de las personas, (3) incorporar todos los actores relevantes, (4) alinear prioridades y promover la acción coordinada en todos los niveles de gobierno, (5) movilizar la acción integral de los gobiernos hacia el desarrollo sostenible, (6) satisfacer de manera equilibrada las necesidades presentes y las de las futuras generaciones, (7) sacar provecho de las sinergias y beneficios compartidos entre las políticas económicas, sociales y ambientales, y (8) resolver las divergencias entre las políticas, incluyendo aquellas entre las políticas internas y externas de los países. Hasta la fecha, la Recomendación es el único estándar internacional para guiar a los países en la formulación de estrategias y planes de Políticas Coherentes para el Desarrollo Sostenible.

La semana pasada la OECD publicó un documento que revisa la evolución en la implementación de la Recomendación. El propósito del documento es identificar los avances y restricciones en el objetivo de mejorar la coherencia de políticas. La información se obtuvo a través de un cuestionario respondido por los encargados en los países. Se reconoce en el documento los avances promovidos por la Recomendación para apoyar el compromiso político, la visión estratégica, y la participación de múltiples actores. Se hace especial mención a la relevancia de los efectos de las políticas en ámbitos externos, y a las mejoras en las capacidades de coordinación de los gobiernos.

También el documento indica notables restricciones en la implementación de la Recomendación. La primera de estas restricciones es el limitado desarrollo de métodos para estimar e identificar los impactos de las políticas públicas. Se señala en el documento que esta restricción es más significativa cuando se refiere a los impactos externos de las políticas, es decir, cuando intervienen en otras áreas de políticas. También se destaca en este aspecto las brechas para la planificación de políticas, y la integración entre políticas y presupuesto.

La segunda gran restricción mencionada corresponde a las dificultades para definir marcos amplios para la definición de políticas que tomen en cuenta las distintas manifestaciones fuera de su ámbito. Un ejemplo puede estar relacionado con las políticas que afectan la producción en sectores manufactureros con sus implicaciones en ámbitos de salud o ambientales, entre otros. Se destaca en el reporte las dificultades para contar con el apoyo político que subsane esta restricción.

Aunque los hallazgos mencionados se refieren a los países vinculados con la OECD, estas restricciones también son muy frecuentes en América Latina y denotan las brechas que tiene la región para el diseño y seguimiento de políticas públicas, y especialmente, para identificar riesgos en tiempo y espacio, con sus consiguientes exigencias para la calidad de las decisiones. Medir el impacto de políticas públicas parece seguir siendo un área de especial rezago en el contexto global.

Politemas Tal Cual, 17 de julio de 2024

Diez lecciones para la redemocratización de Venezuela

La elección presidencial del 28 de julio es una oportunidad para iniciar la segunda redemocratización de Venezuela. La premisa central de este proceso debe ser la aceptación plena de que el país ha devenido en los últimos veinticinco años en una franca autocracia (una de las cinco de América Latina en la actualidad, según Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia).

Es de especial relevancia examinar en la propia historia del país los aprendizajes que pueden identificarse para la redemocratización. Conviene tener presente las causas que llevaron al fracaso de la democracia el 24 de noviembre 1948, así como las opciones que se tenían para evitar ese desenlace. También es fundamental valorar los resultados de la primera redemocratización, esto es, las implicaciones del Pacto de Puntofijo (1958) para gobernar en coalición, y para las definiciones de las políticas públicas, así como para la calidad de la democracia y el bienestar de los venezolanos. En algunos casos, las lecciones están basadas en lo que se hizo bien, y en otros casos, en lo que se hizo mal, o en lo que ni siquiera se intentó.

