Las raíces del Estatismo

Luego de 17 años, el panorama creado por el predominio de la visión estatista no necesita mayores explicaciones en Venezuela. La injerencia del Estado en cada uno de los aspectos de la vida social es evidente. En el plano político, se puede constatar la tendencia excluyente en el manejo del Estado. Solo aquellos que se adhieren, pueden participar. Todos aquellos que disienten, o simplemente hacen uso de la pluralidad que debe caracterizar una sociedad democrática, son excluidos, prácticamente no existen, mucho menos considerados. Es la segregación política en su máxima expresión. Muchos venezolanos la sufren dramáticamente en la cárcel o en el exilio.

En el ámbito económico, la creencia dominante por parte de los que manejan el Estado es que basta el control de la riqueza petrolera para garantizar la prosperidad. Ergo, si la riqueza petrolera está en manos del Estado, no es necesario tomar en cuenta ningún otro sector productivo. Es la autosuficiencia en su punto más alto. Se trata, en consecuencia, de apropiarse de todas aquellas áreas de la actividad productiva bajo el supuesto de que marcharán mejor en manos del Estado y, por tanto, podrán rendir mejores beneficios para los ciudadanos.

La imposición del Estado también abarca la política social. Solo aquellos que manifiesten su adhesión podrán ser beneficiarios. Para ello se deberán seguir las exigencias, desde la aprobación y apoyo de opinión pública, hasta la votación en los procesos electorales, y el adoctrinamiento. El ciudadano es sustituido entonces por un seguidor condicionado, dependiente de los designios y recursos en manos de los que manejan el Estado.

Cabe preguntarse por los fundamentos de esta conducta, tanto de quienes gobiernan, como de los adeptos a esta visión. Es preciso indagar sobre sus orígenes, para entender las razones que la condicionan. Y más importante, para desarrollar las opciones para que no se vuelva a repetir. 

En 1998, el 16% de los venezolanos, según la encuesta Latinobarómetro, consideraba que el Estado podría resolver todos los problemas de la sociedad porque tenía los medios para ello. El porcentaje más alto en todos los países de América Latina en los cuales se realizó la encuesta en ese año. El 30% de la población consideraba que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas. La suma de ambos porcentajes nos acerca a casi la mitad de la población. De manera que prácticamente uno de cada dos venezolanos pensaba en que el Estado tenía cierta “omnipotencia”. 

La idea de un Estado todopoderoso es un canal de dos vías. En quienes quieren alcanzar el poder, despierta la posibilidad de que manejando al Estado se alcancen todos los sueños. Y en los electores despierta la idea de que aquellos que alcancen el poder tendrán acceso a todas las posibilidades para mejorar sus vidas. Los efectos de esas dos visiones están a la vista. Por una parte, un gobierno que se creyó que manejando exclusivamente al Estado se llegaba al desarrollo. Por la otra, los electores desencantados porque no funcionó. Ojalá podamos aprovechar esta dura lección para concebir un Estado más real, menos omnipotente, menos perfecto.

Politemas, Tal Cual, 11 de noviembre de 2015

En la orquesta del Titanic

Muchos funcionarios del Alto Gobierno actúan como la orquesta que tocaba en los momentos finales del naufragio del Titanic. Hablan como si todo estuviera en calma, bajo control, en las mejores condiciones. Lo hacen con una gran “convicción”. La primera hipótesis que se puede proponer es que tienen una gran afición por el teatro, por desempeñar papeles de ficción. Salen al estrado de las comunicaciones del actual gobierno, bastante grande por cierto, y dicen lo que está en el guión. Lo que ellos creen que será un tremendo éxito. Hablan como si fueran a recibir un estruendoso aplauso. Saben que están diciendo cosas que no son, pero se sienten obligados a cumplir su “responsabilidad”. 

La opción del teatro es, por supuesto, lamentable, pero no es extraña a la conducta tradicional del actual gobierno. La otra opción es todavía peor. Esta es, la que proviene de no tener ni la menor idea de lo que están diciendo. No tienen el manejo de los conceptos básicos, no conocen los detalles de lo que están diciendo. Simplemente se aprovechan de la desinformación que ellos mismos han creado para decir cualquier cosa que suene supuestamente atractiva, como una promesa desesperada, absolutamente fuera de lugar, con el mayor descaro posible.

