Para enfrentar las crisis de 2016

Venezuela vive circunstancias muy difíciles. La elección de la nueva Asamblea Nacional abre posibilidades para enfrentarlas con decisión y éxito. Para ello se requiere acordar sobre la naturaleza y efectos de cada una de las crisis que están en evolución. Es el primer paso para establecer el marco de opciones sobre las cuales debería acordarse en las próximas semanas. 

La primera crisis es un dramático deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, y especialmente, la caída brutal del ingreso de las familias. Para mediados de 2015, prácticamente el 50% de los hogares del país estaban en situación de pobreza extrema. Esto es, en esos hogares (la mitad de los hogares, insistimos) no alcanza el ingreso para comprar los alimentos de la canasta de referencia. En los meses transcurridos hasta el final de 2015 no ha existido ninguna medida de política económica o social que indique que la situación ha mejorado. Este deterioro del ingreso afecta también el consumo de las familias en otros bienes como los medicamentos, dadas las grandes restricciones en su producción y acceso. Todo lo anterior se agrava en la medida que la inflación más grande del mundo avanza hacia el cuarto año seguido. 

La crisis social, dada su gravedad y urgencia, debe ser atendida por dos vías complementarias. La primera vía es la implementación en el corto plazo de un programa de complemento al ingreso de las familias. Este complemento debe ser en dinero y estar dirigido a las familias más afectadas por la caída del poder adquisitivo. Dichas familias son aquellas en las cuales las condiciones de servicios, hacinamiento, asistencia a la escuela, son más precarias y con mayor riesgo de permanecer en situación de pobreza crónica. En este momento esta situación de mayor riesgo puede extenderse al 25% de los hogares del país. Este programa es temporal y posteriormente debe dar paso a transferencias condicionadas como se realizan actualmente en varios países de América Latina. 

La segunda vía para atender el inmenso drama social que vive el país, es poner en ejecución paralelamente una política económica orientada a la producción de valor. Esto significa abandonar los esquemas fracasados de las políticas de control de precios, de control de divisas, de estatizaciones, de restricciones a la actividad de creación y desarrollo de empresas en todas sus dimensiones. Esto significa una política económica orientada al crecimiento sostenible con baja inflación, en la cual se pueda estimular la inversión pública y privada de manera articulada. En otras palabras, dar el paso de una economía estatizada a una economía abierta, con mercados vigorosos, que permitan crear los bienes y servicios requeridos. Un cambio económico de esta naturaleza establecería el marco para la recuperación progresiva del ingreso de las familias, y la incorporación de sus miembros a modalidades de empleo de mayor calidad. Obviamente, los plazos para estos cambios estarán vinculados a la efectividad y secuencia de las políticas a implementar.

Para que la crisis social y la crisis económica sean enfrentadas con las mayores posibilidades de éxito, se requiere que el actual gobierno se percate del efecto nocivo que sus políticas han traído para la vida de los venezolanos, y que con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, se acuerde una plataforma de cooperación que permita tomar las decisiones adecuadas. Si el marco de cooperación no es el que prevalece, se daría rienda suelta a una crisis política que sumiría al país en una nueva etapa de enfrentamientos. La peor consecuencia de esa crisis política es que impediría atender con decisión la crisis social y la crisis económica que ya están en curso. Esperemos que la conciencia de los riesgos y dificultades que viven los ciudadanos sea un factor decisivo para promover los entendimientos y los acuerdos que se requieren. Son los mejores deseos de todos los venezolanos para el Nuevo Año.