Es evidente que la redemocratización de un país es un proceso de largo aliento, que se construye en la medida que se avanza, pero que también requiere conceptualización y estrategia. Antes de iniciar el camino es conveniente tener tareas preparadas. Independientemente de que en la marcha se puedan introducir cambios y ajustes. Ante la posibilidad que se abriría el 28 de julio, convendría tener realizadas las siguientes diez tareas, vale decir, lecciones, esperemos aprendidas, de nuestra propia experiencia democrática:

1. La visión. Conviene plantear a los ciudadanos cuáles son los objetivos de la redemocratización. Explicar con dedicación lo que se puede aspirar, aunque la forma de alcanzarlo lleve tiempo. Explicar requiere comprender las expectativas de los ciudadanos, transmitir la confianza que deriva de la identificación de posibilidades y riesgos. No se trata de reconstruir lo que existía, no se trata de volver al pasado, a todas luces insatisfactorio. Se trata de transformar íntegramente al país.

En el Pacto de Puntofijo la definición de la visión ciertamente fue muy general. Se proponía: la “organización de la Nación venezolana”, “atender en conjunto los intereses perdurables de la Nación”, establecer una “política nacional de largo alcance”. En su discurso de toma de posesión del 13 de febrero de 1959, el presidente Betancourt propone dos dimensiones para valorar el éxito de la nueva etapa que se iniciaba: alcanzar la democracia, y crear bienestar para los ciudadanos.

En la Venezuela de 2024 es posible detallar los alcances de este proceso de redemocratización. En primer lugar, el gráfico muestra la brecha del Índice de Democracia Liberal (IDL) entre Venezuela y los países líderes de América Latina en 2023 (Costa Rica, Chile, y Uruguay). La redemocratización debería tener como objetivo superar esa brecha en el menor tiempo posible. De manera que Venezuela ingrese a la brevedad en el grupo de las democracias plenas de la región.

Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL) comparado con 
países líderes de América Latina en 2023
(1990-2023)
    Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

Para alcanzar la condición de democracia plena, Venezuela debe realizar cambios sustantivos para mejorar la cobertura de la población con derecho a elegir y la transparencia electoral, garantizar la mayor libertad de asociación, y la más amplia libertad de expresión. También se deben implementar modificaciones institucionales y legales para garantizar la igualdad ante la ley, los controles judiciales del poder ejecutivo, y los controles legislativos del poder ejecutivo.

En la dimensión de bienestar también es posible proponer objetivos que sean útiles para guiar las políticas públicas más adecuadas. Sabemos por la experiencia hasta 1998 que el modelo de desarrollo del país no cumplió con las condiciones de sostenibilidad y protección social de un Estado Social y Democrático. Los cambios que se requieren para modificar estos rumbos son aún mayores después de los grandes desequilibrios que se han generado en los últimos veinticinco años.

Transformar estas condiciones requiere una orientación hacia una sociedad que diversifica sus capacidades para producir. Esto es, que es capaz de promover las capacidades individuales y colectivas en un entorno favorable a la innovación y a la calidad productiva. Se trata de dar los pasos hacia una sociedad que agrega valor en todas las áreas.

El gráfico muestra la brecha del Índice de Complejidad Económica (ICE) de Venezuela con respecto a los países líderes de América Latina y a escala global. El ICE es una expresión de la diversificación productiva de los países, tal como es estimado por la Universidad de Harvard. Venezuela es el país con el menor ICE de América Latina. Es evidente que este inmenso rezago es una condición que afecta directamente las posibilidades de generar bienestar sostenible para la población.

Venezuela: Brecha del Índice de Complejidad Económica (ICE) comparado con 
países líderes de América Latina 
y a escala global (1995-2021)
Fuente: Atlas de Complejidad Económica, Universidad de Harvard

La visión alternativa implica que la sociedad acuerde los plazos y características de las políticas públicas que permitan reducir esta inmensa brecha de complejidad económica. La comparación con los países de la región incluidos en el gráfico (todos ellos con ICE positivo) puede ayudar a definir los mejores escenarios para reducir la brecha en el menor tiempo posible. El seguimiento sistemático de los progresos es fundamental para garantizar la sostenibilidad y calidad del desarrollo del país en las próximas etapas. También es prioritario complementar estos dos aspectos (calidad de la democracia, y diversificación productiva) con los objetivos en las condiciones sociales de los venezolanos, expresiones del inmenso deterioro que se ha experimentado en estos veinticinco años.