Es así que luego de 17 años del mayor fracaso económico que se tenga en lo que va del Siglo XXI en el mundo, hay funcionarios del Alto Gobierno que no les tiembla el pulso para decir que este gobierno trabaja en un plan para “eliminar la pobreza”. Ni siquiera se menciona que tal objetivo se alcanzará luego de resolver la actual crisis económica. Nada de eso. 

Para esos funcionarios no existe el hecho de que Venezuela está en el segundo año de una gran recesión, con una caída del PIB estimada en 10%. Ni que es el cuarto año sin crecimiento en los últimos siete. Tampoco existe el hecho de que estamos en el tercer año seguido con la inflación más alta del mundo, y que por los vientos que soplan, esa situación se mantendrá en 2016. Y he aquí que los funcionarios hacen la gran dicotomía, expresan que en esas condiciones es posible eliminar la pobreza. Solo pensar en decir eso sin mayor consideración de lo que está pasando en la realidad, es un completo ejercicio de ignorancia e irresponsabilidad.

Por supuesto para estos funcionarios está muy distante la realidad de que Venezuela tiene hoy más población en pobreza que en 1998, que casi 8 millones de personas no tienen ingreso suficiente para conseguir los alimentos del día. Peor aún, que en esas condiciones no es posible imaginar la reducción de la pobreza a menos que se modifique drásticamente el rumbo de la economía del país. Estos funcionarios tienen en su cabeza un país irreal, están completamente divorciados de la vida cotidiana de los venezolanos, hablan de fantasías, están tocando las últimas melodías de un gobierno que naufraga.

Politemas, Tal Cual, 4 de noviembre de 2015

La caída del poder de compra

En el actual gobierno los venezolanos han experimentado la peor caída en el poder de compra desde que se tiene registro. El poder de compra (PPP, por sus siglas en inglés) es una medida de la capacidad adquisitiva en un país dado. La medida toma en cuenta la producción de bienes y servicios en un determinado país y expresa la capacidad de los habitantes para adquirir bienes a precios internacionales. Dicho de otra forma, en la medida que aumente el PPP, los habitantes de ese país tienen mayor poder adquisitivo a precios internacionales, generalmente en dólares.

El FMI lleva el registro del poder de compra desde 1980. El examen de la serie histórica de Venezuela, comparada con los restantes 18 países de América Latina, nos indica que entre 1980 y 1997, Venezuela tuvo el mayor poder de compra en la Región. Es decir, 18 años ininterrumpidos. El primer lugar se mantuvo a pesar del deterioro de la economía venezolana desde principios de los ochenta y de las coyunturas de los programas de reforma aplicados en 1989 y 1996. Lo cual deja en evidencia la ventaja que había acumulado Venezuela en los años precedentes, fundamentalmente debida a la preponderancia de los ingresos petroleros, y las mejoras derivadas de las reformas emprendidas. También debe señalarse que la medición del poder de compra es un agregado para toda la población, no toma en cuenta las diferencias en poder adquisitivo que puedan tener los distintos estratos socio-económicos. 

Lo cierto del caso es que en ese largo período (1980-1997), Venezuela tenía el mayor poder adquisitivo en la Región. En 1997 el valor del poder de compra de Venezuela era 11.947 dólares. En 1998 el valor del poder de compra de Venezuela solo era superado por Argentina. En otras palabras, en el año que asume el actual gobierno, Venezuela tenía el segundo poder adquisitivo más alto de la Región.

Eso fue hace ya casi 17 años. Como consecuencia de las políticas ejecutadas por el actual (y largo) gobierno, el poder adquisitivo de Venezuela ha caído 7 puestos (según las estimaciones que hace el FMI para el año 2016). Esto significa que siete países (Chile, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Brasil y República Dominicana) ya superan el poder de compra de Venezuela. De continuar las políticas que están en ejecución en la actualidad, en 2018 Venezuela caerá al lugar número 11 en poder de compra, es decir, superada también por Colombia y Perú.