Politemas, Tal Cual, 16 de diciembre de 2015

Reto de Estado

Los resultados de las elecciones del 6 de diciembre constituyen un mandato contundente. Luego de un proceso laborioso de construcción de una nueva mayoría política, la Unidad Democrática alcanza una representación sin precedentes en la composición de la nueva Asamblea Nacional. De acuerdo con los anuncios realizados, aunque no confirmados oficialmente por el CNE al redactar esta columna, la Unidad Democrática alcanza la cota de diputados que le garantiza la mayoría calificada de las dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Tal magnitud de representación otorga las más amplias facultades de acuerdo con la Constitución. Se trata de un reto equivalente a la posibilidad de contribuir realmente en la marcha del Estado. Es definitivamente un reto de Estado. 

La Unidad Democrática puede impulsar una renovación en la forma de asumir lo público en el manejo del Poder Legislativo. Con la incorporación de prácticas democráticas en las tareas rutinarias de la Asamblea, esto es, modificando las normas internas, se abre un gran abanico de opciones para que se produzca la inclusión de todos los parlamentarios en el cumplimiento de las tareas. De esa manera los ciudadanos percibirán inmediatamente la diferencia entre ejercer el poder para dominar, y hacerlo para facilitar el diálogo y la cooperación. En ese marco es posible entonces acordar medidas que faciliten la normalización de la vida política en el país. Esto es, el regreso de los presos políticos a sus casas y al desempeño de todos sus derechos, así como el retorno de todos aquellos que tuvieron que salir del país por persecución y represión. 

La nueva Asamblea Nacional tomará posesión en un clima social y económico muy preocupante. El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es galopante. Afecta todas las áreas, desde el ingreso de las familias, hasta sus perspectivas de trabajo y realización productiva. Uno de los ejes prioritarios de la acción de la nueva mayoría debe ser justamente cómo generar acciones y cambios que tengan efecto en la vida concreta de los ciudadanos, especialmente porque el actual gobierno tiene todas las atribuciones para el manejo de la administración pública. El escenario ideal es que se pueda encontrar un piso común entre ambos poderes públicos. De lo contrario, existiría el riesgo de que las funciones de control y legislación no generen modificaciones sustantivas.

De especial relevancia es la severidad de la crisis económica. La definición de alternativas para contrarrestar los efectos de las políticas económicas del actual gobierno, requiere un nuevo marco de referencia en el cual exista la cooperación habitual entre el gobierno y los sectores productivas, en un clima con favorezca la inversión y el crecimiento sostenible. Es obvio que tal aproximación no es la compartida por el actual gobierno. De allí que el primer esfuerzo a realizar es justamente encontrar las posibilidades de acuerdo en una materia de especial trascendencia y urgencia.

Las amplias facultades otorgadas por la Constitución en el ejercicio de la mayoría de las dos terceras partes, constituyen una extraordinaria posibilidad. Se requiere un plan de acción que abarque al menos las tareas del próximo año con especial énfasis en la normalización política y en el enfrentamiento de la colosal crisis socio-económica. Todas las opciones que se consideren y aprueben deberían tener como guía su contribución a la estabilidad y el bienestar de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de diciembre de 2015

Ventana de oportunidad

Las elecciones del 6 de diciembre constituyen una extraordinaria coyuntura política para los venezolanos. Siempre es muy importante la elección de los representantes en el Poder Legislativo. Sin embargo, la elección de esta semana tiene significativas connotaciones. 

En primer lugar, los diferentes períodos establecidos en la Constitución de 1999 para los poderes públicos, traen como consecuencia que se renueve el Poder Legislativo en un momento en que la popularidad del gobierno se encuentra muy deteriorada. Esto significa que las opciones de generar expectativas para la población se desplazarán al ámbito legislativo. En efecto, el actual gobierno luce agotado, superado por las circunstancias que contribuyó a generar, sin iniciativas ni respuestas a los graves problemas del país. 

Una segunda circunstancia de especial relevancia es la posibilidad, bastante cierta de acuerdo con las encuestas de opinión pública, que una nueva mayoría de parlamentarios se exprese como resultado del voto popular. Esto implica que por primera vez en este largo gobierno existirá una mayoría de signo político diferente al actual Poder Ejecutivo. Tal circunstancia no debería generar mayores preocupaciones en un contexto democrático plural y respetuoso. Sin embargo, dada la experiencia de los últimos tres lustros, pareciera que los que detentan el Poder Ejecutivo se hubieran acostumbrado a la falta de alternabilidad.