2. El acuerdo político. Es deseable que antes de la elección presidencial se establezcan las bases del acuerdo político que guiará la redemocratización. En 1958 este acuerdo político, el Pacto de Puntofijo, fue aprobado pocas semanas antes de la elección, y complementado, luego de terminar la campaña electoral, con el programa mínimo de gobierno. Dicho acuerdo fue entre tres partidos: AD, Copei, y URD. El presidente Betancourt se encargaría de explicar al tomar posesión las razones para la exclusión del PCV. En la actual situación de Venezuela la mayor amplitud de actores políticos partidarios de la redemocratización debería ser una condición de alta prioridad.

3. El acuerdo con los adversarios. En 1958 los partidarios de la autocracia habían sido derrocados, algunos salieron del país, y otros no tenían mayor significación política. En la actualidad la situación es completamente diferente. Lo cual hace más exigente la necesidad de acordar la vuelta a la democracia. Pero ello requiere la convicción de parte de los adversarios, fundamentada en la autocrítica, y en el reconocimiento de las profundas distorsiones de la sociedad que se han producido en estos veinticinco años. Sólo en ese reconocimiento será posible explorar acuerdos sostenibles para que la visión compartida de la democracia pueda prosperar. No se trata de regresar a otra tiranía de las mayorías, se trata de convivir en un marco de respeto democrático inclusivo.

4. El acuerdo de la sociedad. En 1958 también se concretaron otros acuerdos. Fue de vital importancia la coincidencia obrero-patronal, el impulso de la Iglesia Católica, la participación de estudiantes y profesores universitarios. La confluencia de estos acuerdos contribuyó a dar solidez a la redemocratización iniciada ese año. En 2024 también son prioritarios los acuerdos de múltiples expresiones de la sociedad (organizaciones no gubernamentales, gremios, sociedades científicas, universidades, iglesias, entre otras). Se trata de alcanzar el mayor nivel de consensos sobre los objetivos y los medios que permitan avanzar en la democracia y en el mayor bienestar de los ciudadanos.

5. El reconocimiento de las elecciones. A diferencia de 1958, ahora existe un amplio consenso en muchos sectores sobre las grandes debilidades del sistema electoral. La aceptación de los resultados electorales por todos los actores es una condición necesaria para dotar al proceso de redemocratización del impulso compartido de la sociedad. En la medida que ese reconocimiento sea más amplio, las posibilidades de acordar los siguientes pasos son también mayores.

6. El Gobierno de Unidad Nacional. Los partidos firmantes de Puntofijo señalaron al Gobierno de Unidad Nacional como el segundo compromiso (el primero era la defensa de la constitucionalidad). Concebían el gobierno como la cooperación entre las “corrientes políticas nacionales” y los “sectores independientes del país”. Tal cooperación es hoy mucho más necesaria. Los tiempos y las exigencias hacen mucho más urgente acometer la tarea de gobernar con el mayor cúmulo de capacidades y talentos.

7. La propuesta programática. En 1958, a pocos momentos de las elecciones del 7 de diciembre, se anunció al país el Programa Mínimo de Gobierno. Dicho programa, ratificado por el presidente Betancourt al tomar posesión el 13 de febrero de 1959, contenía las políticas públicas que guiaron la acción de los gobiernos de Venezuela al menos por dos décadas. En la hora actual es crítico proponer a los ciudadanos las pautas de la acción de gobierno por un tiempo similar, combinando los objetivos para garantizar la máxima calidad de la democracia y el mayor nivel de bienestar. Tal propuesta requiere una visión de mediano plazo y la identificación detallada de las fases por las que transcurrirá la dinámica de la redemocratización.

8. Un plan para la emergencia humanitaria compleja. En 1958 las condiciones sociales y económicas del país eran completamente diferentes a las de 2024. No existía la acumulación de efectos de más de ocho años de emergencia humanitaria compleja, como es la situación actual. Por ello se requiere la propuesta de un plan detallado para atención de esta emergencia para los próximos dos años (al menos). Tal nivel de detalle es de especial importancia para que el conjunto de la población conozca la forma específica de atender estos efectos a partir del 10 de enero de 2025 (fecha de inicio del próximo período constitucional).