Es difícil proponer otra medida que exprese más el desastre para las condiciones de vida que han significado las políticas del actual gobierno. Todo ha concluido en la anulación de capacidad productiva. La concepción de que era posible basar el desarrollo solamente en el Estado, excluyendo a todos los demás sectores productivos, no puede haber tenido un fracaso más estruendoso. 

La segregación política, la anulación de los equilibrios de poderes, la violación de los derechos de propiedad y de organización sindical, la implantación de controles y regulaciones para favorecer grupos con enormes privilegios, la reducción de la política social a prebendas y clientelismo, todo eso ha conllevado la destrucción de las posibilidades de bienestar de los venezolanos. Las evidencias están a la vista.

Politemas, Tal Cual, 28 de octubre de 2015

Presupuesto de ficción

Definitivamente la ficción puede superar a la realidad. No queda otra forma de analizarlo. Resulta que el gobierno de Venezuela elabora el presupuesto del año 2016 sin incluir las estimaciones macroeconómicas. Algo así como decir lo que se va a gastar sin saber los ingresos, ni mucho menos el efecto que tendrá la inflación sobre los recursos “presupuestados”. Los medios indican que esta práctica es una instrucción emanada directamente del Alto Gobierno.

De manera que, como también lo han reseñado los medios, será la primera vez desde que se constituyó la República, que un gobierno venezolano elabora un presupuesto sin los conceptos fundamentales que permitan analizar su impacto. No es exagerado decir que también se ha debido batir cualquier récord internacional sobre la materia. Un presupuesto sin supuestos macroeconómicos es algo definitivamente para los anales de la economía mundial.

Por supuesto todo eso vuelve añicos, nuevamente, lo establecido en la Constitución de 1999 sobre el régimen presupuestario. Allí se indica que la gestión fiscal se debe regir por la “eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal”. Palabras que definitivamente suenan desconocidas, inexistentes. Especialmente cuando vamos a cumplir un año sin cifras sobre el crecimiento y la inflación. O cuando sabemos que desde hace muchos años el presupuesto que llega a la Asamblea Nacional es aprobado sin modificarle ningún número.

Ante tal realidad se podría concluir que esta es la práctica “normal”. Definitivamente no lo es. Solo con entrar en internet y buscar los proyectos de presupuestos en países cercanos se llega a otra situación. Tomemos, por ejemplo, el caso de Colombia. Sabemos por lo archivos encontrados que el presupuesto 2016 del gobierno vecino se encuentra disponible desde agosto de este año. Todas las personas que lo quieren consultar lo pueden hacer sin problema. También están todas las comunicaciones oficiales de los organismos responsables en las distintas etapas del proceso presupuestario.

Además se encuentra disponible una presentación completa del contenido del presupuesto. Al revisarla se conocen varios aspectos. Por ejemplo, que en 2016 la expectativa de crecimiento económico de Colombia es 3,8%. Superior al 3,6% de este año. También se conoce que la inflación del año próximo se estima en 3%, menor al 4% de este año. Y también sabemos que en Colombia se espera que el precio promedio del barril de petróleo sea 64,6 dólares, y que un dólar se compre con 2.502 pesos. A lo largo de la presentación también se explica cuál es la expectativa del equilibrio fiscal hasta mediados de la próxima década, así como las previsiones de endeudamiento para el mismo período.

Luego de ver la presentación señalada se tienen más claras las diferencias entre la gestión económica de Colombia y la de Venezuela. Se entiende la razón por la cual allá la economía crece con baja inflación, y que acá tengamos la peor del mundo. Allá se planifica para el largo plazo. Acá no sabemos lo que pasará mañana. Al final todo termina con un presupuesto. Mientras tengamos presupuestos de ficción, tendremos una pésima realidad.

Politemas, Tal Cual, 21 de octubre de 2015

Economía en caída libre

En 1998 los venezolanos tenían el segundo poder de compra más alto de América Latina. El primero lo tenía Argentina. El valor de ese poder de compra equivalía a cerca de 12 mil dólares. Dicho monto era superior al que tenían los ciudadanos de México, Chile, Uruguay, Brasil, solo por señalar algunos países. 

