El Presidente siguió sin ningún tipo de empacho. Dos días después de la larga cadena de la semana pasada, decidió ir por el premio grande. Esto es, pronunciar el juicio más inexacto y exagerado que haya emitido sobre las condiciones de la salud de los venezolanos.
El martes en la noche por el canal 8, el Presidente señaló que el 95% de la población tenía “asegurada” la cobertura médica. Dijo que tal cobertura era 21% en 1998 y que a través de la gestión de su gobierno se había elevado al porcentaje señalado.
Lo primero que el Presidente demuestra no saber, o no le han informado sus asesores, es el concepto de seguro de salud público. Tal seguro es una garantía que establece el Estado para sufragar los gastos de salud de una población determinada. Por lo tanto, debe estar estipulado en la legislación e incluir en detalle los servicios a financiar. En algunos países es un decreto, o una ley que establece el tipo de servicios, la frecuencia de uso, y los mecanismos de utilización de los niveles de especialización y tecnologías. Por ejemplo, si una mujer está embarazada se indican el número de consultas, el tipo y número de exámenes de laboratorio y de radiodiagnóstico, entre otros aspectos.
Con todo eso estipulado, las personas pueden reclamar cuando no reciben la cantidad y calidad de servicios requeridos. Es igual a los seguros privados, en los cuales existe una póliza de cobertura, bastante extensa en algunos casos. La única diferencia es que en el seguro público el financiamiento proviene de los impuestos o de las contribuciones de la seguridad social.
En Venezuela no existe tal especificación de los servicios a cubrir con fondos públicos. El gobierno actual no ha incorporado tal requisito en ninguna de las “n” versiones de la Ley del Sistema Público Nacional de Salud, la misma ley que tiene casi diez años de mora con la Constitución de 1999. En consecuencia, si no existe la obligatoriedad y especificidad de la cobertura de salud, mal puede el propio Presidente de la República señalar que abarca al 95% de los venezolanos. ¿De dónde sacó esa cifra el Presidente? ¿Del registro de personas “aseguradas”? ¿Dónde está ese registro? ¿Quién lo administra? ¿Dónde está señalado lo que le corresponde a cada ciudadano en materia de servicios de salud?
Tal registro, obviamente, no existe. Sin embargo, el Presidente se atreve a indicar la cifra, toda “exacta”, sin ni siquiera un decimal. Basa su cálculo en el número de servicios disponibles. Ya varias semanas atrás había reconocido que había 2.000 consultorios cerrados porque no tenían médicos. Entonces, ahora que tienen médicos, ¿aumentó de repente la cobertura? El Presidente desconoce, y sus asesores también, que desde hace décadas los sistemas de salud no se evalúan por los recursos disponibles (médicos, enfermeras, ambulatorios, entre otros). Se evalúan por el uso específico que se hace de ellos, es decir, por el cumplimiento de los servicios a cada ciudadano. Con nombre y apellido, y con los servicios bien detallados.
El Presidente, con gran debilidad por el ilusionismo, pretende transmitir una imagen totalmente falsa. Hasta el punto que desconoce los resultados de una Encuesta Nacional, realizada por el Conacuid en el año 2005, con la asistencia técnica de consultores europeos, en la que se constata que el 67,8% de los habitantes de Venezuela no cuenta con ningún tipo de seguros de salud. En los sectores más pobres (grupo E de la encuesta), casi el 80% de la población no tiene seguro de salud. Para todos ellos, es muy claro que el Presidente no conoce su realidad.
El martes en la noche por el canal 8, el Presidente señaló que el 95% de la población tenía “asegurada” la cobertura médica. Dijo que tal cobertura era 21% en 1998 y que a través de la gestión de su gobierno se había elevado al porcentaje señalado.
Lo primero que el Presidente demuestra no saber, o no le han informado sus asesores, es el concepto de seguro de salud público. Tal seguro es una garantía que establece el Estado para sufragar los gastos de salud de una población determinada. Por lo tanto, debe estar estipulado en la legislación e incluir en detalle los servicios a financiar. En algunos países es un decreto, o una ley que establece el tipo de servicios, la frecuencia de uso, y los mecanismos de utilización de los niveles de especialización y tecnologías. Por ejemplo, si una mujer está embarazada se indican el número de consultas, el tipo y número de exámenes de laboratorio y de radiodiagnóstico, entre otros aspectos.
Con todo eso estipulado, las personas pueden reclamar cuando no reciben la cantidad y calidad de servicios requeridos. Es igual a los seguros privados, en los cuales existe una póliza de cobertura, bastante extensa en algunos casos. La única diferencia es que en el seguro público el financiamiento proviene de los impuestos o de las contribuciones de la seguridad social.
En Venezuela no existe tal especificación de los servicios a cubrir con fondos públicos. El gobierno actual no ha incorporado tal requisito en ninguna de las “n” versiones de la Ley del Sistema Público Nacional de Salud, la misma ley que tiene casi diez años de mora con la Constitución de 1999. En consecuencia, si no existe la obligatoriedad y especificidad de la cobertura de salud, mal puede el propio Presidente de la República señalar que abarca al 95% de los venezolanos. ¿De dónde sacó esa cifra el Presidente? ¿Del registro de personas “aseguradas”? ¿Dónde está ese registro? ¿Quién lo administra? ¿Dónde está señalado lo que le corresponde a cada ciudadano en materia de servicios de salud?
Tal registro, obviamente, no existe. Sin embargo, el Presidente se atreve a indicar la cifra, toda “exacta”, sin ni siquiera un decimal. Basa su cálculo en el número de servicios disponibles. Ya varias semanas atrás había reconocido que había 2.000 consultorios cerrados porque no tenían médicos. Entonces, ahora que tienen médicos, ¿aumentó de repente la cobertura? El Presidente desconoce, y sus asesores también, que desde hace décadas los sistemas de salud no se evalúan por los recursos disponibles (médicos, enfermeras, ambulatorios, entre otros). Se evalúan por el uso específico que se hace de ellos, es decir, por el cumplimiento de los servicios a cada ciudadano. Con nombre y apellido, y con los servicios bien detallados.
El Presidente, con gran debilidad por el ilusionismo, pretende transmitir una imagen totalmente falsa. Hasta el punto que desconoce los resultados de una Encuesta Nacional, realizada por el Conacuid en el año 2005, con la asistencia técnica de consultores europeos, en la que se constata que el 67,8% de los habitantes de Venezuela no cuenta con ningún tipo de seguros de salud. En los sectores más pobres (grupo E de la encuesta), casi el 80% de la población no tiene seguro de salud. Para todos ellos, es muy claro que el Presidente no conoce su realidad.
Politemas, Tal Cual, 14 de octubre de 2009
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