De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina al menos 230 millones de personas no están protegidas por ningún tipo de seguro de salud. Tal fue el tema de la participación oficial de la OPS en el I Congreso Latinoamericano de Salud celebrado hace pocas semanas en Bolivia. Según la nota de prensa, este Congreso contó con la participación de organizaciones no gubernamentales de catorce países. También se señala que las autoridades de los gobiernos habían ofrecido asistir, pero ninguna delegación se presentó finalmente.
El poco interés de los gobiernos para asistir a este encuentro, cuyo punto central era identificar vías para alcanzar una mayor cobertura y equidad en el sistema de salud, es muy preocupante, especialmente porque la ponencia oficial de la OPS señala también que América Latina es la región más inequitativa del mundo en un aspecto tan importante.
No puede haber cobertura universal de la salud sin la participación financiera del sector público. El mercado de la salud es muy imperfecto. Los usuarios de los servicios están en una posición desventajosa porque poseen muy poca información de las opciones y de los tratamientos. Además, la organización del sistema implica la participación de múltiples instituciones, muchas veces con intereses contrapuestos.
Para que todo ello pueda subsanarse, se debe contar con la participación del Estado, especialmente a través del gasto público. La garantía de financiamiento, proveniente de fuentes públicas, permite que muchos de los ciudadanos, especialmente aquellos de los sectores con menos recursos, puedan contar con el acceso regular a servicios de salud. En todos los países desarrollados con cobertura universal de salud, el gasto público es superior al gasto privado. Es verdad que no es la única condición, pero es evidente que no puede haber cobertura universal sin un rol preponderante para el financiamiento público.
De manera que examinar el porcentaje de la población que no cuenta con seguros de salud es probablemente uno de los mejores indicadores que reflejan el grado de equidad del sistema de salud. De acuerdo con las cifras de OPS, el 46% de la población de América Latina no tiene seguro de salud. En el caso de Venezuela, por diversos estudios, e incluso con fuentes oficiales de la III Encuesta Nacional de Presupuestos Familiares, este porcentaje oscila entre 70 y 80% según las fuentes. Esta diferencia es dramática. Eso significa que un altísimo porcentaje de la población no tiene posibilidad ni siquiera de entrar al sistema de salud. Tal porcentaje nos coloca entre los países de la Región en los cuales la cobertura, establecida como la incorporación real a los beneficios de salud, está entre las más bajas. Si a ello sumamos que apenas 42% de todo el gasto proviene de fuentes públicas, quedan muy evidentes las grandes restricciones para la cobertura salud que tenemos en Venezuela.
En la práctica, la situación de aquellos que no cuentan con seguro de salud, se hace más vulnerable. No existen instituciones en las cuales puedan exigir ese derecho. De manera que la cobertura se convierte en un evento aleatorio, que sólo es accesible a una minoría de los ciudadanos. Es por ello que el aumento de la cobertura real de los servicios de salud se ha convertido en una meta inaccesible para los venezolanos.
Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 10 de abril de 2011
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