El último pronóstico del FMI, presentado en Lima la semana pasada, nos indica que en el año 2015 los venezolanos tenemos el sexto poder de compra de América Latina. Una caída de cuatro puestos. Los cinco primeros lugares corresponden a Chile, Argentina, Uruguay, Panamá y México. También en este pronóstico se indica que la economía venezolana es la séptima en tamaño en la Región, por debajo del lugar que había ocupado al menos desde 1980. También llamativo es que el tamaño de la economía venezolana en 2015 corresponde al valor que tenía en 2005. Un retroceso, en términos de las dimensiones de la economía, de una década. Más aún, en 2015 tenemos menos de la mitad del tamaño de la economía que teníamos en 2012. 

Una economía que se vaya reduciendo es sinónimo de disminución de posibilidades de bienestar para todos sus habitantes. Lo ideal es que las economías crezcan, generen mayores opciones para el empleo productivo y para la creación de empresas. Es la única forma de generar los ingresos y la difusión de los recursos que permitan llegar a más personas, más familias, más comunidades. La reducción del tamaño de la economía venezolana no es otra cosa que el alejamiento de posibilidades para todos.

Toda esta reducción tiene causas concretas. Las políticas económicas implementadas a lo largo de estos casi 17 años han ido justamente en la dirección contraria al progreso y el bienestar. No puede haber crecimiento cuando lo que existe es anulación de las fuentes de inversión, especialmente las que se derivan de la actividad productiva, cuando se arremete contra los derechos de propiedad, cuando se persigue a los empresarios, cuando se establecen controles por doquier. No puede haber crecimiento ni prosperidad cuando se asume que la única meta es controlar la riqueza petrolera por parte del Estado eliminando todas las demás posibilidades. 

Cuando se hace todo lo anterior, se llega al estado de la economía en la actualidad. Hoy estamos padeciendo las consecuencias. Tenemos la peor economía del mundo, en caída libre, sin alternativas visibles por parte del gobierno, creando sufrimientos para toda la población, con la mayor inflación en el mundo en los últimos tres años, con la mayor caída de la producción en toda América. Las evidencias están enfrente de nosotros. Ojalá sirvan para aprender que la ruta es completamente diferente y que el actual gobierno no quiere ir en esa dirección. Estos dos aprendizajes son fundamentales.

Politemas, Tal Cual, 14 de octubre de 2015

Desnutrición en la abundancia

La Venezuela de 2005 es un país de paradojas inaceptables. En pleno boom petrolero, con una expansión extraordinaria de los recursos fiscales, el propio gobierno reconoce que aumenta la desnutrición, especialmente la que afecta a los niños. Esto sucede luego de siete años de intentos infructuosos por implementar una política social a la altura de los requerimientos de los venezolanos.

Bajo el título genérico de “Misiones” se incluye un conjunto de programas de protección que han establecido los lineamientos de la actual política social venezolana. Ha quedado demostrado que estos programas intentan replicar en la realidad venezolana las experiencias de la política social de Cuba. Es conveniente profundizar el análisis de estos programas. Iniciamos dicha tarea con esta entrega.

En líneas generales, las Misiones comparten tres características. En primer lugar, estos programas coexisten con una estrategia de desarrollo que no privilegia la creación de trabajos decentes. La inversión que se realiza, especialmente la concentrada en las misiones educativas, no visualiza la incorporación de los beneficiarios en opciones laborales de alta o moderada productividad. En segundo lugar, las Misiones corresponden a asignaciones que no se incorporan al presupuesto público. De hecho, es bastante difícil identificar las fuentes de financiamiento y el seguimiento de su utilización, mucho menos su impacto. Finalmente, las quejas relacionadas con la discriminación de los beneficiarios por razones políticas o de preferencia electoral son bastantes frecuentes en el país. Más que programas de protección social, las Misiones han sido utilizadas en muchos casos como mecanismos de exclusión política y chantaje electoral.

Aparte de las críticas anteriores, también se puede mencionar que la implementación de algunas misiones deja intactos problemas fundamentales de los sectores pobres del país. El caso de MERCAL ilustra claramente esta deficiencia. La aparición de la Misión MERCAL fue determinada por los problemas de abastecimiento que se desencadenaron en el país en el denominado “paro petrolero”. El objetivo de esta misión es: comercializar y mercadear productos alimenticios y otros de primera necesidad para ser colocados al mayor y al detal en centros de venta fijos o móviles.

