El país se ha quedado sin Constitución. Esto es, se ha quedado sin un acuerdo que regule al poder. La Constitución no es otra cosa que la limitación de la acción de los poderes públicos con el fin de garantizar los objetivos de la sociedad.
Tal acuerdo debe ser compartido. Los actores políticos y sociales aceptan convivir y manejarse en un marco establecido por la Constitución. Es otra forma de llamar a las “reglas de juego”. De manera que existen garantías: “tenemos estos derechos”; “no se pueden arrinconar a los contrarios”, “podemos acudir a la siguiente instancia”. Todas estas premisas se originan en el respeto estricto a lo establecido en la Constitución. En muchos países la Constitución es, entonces, el espacio de encuentro y aceptación de los actores de la sociedad.
Lamentablemente, eso no lo tenemos en Venezuela. Es verdad que no es la primera vez que pasa, pero también es cierto que hoy en día las consecuencias de no tener Constitución real son más graves y preocupantes.
La Constitución de 1999 surgió de una Asamblea Nacional Constituyente que, visto todo lo que ha pasado en estos diez años, fue poco representativa de la diversidad del país. El cuarenta por ciento de la población que no votó por el presidente Chávez en 1998 obtuvo solamente el cinco por ciento de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente. De allí que una discusión que involucrara a todos los sectores del país no fue el signo característico de la nueva Constitución.
La aprobación de la Constitución en un referéndum popular en diciembre de 1999 tampoco fue una garantía del respeto debido. Cuando todavía no se había secado la tinta con la que se había impreso la nueva Constitución, una “jugada” política poco percibida por la población, ocupada, por cierto, en los sucesos de los deslaves de Vargas, determinó que los mecanismos establecidos para el nombramiento de los representantes de los poderes públicos quedaran sin efecto. Esto es, los nombramientos del Tribunal Supremo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, se realizaron fuera de lo establecido en la Constitución.
De manera que aquellas lluvias, trajeron estos lodos. En este año hemos visto cómo una opinión del Tribunal Supremo, no caracterizado casualmente de ser respetuoso del equilibrio de poderes, es utilizado por la Asamblea Nacional, tampoco expresión de autonomía frente al Poder Ejecutivo, para aprobar una ley que anula varios de los artículos de la Constitución y acaba de un solo viaje con la concepción de Estado Federal Descentralizado.
También hemos visto que muchos de los procedimientos judiciales para iniciar las investigaciones de casos de corrupción, especialmente la de líderes de la oposición, son realizadas sin tomar en cuenta las previsiones constitucionales, entre ellas, el debido proceso. También hemos visto cómo la utilización de la mayoría parlamentaria no tiene otro miramiento que la aprobación de mandatos específicos del Poder Ejecutivo.
Es así como progresivamente nos hemos ido quedando sin reglas aceptadas por todos. No solamente ha sido la ejecución de un abuso de poder originario, el de finales de 1999, sino que a medida que se ha profundizado la falta de equilibrio de poderes, la Constitución ha sufrido los embates. En otras palabras, ya se ha modificado tanto el texto constitucional en la práctica que los primeros que deben respetarla, se deben estar preguntando cuál es el verdadero texto. Signo evidente de que ya no tenemos un acuerdo constitucional. Lo que tenemos es el manejo abusivo del poder. Nos hemos quedado sin garantías.
Politemas, Tal Cual, 29 de abril de 2009
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