La semana pasada el país tuvo una muestra de la forma en que el gobierno del presidente Chávez enfrenta la exclusión. La solución para la supuesta exclusión en la educación superior, especialmente en las universidades públicas, fue una decisión que pasará a los anales de las políticas públicas venezolanas. Se elimina el sistema de admisión de las universidades públicas, y no se aprueba ningún sistema alternativo. Es el equivalente a eliminar una ley sin aprobar otra que la mejore y perfeccione.
Con esta prueba de “sabia planificación”, el gobierno promueve la incertidumbre y el desconcierto en todas las comunidades universitarias del país, pero especialmente en las familias de los cientos de miles de estudiantes que esperan graduarse de bachiller este año más los que egresaron en años anteriores que tienen intenciones de volver a participar en los procesos de admisión.
Tal incertidumbre y desconcierto ha motivado a las autoridades de las universidades públicas a ratificar la vigencia de los sistemas de admisión y expresar su voluntad de acordar en la Comisión aprobada en el Consejo Nacional de Universidades (CNU) un sistema alternativo satisfactorio.
No quedan muchas dudas de que la conducta oficial no responde a una visión estratégica del problema. Si es cierto que al gobierno le preocupa la inequidad en el acceso a la educación universitaria, ha debido elaborar una propuesta y someterla a la consideración de los miembros del CNU con suficiente anticipación. Es obvio que en un cambio de esta naturaleza exige un proceso de discusión e intercambio, con la mayor calidad de las evidencias disponibles, y con la mayor disposición para alcanzar acuerdos. Ya sabemos que tales exigencias contradicen las prácticas de la actual administración.
Las propias cifras oficiales sirven para desmentir el supuesto interés por reducir la inequidad en nuestro sistema educativo. De acuerdo con el Ministerio de Educación, en el año escolar 1997-1998 teníamos 525.119 estudiantes en cuarto grado de educación básica. Ya para el año 2004-2005, la mitad de estos estudiantes habían abandonado el sistema educativo, esto es exactamente 260.867 jóvenes. Es decir, apenas el 50% de esa cohorte pudo graduarse de bachiller. Esta exclusión sólo es posible atribuirla a la implementación de políticas educativas en los niveles anteriores a la educación superior.
Es también claro que la gran mayoría de los jóvenes que abandonaron la escuela y el liceo en estos años provienen de escuelas oficiales. El 30% de los bachilleres que egresaron en el año 2005 lo hicieron de escuelas privadas. En otras palabras, casi todos los niños de escuelas privadas llegan a ser bachilleres. Sólo el 40% de los que acuden a las escuelas oficiales llegar a ser bachilleres. Es por ello que la exclusión del sistema educativo es una responsabilidad del sector público. En un país con un déficit estimado de 5.000 liceos, apenas se crean 100 liceos públicos por año.
Mal puede entonces el gobierno ufanarse de una supuesta intención de reducir las inequidades a través de las admisiones a la educación superior. La actual administración ha reducido sistemáticamente las posibilidades de nuestros estudiantes de escuelas públicas al excluirlos del sistema. Ha hecho de la exclusión una regla y pretende extenderla hasta las universidades. Mientras la educación pública no pueda garantizar el bachillerato para la gran mayoría de nuestros estudiantes, sus prédicas por la equidad sonarán vacías, huecas. Sonarán más bien como excusas para intervenir en la institución universitaria. Serán, finalmente, muestras de atraso y autoritarismo.
Politemas, Tal Cual, 12 de marzo de 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario