El “detalle” que faltaba. Los resultados de las elecciones del pasado domingo no dejan ya ninguna duda. Los mecanismos de representación, propios de una democracia moderna, han desaparecido en Venezuela. La configuración de un parlamento monocolor, sujeto a las presiones y disposiciones de un poderoso Ejecutivo, indican claramente que los signos autoritarios están más presentes en el país. Las luces de alerta deben haberse encendido en los tableros democráticos de la sociedad venezolana. En caso contrario, nos esperan tiempos más difíciles.
El gobierno del presidente Chávez tiene sus raíces fundamentales en un atentado contra el voto. Los infructuosos golpes militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 intentaron apropiarse del poder por la violencia, por la negación de la discusión democrática, por la anulación del viejo precepto: “una persona, un voto”. Se quiso imponer la lógica de la fuerza de las armas. Sin embargo, ese mismo sistema acosado por las rebeliones militares y el agotamiento de sus liderazgos, tuvo la suficiente capacidad para dar cabida a los supuestos cambios. Originado en elecciones libres, universales y secretas, entra a dirigir los destinos de la nación el mismo grupo que había irrumpido armado en la oscuridad de la noche.
La naturaleza autoritaria y militar del gobierno surgido en diciembre de 1998 ha operado incesantemente. En su marcha acelerada por la conquista del mayor poder posible se han aniquilado instituciones centrales del sistema democrático. Se aumenta el período presidencial y se incorpora la reelección inmediata. La suspensión de la Constitución de 1999, apenas a una semana de su aprobación, acaba con la independencia de los poderes y desencadena una tendencia clara hacia la exclusión.
El poder sin contrapesos no se puede auto-regular. Para sostenerse, ese poder debe segregar al adversario. Cuando no existe la visión de que la sociedad requiere el concurso de todos, es absolutamente normal que las decisiones sean entendidas como el triunfo de una facción. Gano cuando mi adversario pierde. Que ganen los dos es inaceptable.
La exclusión en el poder electoral es el signo más preocupante en las crisis de los sistemas políticos. La razón es muy simple: las elecciones determinan los actores involucrados en la designación de otros poderes públicos. El Poder Electoral designado en 2003 se fundamenta en un acto de exclusión política. Se nombran bandos, no árbitros reconocidos por todos. Los resultados están a la vista. Todas las elecciones realizadas por el actual Poder Electoral han dejado un manto de dudas. Casi todas sus decisiones han expresado las tendencias de las facciones. El Poder Electoral ha actuado para defender intereses sectarios. Ha antepuesto el interés de los grupos al interés colectivo.
La nueva Asamblea Nacional representa solamente a un sector del país. La ingenua premisa de que su composición permite la imposición de leyes y decisiones al otro sector no representado, conduce a más enfrentamientos y separaciones. En alguna parte del camino debe cesar la política como aniquilación de adversario. Para evitar que esta crisis se profundice, es imperativo acometer con seriedad el saneamiento de nuestro Poder Electoral. Es prioritario acordar las mejores condiciones para contar con un sistema electoral confiable, transparente y aceptado por todos los actores. Las elecciones presidenciales del año 2006 constituyen una excelente oportunidad para estos acuerdos.
El autoritarismo de nuevo cuño ejercido por el actual gobierno ha generado una involución de nuestro sistema político. La institución del voto, central en la democracia, hoy luce desmejorada, lejana. Pareciera que nuestro sistema está desprotegido, sin techo ni abrigo. Hagamos del rescate del voto el eje de nuestro renacer democrático.
Politemas, Tal Cual, 7 de diciembre de 2005
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