Venezuela vive circunstancias muy difíciles. La elección de la nueva Asamblea Nacional abre posibilidades para enfrentarlas con decisión y éxito. Para ello se requiere acordar sobre la naturaleza y efectos de cada una de las crisis que están en evolución. Es el primer paso para establecer el marco de opciones sobre las cuales debería acordarse en las próximas semanas.
La primera crisis es un dramático deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, y especialmente, la caída brutal del ingreso de las familias. Para mediados de 2015, prácticamente el 50% de los hogares del país estaban en situación de pobreza extrema. Esto es, en esos hogares (la mitad de los hogares, insistimos) no alcanza el ingreso para comprar los alimentos de la canasta de referencia. En los meses transcurridos hasta el final de 2015 no ha existido ninguna medida de política económica o social que indique que la situación ha mejorado. Este deterioro del ingreso afecta también el consumo de las familias en otros bienes como los medicamentos, dadas las grandes restricciones en su producción y acceso. Todo lo anterior se agrava en la medida que la inflación más grande del mundo avanza hacia el cuarto año seguido.
La crisis social, dada su gravedad y urgencia, debe ser atendida por dos vías complementarias. La primera vía es la implementación en el corto plazo de un programa de complemento al ingreso de las familias. Este complemento debe ser en dinero y estar dirigido a las familias más afectadas por la caída del poder adquisitivo. Dichas familias son aquellas en las cuales las condiciones de servicios, hacinamiento, asistencia a la escuela, son más precarias y con mayor riesgo de permanecer en situación de pobreza crónica. En este momento esta situación de mayor riesgo puede extenderse al 25% de los hogares del país. Este programa es temporal y posteriormente debe dar paso a transferencias condicionadas como se realizan actualmente en varios países de América Latina.
La segunda vía para atender el inmenso drama social que vive el país, es poner en ejecución paralelamente una política económica orientada a la producción de valor. Esto significa abandonar los esquemas fracasados de las políticas de control de precios, de control de divisas, de estatizaciones, de restricciones a la actividad de creación y desarrollo de empresas en todas sus dimensiones. Esto significa una política económica orientada al crecimiento sostenible con baja inflación, en la cual se pueda estimular la inversión pública y privada de manera articulada. En otras palabras, dar el paso de una economía estatizada a una economía abierta, con mercados vigorosos, que permitan crear los bienes y servicios requeridos. Un cambio económico de esta naturaleza establecería el marco para la recuperación progresiva del ingreso de las familias, y la incorporación de sus miembros a modalidades de empleo de mayor calidad. Obviamente, los plazos para estos cambios estarán vinculados a la efectividad y secuencia de las políticas a implementar.
Para que la crisis social y la crisis económica sean enfrentadas con las mayores posibilidades de éxito, se requiere que el actual gobierno se percate del efecto nocivo que sus políticas han traído para la vida de los venezolanos, y que con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, se acuerde una plataforma de cooperación que permita tomar las decisiones adecuadas. Si el marco de cooperación no es el que prevalece, se daría rienda suelta a una crisis política que sumiría al país en una nueva etapa de enfrentamientos. La peor consecuencia de esa crisis política es que impediría atender con decisión la crisis social y la crisis económica que ya están en curso. Esperemos que la conciencia de los riesgos y dificultades que viven los ciudadanos sea un factor decisivo para promover los entendimientos y los acuerdos que se requieren. Son los mejores deseos de todos los venezolanos para el Nuevo Año.
Politemas, Tal Cual, 16 de diciembre de 2015
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