9. Un amplio acuerdo de cooperación internacional. Es bastante evidente que para transitar hacia una democracia que garantice bienestar, Venezuela requiere en esta etapa ingentes recursos financieros, provenientes de la cooperación internacional y bilateral, así como de la inversión internacional. Esta no era una situación crítica en 1958. Los arreglos para garantizar que el 10 de enero de 2025 se pueda describir al país las formas específicas a través de las cuales se atenderán estas dificultades, ya deberían estar en marcha. Se trata de informar al país de manera concreta cómo se enfrentarán estas situaciones desde el inicio del próximo gobierno.

10. Un Consejo por la Democracia y el Bienestar. En el Pacto de Puntofijo se creó una Comisión Interpartidista de Unidad encargada del cumplimiento del acuerdo. Al producirse la salida de URD del Pacto, por las diferencias con respecto a la política ante Cuba, tal seguimiento no se realizó, con la excepción de las reuniones regulares entre Betancourt y Caldera. Esta nueva redemocratización exige otra institucionalidad. Podría ser la creación de un Consejo por la Democracia y el Bienestar, dependiente de la Asamblea Nacional, con los equipos humanos y financieros para realizar el seguimiento de la redemocratización, con la obligación de reportar de manera regular sobre los avances y restricciones, y con las competencias para informar a la sociedad y a todos los actores, pero especialmente para exigir los cambios de rumbo que sean necesarios para profundizar en la calidad de la democracia y en el logro del bienestar para toda la población.

Es deseable que Venezuela comience este proceso de redemocratización con estas tareas realizadas, o al menos bastante avanzadas. En la medida que estas enseñanzas de nuestra propia historia sean incorporadas, mucho mejor para facilitar la redemocratización. En caso de tener tareas pendientes, el país estará más expuesto a la incertidumbre y la pugnacidad. No hay nada mejor que prepararse con antelación.

Politemas, Tal Cual, 10 de julio de 2024

Balance de Puntofijo: el bienestar

Los objetivos de la redemocratización de Venezuela iniciada en 1958 fueron propuestos directamente por Rómulo Betancourt al tomar posesión de la presidencia de la república el 13 de febrero de 1959. Al finalizar el discurso, Betancourt señaló: “podemos llevar adelante la empresa de estabilizar un régimen democrático en Venezuela, no sólo garantizador del ejercicio de las libertades ciudadanas sino también eficaz agente creador de riqueza, de cultura y de bienestar general”.

En palabras de Betancourt, la redemocratización debía promover dos grandes objetivos: alcanzar la democracia, y crear bienestar. Los acuerdos requeridos para alcanzar esos objetivos fueron expresados en el Pacto de Puntofijo.

Con respecto al primer objetivo, alcanzar la democracia, los logros fueron sustantivos. Entre 1957 y 1998, Venezuela pasó de ser una de las autocracias más severas a una de las seis democracias más avanzadas de América Latina. Es también muy cierto que al final de ese período existía una brecha con respecto a las democracias líderes de la región. Indicativo de que lo que se imponía era una estrategia orientada a mejorar aún más la calidad de la democracia. Lamentablemente, desde 1999 Venezuela experimentó un sistemático deterioro de la democracia, hasta el punto de convertirse en una de las cinco autocracias que existen en la actualidad en América Latina.

Para analizar el segundo objetivo, crear bienestar, lamentablemente la información disponible, especialmente para la comparación con otros países de la región, es limitada y poco sistematizada. Al contrario de la que existe para analizar la calidad de la democracia, las series históricas completas para el período son escasas, y mucho menos está disponible la agregación de indicadores. Por ejemplo, las fuentes primarias para estimar la proporción de población en situación de pobreza se iniciaron casi veinte años después de 1959. La construcción de indicadores sintéticos del bienestar en el período es una tarea pendiente.

Por estas razones la valoración del bienestar puede hacerse de manera indirecta a través de la revisión de series históricas, con todas las limitaciones citadas. Y dentro de estas series históricas puede ser de especial utilidad aquellas que expresen tendencias con impacto en el curso de las políticas públicas. Es decir, que pudieran constituir señales de alerta sobre la evolución del bienestar.