Finalmente, las condiciones generales del país constituyen un factor de especial relevancia. Nunca antes la economía venezolana había estado peor. La caída de la actividad económica por segundo año seguido, con un pronóstico de decrecimiento de 10% del PIB para este año, sumado al descalabro de tener la tasa de inflación más alta del planeta por tercer año seguido, configuran una profunda crisis productiva. A ello debe agregarse la dramática caída del ingreso de las familias. Según datos de ENCOVI 2015 (UCV-UCAB-USB), el 73% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, así como el 76% de las personas. Especial gravedad tiene el hecho de que prácticamente el 50% de los hogares no tiene para comprar los alimentos del día. Esta cifra es demostrativa del profundo y vertiginoso empobrecimiento que se expresa todos los días en el país. 

En estas circunstancias los venezolanos están indicando de forma mayoritaria que el actual rumbo del país es equivocado, y que el actual gobierno es responsable de esta situación. También consideran que las elecciones legislativas son muy importantes, al punto que la disposición a votar es muy alta. Todo lo cual hace suponer que a partir del 6 de diciembre se abrirá para los venezolanos una nueva etapa. Se trata de construir con el voto una opción política que lleve al país en una dirección de transformaciones sostenibles. 

Esta ventana de oportunidad es el producto de un largo proceso que ha consolidado las opciones unitarias, que ha servido para vislumbrar un gran acuerdo que promueva el bienestar de los venezolanos. Las posibilidades son ciertas. A partir del 6 de diciembre queda consolidarlas reforzando la visión unitaria, promoviendo la inclusión de todos los sectores, trabajando con paciencia, y aprendiendo las lecciones que deja esta etapa del país. Ojalá podamos aprovechar esta excelente oportunidad.

Politemas, Tal Cual, 2 de diciembre de 2015

El auge del Estatismo

Cuando comenzó este largo gobierno (1999), el 16% de los venezolanos opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas. Tal era el hallazgo reportado por la encuesta de Latinobarómetro del año anterior. Ese porcentaje era el más alto en todos los países de América Latina en los que se realizó la encuesta. Si a ese porcentaje se le suma los que opinaban que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, se alcanzaba al 46% de la población.

Existen razones para fundamentar esa opinión en aquel momento. La condición de país petrolero, y especialmente, el aumento de los ingresos experimentado en los años setenta y ochenta, condicionó en gran medida la creencia de que el Estado efectivamente podía resolver todos los problemas. La creación de empresas públicas y el traspaso de la industria petrolera a manos del Estado, fueron consideradas como pruebas de esta capacidad. 

El hecho de que un gran porcentaje de la población pensara que el Estado podía con todos los problemas, no debe interpretarse como exclusión del sector privado o desacuerdo con la economía de mercado. De hecho, casi el 70% de la población opinaba que la economía de mercado era lo más conveniente para el país. Un porcentaje similar indicó que la empresa privada era beneficiosa.

En este contexto, que podríamos llamar una especie de “caldo de cultivo”, se inicia la gestión de un gobierno que progresivamente fue aumentando el rol del Estado en la economía, hasta el punto que empezó a excluir sistemáticamente a todos los demás actores productivos. La tendencia a controlar el Estado, para desde allí imponerse a toda la sociedad, fue cobrando mucha más fuerza. A partir de 2007 se desencadena una permanente agresión al sector privado, con la nacionalización y expropiación de muchas empresas.

Todo esto se realiza en medio de un incremento inusitado del precio del barril de petróleo, el cual trae consigo una expansión del consumo y del ingreso de las familias. Tales condiciones influyeron para reforzar la percepción de que el Estado podía resolver todos los problemas. En 2010, el porcentaje de personas que opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas ascendió a 46%. Si a ello sumamos el porcentaje de personas que pensaban que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, se alcanza el 80% de la población. 

La acción de los gobiernos, y especialmente aquellos en los Petroestados, contribuye a difundir la creencia de que pueden resolver todos los problemas. Antes que informar sobre las reales posibilidades del Estado, los gobernantes terminan aumentando estas tendencias omnipotentes. 

No se dispone de cifras recientes para examinar si en estos años de escasez y fracaso de la actividad económica en manos del sector público, ha disminuido el apoyo a la omnipotencia del Estado. En todo caso, lo que es muy evidente es que el porvenir de Venezuela requiere una revisión a fondo de este tema. La concepción del Estado omnipotente debe dar paso a una visión más moderna, más real, que considere más las posibilidades efectivas. Es, sin duda, uno de los retos más acuciantes para alcanzar el real desarrollo sostenible.

Politemas, Tal Cual, 18 de noviembre de 2015

Las raíces del Estatismo

Luego de 17 años, el panorama creado por el predominio de la visión estatista no necesita mayores explicaciones en Venezuela. La injerencia del Estado en cada uno de los aspectos de la vida social es evidente. En el plano político, se puede constatar la tendencia excluyente en el manejo del Estado. Solo aquellos que se adhieren, pueden participar. Todos aquellos que disienten, o simplemente hacen uso de la pluralidad que debe caracterizar una sociedad democrática, son excluidos, prácticamente no existen, mucho menos considerados. Es la segregación política en su máxima expresión. Muchos venezolanos la sufren dramáticamente en la cárcel o en el exilio.

En el ámbito económico, la creencia dominante por parte de los que manejan el Estado es que basta el control de la riqueza petrolera para garantizar la prosperidad. Ergo, si la riqueza petrolera está en manos del Estado, no es necesario tomar en cuenta ningún otro sector productivo. Es la autosuficiencia en su punto más alto. Se trata, en consecuencia, de apropiarse de todas aquellas áreas de la actividad productiva bajo el supuesto de que marcharán mejor en manos del Estado y, por tanto, podrán rendir mejores beneficios para los ciudadanos.

La imposición del Estado también abarca la política social. Solo aquellos que manifiesten su adhesión podrán ser beneficiarios. Para ello se deberán seguir las exigencias, desde la aprobación y apoyo de opinión pública, hasta la votación en los procesos electorales, y el adoctrinamiento. El ciudadano es sustituido entonces por un seguidor condicionado, dependiente de los designios y recursos en manos de los que manejan el Estado.

Cabe preguntarse por los fundamentos de esta conducta, tanto de quienes gobiernan, como de los adeptos a esta visión. Es preciso indagar sobre sus orígenes, para entender las razones que la condicionan. Y más importante, para desarrollar las opciones para que no se vuelva a repetir. 

En 1998, el 16% de los venezolanos, según la encuesta Latinobarómetro, consideraba que el Estado podría resolver todos los problemas de la sociedad porque tenía los medios para ello. El porcentaje más alto en todos los países de América Latina en los cuales se realizó la encuesta en ese año. El 30% de la población consideraba que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas. La suma de ambos porcentajes nos acerca a casi la mitad de la población. De manera que prácticamente uno de cada dos venezolanos pensaba en que el Estado tenía cierta “omnipotencia”. 

La idea de un Estado todopoderoso es un canal de dos vías. En quienes quieren alcanzar el poder, despierta la posibilidad de que manejando al Estado se alcancen todos los sueños. Y en los electores despierta la idea de que aquellos que alcancen el poder tendrán acceso a todas las posibilidades para mejorar sus vidas. Los efectos de esas dos visiones están a la vista. Por una parte, un gobierno que se creyó que manejando exclusivamente al Estado se llegaba al desarrollo. Por la otra, los electores desencantados porque no funcionó. Ojalá podamos aprovechar esta dura lección para concebir un Estado más real, menos omnipotente, menos perfecto.