Lamentablemente la propia información suministrada por el sitio web de MERCAL impide conocer la dimensión exacta de los alimentos comercializados y las operaciones involucradas. Mucho menos los recursos asignados y los procedimientos utilizados. Sin embargo, es claro que la red de servicios se ha extendido. Existe información anecdótica que indica que los usuarios reclaman mayor calidad y mejoras en la infraestructura de los servicios.

Los usuarios de MERCAL deben poseer ingresos para comprar los alimentos ofrecidos. Mucho más tarde, el gobierno se “percató” de que para muchos venezolanos sin ingreso el acceso a MERCAL era imposible. Ante las claras evidencias de que ha empeorado la situación nutricional, se diseñó el Programa Casas de Alimentación bajo la responsabilidad de FUNDAPROAL, también conocido con el nombre de MERCAL Máxima Protección. Sobre la marcha de este programa tampoco existe información.

De manera tal que en el paraíso petrolero de América coexiste una gran disponibilidad de alimentos y recursos para comprarlos, con el aumento de la desnutrición. Las últimas cifras oficiales, provenientes del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional, SISVAN, del año 2004, indican que el 26,8% de los niños entre 7 y 14 años tiene algún grado de desnutrición. En el caso de los niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 25,8%. En ambos grupos aumentó la desnutrición entre 2003 y 2004. Es evidente que la erradicación de la desnutrición en el país requiere mucho más que la oferta de alimentos. El gobierno actual ha demostrado que no puede con esta exigencia.

Politemas, Tal Cual, 14 de diciembre de 2005

Sistema a la intemperie

El “detalle” que faltaba. Los resultados de las elecciones del pasado domingo no dejan ya ninguna duda. Los mecanismos de representación, propios de una democracia moderna, han desaparecido en Venezuela. La configuración de un parlamento monocolor, sujeto a las presiones y disposiciones de un poderoso Ejecutivo, indican claramente que los signos autoritarios están más presentes en el país. Las luces de alerta deben haberse encendido en los tableros democráticos de la sociedad venezolana. En caso contrario, nos esperan tiempos más difíciles.

El gobierno del presidente Chávez tiene sus raíces fundamentales en un atentado contra el voto. Los infructuosos golpes militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 intentaron apropiarse del poder por la violencia, por la negación de la discusión democrática, por la anulación del viejo precepto: “una persona, un voto”. Se quiso imponer la lógica de la fuerza de las armas. Sin embargo, ese mismo sistema acosado por las rebeliones militares y el agotamiento de sus liderazgos, tuvo la suficiente capacidad para dar cabida a los supuestos cambios. Originado en elecciones libres, universales y secretas, entra a dirigir los destinos de la nación el mismo grupo que había irrumpido armado en la oscuridad de la noche. 

La naturaleza autoritaria y militar del gobierno surgido en diciembre de 1998 ha operado incesantemente. En su marcha acelerada por la conquista del mayor poder posible se han aniquilado instituciones centrales del sistema democrático. Se aumenta el período presidencial y se incorpora la reelección inmediata. La suspensión de la Constitución de 1999, apenas a una semana de su aprobación, acaba con la independencia de los poderes y desencadena una tendencia clara hacia la exclusión. 

El poder sin contrapesos no se puede auto-regular. Para sostenerse, ese poder debe segregar al adversario. Cuando no existe la visión de que la sociedad requiere el concurso de todos, es absolutamente normal que las decisiones sean entendidas como el triunfo de una facción. Gano cuando mi adversario pierde. Que ganen los dos es inaceptable. 

La exclusión en el poder electoral es el signo más preocupante en las crisis de los sistemas políticos. La razón es muy simple: las elecciones determinan los actores involucrados en la designación de otros poderes públicos. El Poder Electoral designado en 2003 se fundamenta en un acto de exclusión política. Se nombran bandos, no árbitros reconocidos por todos. Los resultados están a la vista. Todas las elecciones realizadas por el actual Poder Electoral han dejado un manto de dudas. Casi todas sus decisiones han expresado las tendencias de las facciones. El Poder Electoral ha actuado para defender intereses sectarios. Ha antepuesto el interés de los grupos al interés colectivo. 