El crecimiento de la economía (expresado como porcentaje de variación con respecto al año anterior) cumple con estas dos condiciones. En primer lugar, la buena marcha de la economía es condición necesaria para crear bienestar. Los recursos que recibe el gobierno producto de la actividad económica pueden ser utilizados para múltiples áreas de servicios, por ejemplo, aquellos en el ámbito social (educación, salud, entre otros), y en infraestructura. De tal manera que el crecimiento de la economía es una buena referencia para estimar los recursos disponibles para esas múltiples áreas de servicios.

La segunda condición que cumple la magnitud del crecimiento económico es su utilidad para la toma de decisiones. Si la economía no crece adecuadamente, las demandas de múltiples actores sociales se concentran en exigir cambios en las políticas. De tal manera que, en principio, el crecimiento económico puede condicionar la gestión del gobierno valorada en su conjunto.

El gráfico muestra las tasas de crecimiento de las economías de Venezuela y Colombia entre 1961 (primer año disponible) y 1998. Se puede apreciar que la tasa de crecimiento económico en Venezuela entre 1961 y 1979 fue siempre positiva. Sin embargo, al comparar con la tasa de crecimiento de Colombia se constata que en este último país tuvo menos variabilidad (adicionalmente, el crecimiento fue positivo en todos los años del período). En otras palabras, en Venezuela las oscilaciones del crecimiento económico fueron mayores, probablemente ligadas a las variaciones de los ingresos petroleros.

Venezuela y Colombia: Crecimiento anual de la economía (%)
(1961-1998)
     Fuente: Banco Mundial

Estos rasgos de inestabilidad del crecimiento económico se hacen mucho más evidentes a partir de 1980. De hecho, entre 1980 y 1984 la economía de Venezuela decreció en todos esos años. En 1980 la caída de crecimiento fue 4,4% y en 1983 fue 3,76%. Es obvio que estas variaciones de crecimiento fueron manifestaciones tempranas de las limitaciones del modelo económico del país. Esta inestabilidad del crecimiento tiene efectos negativos para la calidad de la gestión pública en la prestación de servicios sociales y de infraestructura. No solo en el corto plazo sino en las condiciones de sostenibilidad y calidad de los servicios.

Estos signos tempranos se manifestaron en muchas otras áreas de la gestión del bienestar. De allí que, en la segunda parte del período, es decir, desde finales de los años ochenta del siglo pasado, estas tendencias de deterioro se hicieron más profundas. Pero es también obvio que incluso en la primera mitad del período (desde 1961 a 1980) ya existían demostraciones de las dificultades para crear bienestar para la población.

El progreso de este deterioro alcanza puntos máximos a finales de la década de los noventa del siglo pasado. Las mediciones de pobreza que ya se habían consolidado en la institucionalidad pública señalan que en 1997 la proporción de población en pobreza era 60% y en pobreza extrema era 29,5%.

En la dimensión de la creación de bienestar el balance de Puntofijo es muy insatisfactorio. No solo en la política económica, sino también en la política social. Esta gran insatisfacción explica los resultados electorales de 1998, los cuales fueron el inicio del regreso a la autocracia desde ese año.

La experiencia de Venezuela demuestra que los avances en la calidad de la democracia pueden ser insuficientes si no van acompañados de políticas exitosas para crear bienestar. La alerta que hizo Betancourt en 1959 no fue correspondida con la práctica adecuada en la gestión gubernamental. Al no crear bienestar, se terminó perdiendo la democracia y empeorando las condicione de vida de la sociedad.

Politemas, Tal Cual, 26 de junio de 2024

Balance de Puntofijo: la democracia

La elección presidencial del próximo 28 de julio es una gran oportunidad para que Venezuela avance en una nueva transición a la democracia. Sería la segunda de la historia. La primera sucedió luego del 23 de enero de 1958, al producirse la finalización de la autocracia que sucedió al golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948.

La experiencia del país, en la dinámica entre autocracias y democracias, constituye la referencia fundamental para identificar los mejores caminos y prácticas en esta posibilidad de redemocratización. Conviene aprovechar las lecciones de nuestra historia, con especial preocupación para adaptarlas a la realidad del país en 2024.

