La crisis social no es cuento. No puede serlo en un país que ha tenido ingresos multimillonarios y contempla cada día a casi tres millones de personas yendo a la cama sin comer adecuadamente. Ese es el nombre concreto del autoritarismo incompetente que nos gobierna.
Ya estamos próximos a la mitad de año. El declive de la actividad económica es franco. El asedio a lo que queda de inversión privada es permanente. El gobierno no tiene para pagar deudas. Y su solución es muy simple: tomar las empresas. Poco habla el gobierno de la atención a las condiciones concretas de los ciudadanos afectados por el rumbo perdido de nuestras políticas públicas.
Mientras muchos vecinos de la Región han procedido con rapidez para fortalecer el sistema de protección social, en Venezuela el gobierno luce impotente, indolente. Cuando hoy en día ya se sabe cuáles son las condiciones que deben tener los programas de protección social en coyunturas como la actual, nuestro gobierno actúa como si no tuviera idea de las lecciones aprendidas.
Al menos cinco condiciones deben tener los programas de protección social. La primera es que se inscriban dentro de políticas públicas que apunten a la solución del problema, no a aumentarlo. Es lo que se denomina “políticas contra-cíclicas”. Esto es, si existe una recesión o disminución del ritmo de crecimiento, las políticas deben contribuir a la reanimación del ritmo económico. Para eso el gobierno debe utilizar sus ahorros y canalizarlos en programas de inversión, muchas veces en infraestructura o en áreas de servicios prioritarios. Acá no sabemos ni siquiera si el gobierno tiene de verdad tales ahorros. Muchos menos habrá oído usted sobre programas de inversión.
La segunda es que la inversión se realice con la mayor flexibilidad. Atendiendo justamente a las condiciones locales, para que esté más apegada a los problemas de la población. Otra justificación de la descentralización de los servicios y de las decisiones. No se puede conocer en Caracas todo lo que pasa en el país. Acá las cosas van por otro lado. El gobierno del presidente Chávez ha eliminado la descentralización. Del Estado Federal Descentralizado no queda ni el nombre.
La tercera condición es que exista una red de protección que funcione. De manera que en la situación de crisis se logren canalizar recursos a través de esos mecanismos. Nada más un vistazo a la caída de la inversión de las Misiones deja muy claro que el gobierno ya no las tiene entre sus objetivos. Las Misiones son cascarones de ilusiones que marchan a la deriva. A nadie se le ocurre canalizar más recursos a través de ellas.
La cuarta condición es que los subsidios que se otorguen deban tener una contrapartida por parte de las familias. Por ejemplo, que los niños vayan a la escuela, o al centro de salud para el control de niños sanos. Se trata de que el subsidio genere un cambio en la acumulación de capital humano. Que facilite a las familias la superación definitiva de la pobreza. Y eso sólo se logra a través de mejorar las capacidades productivas de las familias.
Y finalmente, el enfrentamiento de la crisis debe generar empleo para las familias, especialmente para los adultos. Tales empleos pueden ser no especializados, pero pueden suponer opciones de reentrenamiento de la fuerza laboral. También las crisis pueden ser oportunidades para desarrollar las capacidades de los trabajadores.
Las políticas del actual gobierno no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. Para los sectores que deben ser protegidos, el porvenir no puede ser más sombrío.
Politemas, Tal Cual, 13 de mayo de 2009
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