La nueva Asamblea Nacional representa solamente a un sector del país. La ingenua premisa de que su composición permite la imposición de leyes y decisiones al otro sector no representado, conduce a más enfrentamientos y separaciones. En alguna parte del camino debe cesar la política como aniquilación de adversario. Para evitar que esta crisis se profundice, es imperativo acometer con seriedad el saneamiento de nuestro Poder Electoral. Es prioritario acordar las mejores condiciones para contar con un sistema electoral confiable, transparente y aceptado por todos los actores. Las elecciones presidenciales del año 2006 constituyen una excelente oportunidad para estos acuerdos.

El autoritarismo de nuevo cuño ejercido por el actual gobierno ha generado una involución de nuestro sistema político. La institución del voto, central en la democracia, hoy luce desmejorada, lejana. Pareciera que nuestro sistema está desprotegido, sin techo ni abrigo. Hagamos del rescate del voto el eje de nuestro renacer democrático.

Politemas, Tal Cual, 7 de diciembre de 2005

Las pensiones del proceso

Luego de siete años de la administración del presidente Chávez, el país sigue sin tener un sistema de pensiones acorde con las exigencias de la protección social moderna. Esto es más reprochable en un gobierno que proclamó en sus primeros años un supuesto interés en estos aspectos. Es evidente que en este largo período gubernamental lo que ha habido es una gran lista de promesas incumplidas en esta área. 

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999 discutió las opciones de seguridad social para el país. Para los grandes temas prevaleció muchas veces la visión ideológica, más que la sensatez técnica y política. Ese fue el caso de la seguridad social. 

La ANC aprueba en el artículo 80 de la Constitución la modalidad de las pensiones no-contributivas. Esto es, aquellas pensiones que son otorgadas a los trabajadores que hayan alcanzado determinada edad sin que hayan realizado contribuciones periódicas a los fondos de la seguridad social. De esta manera se garantiza que todas las personas pueden contar con una pensión luego de su vida activa, independientemente de su historia de contribuciones al sistema. Esta modalidad de pensiones, inexistente en Venezuela hasta la Constitución de 1999, es un avance significativo en la equidad de la protección social. Muchos países desarrollados han incorporado esta modalidad en sus legislaciones, así como algunos países de América Latina, entre los cuales están Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Costa Rica.

Lamentablemente, la ANC aprobó el avance, pero también le colocó una restricción que lo convirtió en letra muerta. Esta restricción es el monto asignado a la pensión no-contributiva. Animados por el espíritu nominal del año 1999, aquel que asumía que establecer regulaciones bastaba para modificar la realidad, la mayoría de los diputados de la ANC aprueba que el monto de las pensiones no-contributivas no puede ser menor al salario mínimo urbano. Es claro que al colocar la pensión no-contributiva en ese monto, las tasas de cotización tienen que aumentarse para que las pensiones de los que han contribuido al sistema sean mayores que el salario mínimo. De lo contrario daría lo mismo cotizar que no cotizar, lo cual es un incentivo perverso para la creación de empleos en el sector formal. Muchos países han resuelto este aspecto al definir la pensión no-contributiva como un porcentaje sobre el salario mínimo (por ejemplo, entre 50 y 70%).

La ANC hizo caso omiso de las observaciones técnicas que se hicieron en esa época. La propuesta era sencilla: que se incorporaran las pensiones no-contributivas como un porcentaje (entre 50-70%) del salario mínimo. Al aprobarse el artículo 80 en los términos señalados se impidió la reforma general del sistema de pensiones.

Por supuesto ese aprendizaje fue lento y costoso. Porque la realidad, cuando se la quiere mirar con los ojos de la prepotencia, tiene sus propios tiempos. La propuesta de reforma de la Comisión Presidencial de Seguridad Social de 2001 contenía las tasas de cotización más costosas de América Latina. La inviabilidad era monumental. Obviamente, esa reforma estaba signada por el fracaso. 