Politemas, Tal Cual, 11 de noviembre de 2015

En la orquesta del Titanic

Muchos funcionarios del Alto Gobierno actúan como la orquesta que tocaba en los momentos finales del naufragio del Titanic. Hablan como si todo estuviera en calma, bajo control, en las mejores condiciones. Lo hacen con una gran “convicción”. La primera hipótesis que se puede proponer es que tienen una gran afición por el teatro, por desempeñar papeles de ficción. Salen al estrado de las comunicaciones del actual gobierno, bastante grande por cierto, y dicen lo que está en el guión. Lo que ellos creen que será un tremendo éxito. Hablan como si fueran a recibir un estruendoso aplauso. Saben que están diciendo cosas que no son, pero se sienten obligados a cumplir su “responsabilidad”. 

La opción del teatro es, por supuesto, lamentable, pero no es extraña a la conducta tradicional del actual gobierno. La otra opción es todavía peor. Esta es, la que proviene de no tener ni la menor idea de lo que están diciendo. No tienen el manejo de los conceptos básicos, no conocen los detalles de lo que están diciendo. Simplemente se aprovechan de la desinformación que ellos mismos han creado para decir cualquier cosa que suene supuestamente atractiva, como una promesa desesperada, absolutamente fuera de lugar, con el mayor descaro posible.

Es así que luego de 17 años del mayor fracaso económico que se tenga en lo que va del Siglo XXI en el mundo, hay funcionarios del Alto Gobierno que no les tiembla el pulso para decir que este gobierno trabaja en un plan para “eliminar la pobreza”. Ni siquiera se menciona que tal objetivo se alcanzará luego de resolver la actual crisis económica. Nada de eso. 

Para esos funcionarios no existe el hecho de que Venezuela está en el segundo año de una gran recesión, con una caída del PIB estimada en 10%. Ni que es el cuarto año sin crecimiento en los últimos siete. Tampoco existe el hecho de que estamos en el tercer año seguido con la inflación más alta del mundo, y que por los vientos que soplan, esa situación se mantendrá en 2016. Y he aquí que los funcionarios hacen la gran dicotomía, expresan que en esas condiciones es posible eliminar la pobreza. Solo pensar en decir eso sin mayor consideración de lo que está pasando en la realidad, es un completo ejercicio de ignorancia e irresponsabilidad.

Por supuesto para estos funcionarios está muy distante la realidad de que Venezuela tiene hoy más población en pobreza que en 1998, que casi 8 millones de personas no tienen ingreso suficiente para conseguir los alimentos del día. Peor aún, que en esas condiciones no es posible imaginar la reducción de la pobreza a menos que se modifique drásticamente el rumbo de la economía del país. Estos funcionarios tienen en su cabeza un país irreal, están completamente divorciados de la vida cotidiana de los venezolanos, hablan de fantasías, están tocando las últimas melodías de un gobierno que naufraga.

Politemas, Tal Cual, 4 de noviembre de 2015

La caída del poder de compra

En el actual gobierno los venezolanos han experimentado la peor caída en el poder de compra desde que se tiene registro. El poder de compra (PPP, por sus siglas en inglés) es una medida de la capacidad adquisitiva en un país dado. La medida toma en cuenta la producción de bienes y servicios en un determinado país y expresa la capacidad de los habitantes para adquirir bienes a precios internacionales. Dicho de otra forma, en la medida que aumente el PPP, los habitantes de ese país tienen mayor poder adquisitivo a precios internacionales, generalmente en dólares.

