El país no sale de la sorpresa. El final del séptimo año de la Administración Chávez no deja ya ninguna duda. Venezuela ha retrocedido en dos dimensiones fundamentales del desarrollo: el bienestar de la gente y la institucionalidad democrática.
Los venezolanos sabemos que la propuesta gubernamental tiene pies de barro. Como en otras épocas de nuestra historia, se asoma con fuerza el espejismo de que es posible alcanzar el desarrollo contando con el poder inmenso de la inversión pública. Es obvio que el auge del mercado petrolero no basta para generar un ritmo de crecimiento sostenible y diversificado. Prueba de ello es la reiterada incapacidad de nuestra economía para crear trabajos decentes. Todo lo contrario: lo que experimentamos es una disminución de los puestos de trabajo de alta productividad.
Tampoco contamos con una política social que contribuya a mejorar el bienestar de la gente. Está suficientemente demostrado los retrocesos en la salud, en la seguridad pública, en la protección social, y en la cobertura y calidad del sistema educativo. Las Misiones, aspirantes a programas de protección social, tienen carencias de diseño e implementación sumadas a la utilización proselitista e ideológica.
Para colmo de males el país ha observado con estupor en las últimas semanas los efectos de no contar con el adecuado equilibrio de poderes. Jueces que no generan confianza, fiscales sin credibilidad ni profesionalismo, defensores del pueblo que callan y otorgan, contralores indiferentes ante el manejo discrecional de la cosa pública, tal es la crisis institucional que vive el país.
Todo lo anterior expresa las consecuencias de asumir el gobierno como tarea excluyente. Para lo cual es mejor doblegar que sumar. Bajo una óptica que no cree en los acuerdos, ni mucho menos los promueve. El país padece los efectos de la exclusión originaria.
Esta exclusión se deriva de la suspensión constitucional producida a finales del año 1999. El 15 de diciembre de ese año se aprueba a través de referéndum la Constitución propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Sin embargo, en el marco de un país consternado y paralizado por la tragedia de Vargas, la ANC procede a cesar todos los poderes públicos en contradicción con las bases comiciales que le dieron origen. Más grave aún, la ANC procede al nombramiento de todos los poderes públicos (Tribunal Supremo, Fiscalía, Contraloría, y CNE) sin tomar en cuenta los procedimientos establecidos en la Constitución que se acababa de aprobar. El poder originario se convirtió en exclusión originaria. La Constitución de 1999 fue suspendida al nacer. Las consecuencias de esta suspensión están a la vista.
La creciente concentración de poderes que se ha impuesto en Venezuela obstaculiza el bienestar de la gente y aniquila la democracia abierta. No se puede enfrentar los grandes retos del desarrollo con exclusión, creando el mito de las verdades únicas, indiscutibles, rindiendo pleitesía a los liderazgos autoritarios, militaristas, basados en la imposición y la obediencia y no en el diálogo y el acuerdo.
Cada día más venezolanos están conscientes de que el gobierno del presidente Chávez es un liderazgo del pasado, excluyente e incompetente. Cada día más venezolanos están convencidos de que el gobierno actual lo único que nos traerá es más separación.
Para sobreponernos a las consecuencias de la exclusión originaria, necesitamos liderazgos amplios, que convoquen a la unidad y la concertación, que sean capaces de fortalecer el encuentro y la concordia, que trabajen para encontrar las coincidencias, que combatan frontalmente el militarismo y la intolerancia, que coloquen el bienestar de la gente en el centro de la acción pública y el desarrollo de la democracia como objetivo de la lucha política. Y para todo eso, los venezolanos se organizarán.
Politemas, Tal Cual, 23 de noviembre de 2005
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