Pero el fracaso se extiende hasta la fecha. Al cerrar el último año de la Asamblea Nacional, la reforma del sistema de pensiones sigue pendiente. Sin embargo, como muestra significativa de que la realidad siempre se impone, los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en la Ley de Servicios Sociales que las personas adultas mayores “en estado de necesidad y con ausencia de capacidad contributiva” recibirán “asignaciones económicas” entre 60 y 80% del salario mínimo urbano vigente. 

Esta larga marcha por la arrogancia y la incapacidad en el manejo de un tema tan delicado, ha significado que no se hayan otorgado pensiones no-contributivas en estos seis años. En este tema, como en tantos otros, el gobierno del presidente Chávez sigue perdido, sigue sin rumbo.

Politemas, Tal Cual, 30 de noviembre de 2005

Exclusión originaria

El país no sale de la sorpresa. El final del séptimo año de la Administración Chávez no deja ya ninguna duda. Venezuela ha retrocedido en dos dimensiones fundamentales del desarrollo: el bienestar de la gente y la institucionalidad democrática. 

Los venezolanos sabemos que la propuesta gubernamental tiene pies de barro. Como en otras épocas de nuestra historia, se asoma con fuerza el espejismo de que es posible alcanzar el desarrollo contando con el poder inmenso de la inversión pública. Es obvio que el auge del mercado petrolero no basta para generar un ritmo de crecimiento sostenible y diversificado. Prueba de ello es la reiterada incapacidad de nuestra economía para crear trabajos decentes. Todo lo contrario: lo que experimentamos es una disminución de los puestos de trabajo de alta productividad. 

Tampoco contamos con una política social que contribuya a mejorar el bienestar de la gente. Está suficientemente demostrado los retrocesos en la salud, en la seguridad pública, en la protección social, y en la cobertura y calidad del sistema educativo. Las Misiones, aspirantes a programas de protección social, tienen carencias de diseño e implementación sumadas a la utilización proselitista e ideológica.

Para colmo de males el país ha observado con estupor en las últimas semanas los efectos de no contar con el adecuado equilibrio de poderes. Jueces que no generan confianza, fiscales sin credibilidad ni profesionalismo, defensores del pueblo que callan y otorgan, contralores indiferentes ante el manejo discrecional de la cosa pública, tal es la crisis institucional que vive el país.

Todo lo anterior expresa las consecuencias de asumir el gobierno como tarea excluyente. Para lo cual es mejor doblegar que sumar. Bajo una óptica que no cree en los acuerdos, ni mucho menos los promueve. El país padece los efectos de la exclusión originaria. 

Esta exclusión se deriva de la suspensión constitucional producida a finales del año 1999. El 15 de diciembre de ese año se aprueba a través de referéndum la Constitución propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, en el marco de un país consternado y paralizado por la tragedia de Vargas, la ANC procede a cesar todos los poderes públicos en contradicción con las bases comiciales que le dieron origen. Más grave aún, la ANC procede al nombramiento de todos los poderes públicos (Tribunal Supremo, Fiscalía, Contraloría, y CNE) sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en la Constitución que se acababa de aprobar. El poder originario se convirtió en exclusión originaria. La Constitución de 1999 fue suspendida al nacer. Las consecuencias de esta suspensión están a la vista.

La creciente concentración de poderes que se ha impuesto en Venezuela obstaculiza el bienestar de la gente y aniquila la democracia abierta. No se puede enfrentar los grandes retos del desarrollo con exclusión, creando el mito de las verdades únicas, indiscutibles, rindiendo pleitesía a los liderazgos autoritarios, militaristas, basados en la imposición y la obediencia y no en el diálogo y el acuerdo.

Cada día más venezolanos están conscientes de que el gobierno del presidente Chávez es un liderazgo del pasado, excluyente e incompetente. Cada día más venezolanos están convencidos de que el gobierno actual lo único que nos traerá es más separación. 