El FMI lleva el registro del poder de compra desde 1980. El examen de la serie histórica de Venezuela, comparada con los restantes 18 países de América Latina, nos indica que entre 1980 y 1997, Venezuela tuvo el mayor poder de compra en la Región. Es decir, 18 años ininterrumpidos. El primer lugar se mantuvo a pesar del deterioro de la economía venezolana desde principios de los ochenta y de las coyunturas de los programas de reforma aplicados en 1989 y 1996. Lo cual deja en evidencia la ventaja que había acumulado Venezuela en los años precedentes, fundamentalmente debida a la preponderancia de los ingresos petroleros, y las mejoras derivadas de las reformas emprendidas. También debe señalarse que la medición del poder de compra es un agregado para toda la población, no toma en cuenta las diferencias en poder adquisitivo que puedan tener los distintos estratos socio-económicos. 

Lo cierto del caso es que en ese largo período (1980-1997), Venezuela tenía el mayor poder adquisitivo en la Región. En 1997 el valor del poder de compra de Venezuela era 11.947 dólares. En 1998 el valor del poder de compra de Venezuela solo era superado por Argentina. En otras palabras, en el año que asume el actual gobierno, Venezuela tenía el segundo poder adquisitivo más alto de la Región.

Eso fue hace ya casi 17 años. Como consecuencia de las políticas ejecutadas por el actual (y largo) gobierno, el poder adquisitivo de Venezuela ha caído 7 puestos (según las estimaciones que hace el FMI para el año 2016). Esto significa que siete países (Chile, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Brasil y República Dominicana) ya superan el poder de compra de Venezuela. De continuar las políticas que están en ejecución en la actualidad, en 2018 Venezuela caerá al lugar número 11 en poder de compra, es decir, superada también por Colombia y Perú.

Es difícil proponer otra medida que exprese más el desastre para las condiciones de vida que han significado las políticas del actual gobierno. Todo ha concluido en la anulación de capacidad productiva. La concepción de que era posible basar el desarrollo solamente en el Estado, excluyendo a todos los demás sectores productivos, no puede haber tenido un fracaso más estruendoso. 

La segregación política, la anulación de los equilibrios de poderes, la violación de los derechos de propiedad y de organización sindical, la implantación de controles y regulaciones para favorecer grupos con enormes privilegios, la reducción de la política social a prebendas y clientelismo, todo eso ha conllevado la destrucción de las posibilidades de bienestar de los venezolanos. Las evidencias están a la vista.

Politemas, Tal Cual, 28 de octubre de 2015

Presupuesto de ficción

Definitivamente la ficción puede superar a la realidad. No queda otra forma de analizarlo. Resulta que el gobierno de Venezuela elabora el presupuesto del año 2016 sin incluir las estimaciones macroeconómicas. Algo así como decir lo que se va a gastar sin saber los ingresos, ni mucho menos el efecto que tendrá la inflación sobre los recursos “presupuestados”. Los medios indican que esta práctica es una instrucción emanada directamente del Alto Gobierno.

De manera que, como también lo han reseñado los medios, será la primera vez desde que se constituyó la República, que un gobierno venezolano elabora un presupuesto sin los conceptos fundamentales que permitan analizar su impacto. No es exagerado decir que también se ha debido batir cualquier récord internacional sobre la materia. Un presupuesto sin supuestos macroeconómicos es algo definitivamente para los anales de la economía mundial.

Por supuesto todo eso vuelve añicos, nuevamente, lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el régimen presupuestario. Allí se indica que la gestión fiscal se debe regir por la “eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal”. Palabras que definitivamente suenan desconocidas, inexistentes. Especialmente cuando vamos a cumplir un año sin cifras sobre el crecimiento y la inflación. O cuando sabemos que desde hace muchos años el presupuesto que llega a la Asamblea Nacional es aprobado sin modificarle ningún número.