El Pacto de Puntofijo fue la guía acordada para iniciar la segunda democracia del país. Al tomar posesión de la presidencia de la república el 13 de febrero de 1959, Rómulo Betancourt ratificó las orientaciones y las políticas públicas que se habían acordado antes de las elecciones de diciembre de 1958.

Al terminar el discurso de toma de posesión, Betancourt señala: “podemos llevar adelante la empresa de estabilizar un régimen democrático en Venezuela, no sólo garantizador del ejercicio de las libertades ciudadanas sino también eficaz agente creador de riqueza, de cultura y de bienestar general”. Es decir, la redemocratización, al menos en estas palabras de Betancourt, debía promover dos grandes objetivos: alcanzar la democracia, y crear bienestar. Dos dimensiones (democracia y bienestar) que se pueden expresar también como continente y contenido de la redemocratización iniciada en 1958.

En la práctica, Puntofijo se convirtió en pautas institucionales incorporadas en la nueva constitución que entró en vigor el 23 de enero de 1961. La salida de URD del gobierno en agosto de 1960 por la discrepancia con respecto a la política ante Cuba, es indicativa de que el funcionamiento real de Puntofijo quedó restringido a la relación entre AD y Copei, de acuerdo con las prácticas que se derivaron del cumplimiento de la constitución de 1961.

Debido a la sistematización de datos sobre las democracias en todo el mundo desde 1789, disponibles a través del Instituto Variedades de Democracia (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, es posible examinar la evolución de la democracia de Venezuela en el marco de la ejecución del Pacto de Puntofijo.

El Índice de Democracia Liberal (IDL) de V-Dem toma en cuenta a su vez dos índices: (1) el Índice de Democracia Electoral, y (2) el Índice del Componente Liberal. En el Índice de Democracia Electoral se incluyen los siguientes aspectos: porcentaje de la población con derecho al sufragio, elección de gobernantes, transparencia electoral, libertad de asociación, y libertad de expresión. En el Índice del Componente Liberal se incluye: igualdad ante la ley, controles judiciales del poder ejecutivo, y controles legislativos del poder ejecutivo. El IDL varía cada año entre 0 (valor mínimo), y 1 (valor máximo).

El gráfico muestra la evolución del IDL de Venezuela entre 1957 y 2000. También se incluyen los países con el mayor IDL en América Latina en 1998 (Costa Rica, Uruguay, Chile, Argentina, y Brasil).

Venezuela: Índice de Democracia Liberal (IDL) comparado con 
países líderes de América Latina en 1998
(1957-2000)
    Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem)

A finales de 1957, Venezuela estaba en el grupo de las autocracias más severas de América Latina. Sólo era por superada por las autocracias de República Dominicana, Nicaragua y Haití. A partir del 23 de enero de 1958, el país entra en el proceso de redemocratización. En 1959, luego del inicio del gobierno electo en diciembre de 1958, Venezuela ya se encontraba entre las tres mejores democracias de la región (las otras dos eran Costa Rica y Uruguay).

Luego del deterioro político de Uruguay que culmina en autocracia a principio de los años setenta del siglo pasado, las dos mejores democracias de la región eran Costa Rica y Venezuela. Esta situación se mantuvo hasta 1984, cuando Argentina reinicia la democracia. Posteriormente, con la aprobación de la nueva constitución en Brasil y el reinicio de la democracia en Chile, estos dos países se unen a Costa Rica, Uruguay, Argentina, y Venezuela como las seis democracias más consolidadas de la región.

Hasta 1998, al contrario de juicios lamentablemente extendidos, la democracia de Venezuela era una de las más avanzadas de la región. Hay que destacar que esta valoración se refiere a las características institucionales de las democracias, tal como están incorporadas en el Índice de Democracia Liberal (IDL), ya señalado. Esta no es la valoración si nos atenemos a la dimensión de bienestar de la población (la segunda condición propuesta por Betancourt en su discurso de toma de posesión).