Para sobreponernos a las consecuencias de la exclusión originaria, necesitamos liderazgos amplios, que convoquen a la unidad y la concertación, que sean capaces de fortalecer el encuentro y la concordia, que trabajen para encontrar las coincidencias, que combatan frontalmente el militarismo y la intolerancia, que coloquen el bienestar de la gente en el centro de la acción pública y el desarrollo de la democracia como objetivo de la lucha política. Y para todo eso, los venezolanos se organizarán.

Politemas, Tal Cual, 23 de noviembre de 2005

Datos bien guardados

La cobertura y la calidad de los servicios de agua y saneamiento básico (especialmente la disposición de aguas servidas), tienen al menos tres efectos relevantes para elevar el nivel de desarrollo de un país. En primer lugar, estos servicios son sinónimo de bienestar personal, familiar y colectivo. Especialmente si son regulares y de costo accesible. 

En segundo lugar, tienen efectos directos sobre la salud. Solamente por citar un ejemplo: los países con mejores redes de estos servicios tienen una menor frecuencia de diarreas y las complicaciones asociadas. Recordemos que en Venezuela en el año 2003 murieron 1.110 niños menores de un año por diarrea, también llamada gastroenteritis. Es evidente que la dotación de agua potable de calidad y de servicios de cloacas hubiera significado la diferencia entre la vida y la muerte. Sin ninguna exageración.

Finalmente, la inversión en la construcción y ampliación de estos servicios se expresa en empleos directos e indirectos. Tanto en las fases de diseño e instalación, como en la operación y mantenimiento. Podríamos decir, por estas razones, que mejorar los servicios de agua y saneamiento es un verdadero “negocio redondo” para el desarrollo.

Es por ello que la Meta 10 de los Objetivos del Milenio es justamente: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible a agua potable y saneamiento básico. El informe de Naciones Unidas, “Objetivos del Milenio: Una mirada desde América Latina y el Caribe” (www.eclac.org), analiza los avances de los países de la región en el cumplimiento de esta meta en el período 1990-2002.

En el caso del acceso sostenible a mejores fuentes de abastecimiento de agua en zonas urbanas, llama la atención que ya tres países alcanzaron el 100% de la población: Costa Rica (ya tenía este porcentaje en 1990), Chile y Paraguay. Otros países que han mostrado progresos notables son México, Ecuador, Guatemala y Honduras. Los dos últimos países ya han alcanzado coberturas de 99% de la población. El acceso a abastecimiento de agua en zonas rurales ha experimentado significativos aumentos en Guatemala (de 69 a 92%) y Ecuador ( de 54 a 77%) en el período señalado. 

En lo que respecta al acceso a mejores servicios de saneamiento en zonas urbanas, es llamativo el aumento experimentado por Chile (de 91 a 96%), Paraguay (de 71 a 94%), y Honduras (de 77 a 89%). Las zonas rurales de América Latina, por su parte, todavía presentan significativos déficits. Sólo 44% de la población en áreas rurales tenía acceso a servicios de saneamiento en el año 2002. Costa Rica es nuevamente el líder con una cobertura de 97%. También destacan los avances de Ecuador (de 36% a 59%), Honduras (de 31 a 52%) y Nicaragua (de 27 a 51%).

A todas estas, apreciado lector, usted se estará preguntando por los avances de Venezuela. Al igual que nosotros, querrá saber nuestra posición en esta meta del milenio. Lamentablemente, debemos informarle que en la tabla respectiva no existe información sobre Venezuela. Para cada uno de los cuatro indicadores aparecen unos significativos puntos suspensivos. De nuestro país no existe ningún dato comparado sobre la cobertura de agua y saneamiento. Es el único país sin datos en los cuatro indicadores.

Un tanto decepcionados revisamos el sitio web del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. Tratando de conseguir un dato, una idea, una referencia. Muy destacado se encontraba el anuncio de que Venezuela ya había cumplido las metas del milenio en esta área. Buscamos más detalle y nos encontramos con una página tan blanca como vacía. Sin embargo, queda un discreto consuelo: esos datos no los pudo conseguir ni siquiera toda la capacidad técnica de las Naciones Unidas. En el caso de agua y saneamiento queda claro que la administración del presidente Chávez guarda muy bien los datos. Tanto, que nadie los puede ver.

Politemas, Tal Cual, 16 de noviembre de 2005