Ante tal realidad se podría concluir que esta es la práctica “normal”. Definitivamente no lo es. Solo con entrar en internet y buscar los proyectos de presupuestos en países cercanos se llega a otra situación. Tomemos, por ejemplo, el caso de Colombia. Sabemos por lo archivos encontrados que el presupuesto 2016 del gobierno vecino se encuentra disponible desde agosto de este año. Todas las personas que lo quieren consultar lo pueden hacer sin problema. También están todas las comunicaciones oficiales de los organismos responsables en las distintas etapas del proceso presupuestario.

Además se encuentra disponible una presentación completa del contenido del presupuesto. Al revisarla se conocen varios aspectos. Por ejemplo, que en 2016 la expectativa de crecimiento económico de Colombia es 3,8%. Superior al 3,6% de este año. También se conoce que la inflación del año próximo se estima en 3%, menor al 4% de este año. Y también sabemos que en Colombia se espera que el precio promedio del barril de petróleo sea 64,6 dólares, y que un dólar se compre con 2.502 pesos. A lo largo de la presentación también se explica cuál es la expectativa del equilibrio fiscal hasta mediados de la próxima década, así como las previsiones de endeudamiento para el mismo período.

Luego de ver la presentación señalada se tienen más claras las diferencias entre la gestión económica de Colombia y la de Venezuela. Se entiende la razón por la cual allá la economía crece con baja inflación, y que acá tengamos la peor del mundo. Allá se planifica para el largo plazo. Acá no sabemos lo que pasará mañana. Al final todo termina con un presupuesto. Mientras tengamos presupuestos de ficción, tendremos una pésima realidad.

Politemas, Tal Cual, 21 de octubre de 2015

Economía en caída libre

En 1998 los venezolanos tenían el segundo poder de compra más alto de América Latina. El primero lo tenía Argentina. El valor de ese poder de compra equivalía a cerca de 12 mil dólares. Dicho monto era superior al que tenían los ciudadanos de México, Chile, Uruguay, Brasil, solo por señalar algunos países. 

El último pronóstico del FMI, presentado en Lima la semana pasada, nos indica que en el año 2015 los venezolanos tenemos el sexto poder de compra de América Latina. Una caída de cuatro puestos. Los cinco primeros lugares corresponden a Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y México. También en este pronóstico se indica que la economía venezolana es la séptima en tamaño en la Región, por debajo del lugar que había ocupado al menos desde 1980. También llamativo es que el tamaño de la economía venezolana en 2015 corresponde al valor que tenía en 2005. Un retroceso, en términos de las dimensiones de la economía, de una década. Más aún, en 2015 tenemos menos de la mitad del tamaño de la economía que teníamos en 2012. 

Una economía que se vaya reduciendo es sinónimo de disminución de posibilidades de bienestar para todos sus habitantes. Lo ideal es que las economías crezcan, generen mayores opciones para el empleo productivo y para la creación de empresas. Es la única forma de generar los ingresos y la difusión de los recursos que permitan llegar a más personas, más familias, más comunidades. La reducción del tamaño de la economía venezolana no es otra cosa que el alejamiento de posibilidades para todos.

Toda esta reducción tiene causas concretas. Las políticas económicas implementadas a lo largo de estos casi 17 años han ido justamente en la dirección contraria al progreso y el bienestar. No puede haber crecimiento cuando lo que existe es anulación de las fuentes de inversión, especialmente las que se derivan de la actividad productiva, cuando se arremete contra los derechos de propiedad, cuando se persigue a los empresarios, cuando se establecen controles por doquier. No puede haber crecimiento ni prosperidad cuando se asume que la única meta es controlar la riqueza petrolera por parte del Estado eliminando todas las demás posibilidades. 

Cuando se hace todo lo anterior, se llega al estado de la economía en la actualidad. Hoy estamos padeciendo las consecuencias. Tenemos la peor economía del mundo, en caída libre, sin alternativas visibles por parte del gobierno, creando sufrimientos para toda la población, con la mayor inflación en el mundo en los últimos tres años, con la mayor caída de la producción en toda América. Las evidencias están enfrente de nosotros. Ojalá sirvan para aprender que la ruta es completamente diferente y que el actual gobierno no quiere ir en esa dirección. Estos dos aprendizajes son fundamentales.