Es evidente que el objetivo de estabilizar la democracia venezolana, expresado a principios de 1959, se cumplió satisfactoriamente, tal como se había acordado en Puntofijo. Es también bastante cierto que la democracia existente en 1998 podía ser mejorada (se puede apreciar en la diferencia que se mantenía con los países líderes). Lamentablemente eso no fue lo que ocurrió.

A partir de 1999, tal como lo muestra el IDL, el país inició un retroceso institucional de tales proporciones que lo han llevado a formar parte de las cinco autocracias de la región señaladas en el último informe anual de V-Dem para 2024. Es bastante probable que este deterioro de la democracia venezolana sea uno de los más dramáticos (en intensidad y duración) en el ámbito comparado. Lo fundamental es siempre tener presente que el Pacto de Puntofijo permitió desarrollar por cuatro décadas una de las democracias más estables de la región.

Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2024 

Diez años de retroceso por la pandemia de COVID-19

El progreso de la humanidad muchas veces se expresa directamente por el aumento en los años de vida. Es lo que se denomina “expectativa de vida”, lo cual corresponde al número de años que una persona podría vivir calculada en el año del nacimiento. Es el número de años que se podrían vivir de acuerdo con los progresos existentes. Esta medición se puede refinar con la “expectativa de vida saludable”, esto es, el número de años que se pueden vivir sin grandes limitaciones de la salud.

Hace dos semanas la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la última edición de las Estadísticas Sanitarias Mundiales. Este reporte incluye los datos de mortalidad de todos los países del mundo hasta 2021 (en el segundo año de la pandemia de COVID-19).

Se indica en la publicación que la expectativa de vida calculada para el año 2020 disminuyó a la cifra registrada en 2016. Igual resultado se señaló para la expectativa de vida saludable. La expectativa de vida en 2020 es 72,5 años, mientras que la expectativa de vida saludable es 62,8 años.

Cuando se incluyen los datos de 2021, se señala que la expectativa disminuye a 71,4 años y la expectativa de vida saludable se reduce a 61,9 años. De allí que estos valores sean equivalentes a los registrados en 2012. Un retroceso de una década. Si tomamos en cuenta que en muchas partes del mundo la pandemia se prolongó por un año más (2022), es muy posible que esta reducción sea mayor cuando se conozcan los datos de ese año.

El impacto de la pandemia en el número de muertes ha sido de grandes dimensiones. En el informe de OMS se indica que el número de muertes por COVID-19 a escala global fue 12 millones (entre 2020 y 2021). Es también muy posible que el subregistro de muertes haya sido muy alto en países con menor calidad de los sistemas de información. Las muertes por COVID-19 fueron la tercera causa de mortalidad en 2020 y 2021 a escala global. En las Américas fue la primera causa de mortalidad.

Las regiones más afectadas por la disminución de la expectativa de vida y la expectativa de vida saludable fueron el Sudeste Asiático y las Américas. Las reducciones en ambas regiones fueron 3 años para la expectativa de vida y 2,5 años para la expectativa de vida saludable. Este negativo impacto está relacionado con las severas dificultades de gestión que mostraron los sistemas de salud de esas regiones para responder a los efectos de la pandemia, tanto en la atención de casos como en los programas de vacunaciones.

Esta reducción de la expectativa de vida y la expectativa de vida saludable también se combina con el aumento en la proporción de muertes relacionadas con enfermedades infecciosas. Esto significó que en 2021 las muertes por enfermedades infecciosas representaran el 28% del total de muertes, proporción similar a la que se había registrado en 2005. En este caso un retroceso de 20 años.

También enfatiza la publicación de OMS el impacto negativo de la pandemia en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. Este impacto negativo se nota especialmente en los mayores retrasos para alcanzar la Cobertura Universal de Salud, tanto en la protección financiera como en el acceso a los servicios de salud. Esto es especialmente preocupante en América Latina por las grandes debilidades del monitoreo y las brechas de políticas y gestión en los sistemas de salud. Todo indica que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 seguirán afectando la salud de los latinoamericanos por un largo tiempo.

Politemas, Tal Cual, 5 de junio de 2024