El gobierno del presidente Chávez prefiere las armas a las ideas, a las soluciones de los problemas de la gente. Esta preferencia no es nada nueva. Recordemos que el 4 de febrero de 1992 se produce un intento de golpe de estado contra un gobierno legítimamente constituido. Muchos ingenuos y pusilánimes ahora han descubierto que la característica central de esa insurrección era el uso de la violencia y de la fuerza. Ese día hubo sangre en muchos hogares venezolanos. Era el precio que se pagó para que los subversivos continuaran su afán desmedido por el control del poder.
La conformación de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 también es producto de la fuerza. Aquella que se ejerce para excluir a sectores políticos que no coincidían con el credo revolucionario. A través de la imposición se logra conformar una representación completamente desproporcionada con respecto a los resultados electorales. La suspensión de la Constitución de 1999, con el nombramiento de los poderes públicos por medios no previstos en la carta magna, configuró un sistema político excluyente y autoritario. No queda la menor duda que los venezolanos hemos retrocedido un mundo en lo que significa el respeto a los derechos humanos, a la pluralidad y a las garantías democráticas.
Ahora el gobierno profundiza otra fase de su proyecto autoritario. Amparado en una supuesta agresión internacional, el gobierno aumenta la compra de armas y propone convertirse en gran productor en este renglón. El gobierno ha centrado sus objetivos en militarizar aún más la vida de los venezolanos. A la paz antepone la guerra, al sosiego antepone la crispación.
Este gobierno que promueve el comercio de armas ha sido incapaz de resolver los problemas fundamentales de los venezolanos. La pobreza, la inseguridad, el desempleo y el subempleo siguen incólumes. Las posibilidades de superar las barreras del desarrollo disminuyen en Venezuela. Las perspectivas de gozar de un sano equilibrio entre las aspiraciones políticas, sociales y económicas, que sirvan para todos los venezolanos, y especialmente aquellos tradicionalmente excluidos, disminuyen en la medida en que tenemos un gobierno que alienta la división y el enfrentamiento, tanto dentro como fuera del país.
En el año 2006 el presupuesto asignado al Ministerio de Defensa es 4,4 billones de bolívares, lo cual representa el 5% de todo el gasto del gobierno. Este presupuesto es superior al del Ministerio de Salud. Es cinco veces superior al gasto del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales. También es superior al gasto del Ministerio de Infraestructura. Es siete veces superior a lo que se gastará en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Más aún, el gasto en defensa es tres veces superior al gasto en seguridad a través del Ministerio e Interior y Justicia. Esto es lo señalado en la Ley de Presupuesto. Sin embargo, no está indicado en el sitio web de la Oficina Nacional de Presupuesto cuál es la variación producto de los créditos adicionales aprobados.
Todo este afán militarista se realiza en un país con profundos déficit sociales. Un país con un gobierno que no es capaz de garantizar desayunos y almuerzos al 80% de sus estudiantes de educación básica, que no es capaz de asegurar educación secundaria al 60% de sus jóvenes, que permite que cada día mueran 20 niños menores de un año por enfermedades completamente prevenibles, que permite que el 12% de los niños reprueben en primer grado, que tolera más de 7.000 homicidios cada año.
Un país así lo menos que necesita es armas. Lo que necesita son soluciones. Un gobierno comprometido en colocar a la gente en el centro de su acción. Que promueva la seguridad y la paz. Que cree empleos decentes y mejore la educación en nuestra escuelas. Que garantice salud a todos los ciudadanos, especialmente a las mujeres y los niños. Que congregue en una misma mesa a todos los actores para impulsar el bienestar y el desarrollo. Esas son las luchas que necesitamos los venezolanos.
Politemas, Tal Cual, 21 de junio de 2006
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