Politemas, Tal Cual, 14 de octubre de 2015

Desnutrición en la abundancia

La Venezuela de 2005 es un país de paradojas inaceptables. En pleno boom petrolero, con una expansión extraordinaria de los recursos fiscales, el propio gobierno reconoce que aumenta la desnutrición, especialmente la que afecta a los niños. Esto sucede luego de siete años de intentos infructuosos por implementar una política social a la altura de los requerimientos de los venezolanos.

Bajo el título genérico de “Misiones” se incluye un conjunto de programas de protección que han establecido los lineamientos de la actual política social venezolana. Ha quedado demostrado que estos programas intentan replicar en la realidad venezolana las experiencias de la política social de Cuba. Es conveniente profundizar el análisis de estos programas. Iniciamos dicha tarea con esta entrega.

En líneas generales, las Misiones comparten tres características. En primer lugar, estos programas coexisten con una estrategia de desarrollo que no privilegia la creación de trabajos decentes. La inversión que se realiza, especialmente la concentrada en las misiones educativas, no visualiza la incorporación de los beneficiarios en opciones laborales de alta o moderada productividad. En segundo lugar, las Misiones corresponden a asignaciones que no se incorporan al presupuesto público. De hecho, es bastante difícil identificar las fuentes de financiamiento y el seguimiento de su utilización, mucho menos su impacto. Finalmente, las quejas relacionadas con la discriminación de los beneficiarios por razones políticas o de preferencia electoral son bastantes frecuentes en el país. Más que programas de protección social, las Misiones han sido utilizadas en muchos casos como mecanismos de exclusión política y chantaje electoral.

Aparte de las críticas anteriores, también se puede mencionar que la implementación de algunas misiones deja intactos problemas fundamentales de los sectores pobres del país. El caso de MERCAL ilustra claramente esta deficiencia. La aparición de la Misión MERCAL fue determinada por los problemas de abastecimiento que se desencadenaron en el país en el denominado “paro petrolero”. El objetivo de esta misión es: comercializar y mercadear productos alimenticios y otros de primera necesidad para ser colocados al mayor y al detal en centros de venta fijos o móviles.

Lamentablemente la propia información suministrada por el sitio web de MERCAL impide conocer la dimensión exacta de los alimentos comercializados y las operaciones involucradas. Mucho menos los recursos asignados y los procedimientos utilizados. Sin embargo, es claro que la red de servicios se ha extendido. Existe información anecdótica que indica que los usuarios reclaman mayor calidad y mejoras en la infraestructura de los servicios.

Los usuarios de MERCAL deben poseer ingresos para comprar los alimentos ofrecidos. Mucho más tarde, el gobierno se “percató” de que para muchos venezolanos sin ingreso el acceso a MERCAL era imposible. Ante las claras evidencias de que ha empeorado la situación nutricional, se diseñó el Programa Casas de Alimentación bajo la responsabilidad de FUNDAPROAL, también conocido con el nombre de MERCAL Máxima Protección. Sobre la marcha de este programa tampoco existe información.

De manera tal que en el paraíso petrolero de América coexiste una gran disponibilidad de alimentos y recursos para comprarlos, con el aumento de la desnutrición. Las últimas cifras oficiales, provenientes del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, SISVAN, del año 2004, indican que el 26,8% de los niños entre 7 y 14 años tiene algún grado de desnutrición. En el caso de los niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 25,8%. En ambos grupos aumentó la desnutrición entre 2003 y 2004. Es evidente que la erradicación de la desnutrición en el país requiere mucho más que la oferta de alimentos. El gobierno actual ha demostrado que no puede con esta exigencia.

Politemas, Tal Cual, 14 de diciembre de 2005