Una tendencia, más predominante que lo deseable, propone que la protección social es el resultado de tener empleos de calidad. La lógica de esta tendencia se fundamenta en la generación de recursos que traen consigo esos empleos de calidad. Las mayores remuneraciones se reflejan en mayor capacidad para pagar contribuciones de trabajadores y empleadores. Y entonces, con esas contribuciones el Estado puede garantizar la cobertura de la protección social.
Desde esta perspectiva, es tarea del sector privado promover esos empleos de calidad (es decir, formales) a través de las inversiones respectivas, sean con fondos propios (de los empresarios) o con el acceso a créditos en el sector financiero. Y el rol de Estado es encargarse de la gestión adecuada de los servicios de protección social.
La realidad demuestra tercamente que esa lógica no funciona. En América Latina, por ejemplo, lo que predomina es la informalidad, es decir, empleos de la menor calidad. Según una publicación reciente de la OECD, en 15 países de la región (sobre un total de 19 incluidos en el análisis) la proporción de empleos informales es superior al 50% del total de empleos. En Haití, Bolivia, Guatemala, Honduras, y Nicaragua, la proporción de empleos informarles es superior al 80%. Solo en Uruguay y Chile esta proporción es menor a 30%.
La publicación señalada se une a las propuestas ya abundantes en la experiencia comparada que argumentan la necesidad de invertir los factores. Esto es, que la implementación de mejores sistemas de protección social es una vía más efectiva para la creación de mejores empleos.
La razón es bastante clara. Los costos de creación de empleos (por los aportes que deben hacer las empresas a los organismos de seguridad social), reducen la posibilidad de que se puedan hacer las inversiones que produzcan nuevos empleos. Tan sencillo como eso. Lo que procede es más bien flexibilizar los mecanismos para crear empleos, es decir, eliminar los pagos a la seguridad social por parte de trabajadores y empresas. El incentivo de las empresas es que esos nuevos empleos formen parte del círculo virtuoso de creación de riqueza.
Ahora bien, si se reducen estos costos a las empresas y trabajadores, ¿cuál sería la forma de financiar los servicios de protección (por ejemplo, pensiones, beneficios por incapacidad, salud, entre otros)? La propuesta reiterada en la publicación de OECD se basa en dos reformas fundamentales. La primera es eliminar la división de la protección social entre trabajadores informales y formales. Esto significa que toda la población tendría los mismos derechos de protección social (independientemente de su condición laboral).
La segunda reforma, consecutiva de la anterior, consiste en definir que la fuente para financiar la protección social universal se deriva de los ingresos fiscales, esto es, de los impuestos generales que se recaudan todos los años en los niveles nacionales de los países. Es a partir del conjunto de estos impuestos que se pueden financiar y programar los servicios de protección social en el tiempo. Esto repercutiría en una mayor flexibilidad de las empresas para crear más empleos formales.
Estas reformas tienen considerables restricciones en los países. En primer lugar, porque son mecanismos que promueven la inclusión en sociedades muy segmentadas como las de América Latina. En la práctica esto significaría la reformulación de los acuerdos sociales, muchos de ellos con siglos de evolución. Y la segunda gran restricción es la dificultad de acordar sobre los medios y lapsos para financiar la protección social en sociedades que envejecen a un paso acelerado. Estas dos reformas, en la práctica, constituyen la prueba más exigente para los liderazgos políticos de la región en las próximas décadas. Lamentablemente, no hay muchos indicios de que estos temas estén en la agenda del futuro en la región. Lamentablemente, hay que insistir.
Politemas, Tal Cual, 6 de noviembre de 2025
