El gobierno del presidente Chávez es para siempre. Esa es la intención del liderazgo oficialista. Todos los pasos han sido dados en esa dirección. Los éxitos de la alianza democrática en la elecciones del 23 de noviembre de 2008, esto es, la victoria en algunos de los estados más importantes del país (Zulia, Carabobo, Miranda, Táchira, Miranda), junto con la Alcaldía Metropolitana, fueron asumidos por el gobierno como lo que son: oportunidades para realizar buenos gobiernos. Y promover opciones de cambio en la elección presidencial de 2012.
En consecuencia el gobierno “movió” todos los mecanismos para que se reformara la Constitución. Garantizar la posibilidad de reelección presidencial era el objetivo. Se puso a la orden la maquinaria del gobierno. Se fijó la fecha. En menos de tres meses ya se había reformado la Constitución. Desde la perspectiva oficialista el camino está más despegado.
Faltaba una parte de la operación: disminuir las competencias de los gobiernos, en este caso estadales. Tan sencillo como una “acción concertada” con la Asamblea Nacional. En pocos días ya se había aprobado una nueva versión de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público. A pesar de las reacciones de protesta, el gobierno mantiene su curso de minimización de los gobiernos regionales y locales. En algunos casos despacha “brigadas” a tomar por asalto dependencias o propiedades. La intención es evidente: copar todos los espacios y provocar al adversario.
Tales atropellos generan un efecto colateral, bastante favorable a los objetivos del gobierno. Algunos sectores vuelven al argumento: ¿para qué sirven las elecciones si el gobierno hace lo que le viene en gana? Es tan poderosa la sensación que ya mucha gente se olvidó de las elecciones municipales. No se aprecia ninguna posición de la alianza democrática reclamando la realización de las elecciones a mediados de año, como estaba fijado.
¿Qué se puede hacer, entonces, para enfrentar un gobierno tan autoritario e incapaz de aceptar las mínimas reglas de la convivencia democrática? Pues, reforzar la exigencia de que es la sociedad la que tiene que expresarse. Que existen mecanismos de participación basados en el ejercicio del voto directo, universal y secreto, que pueden contraponerse a la desmedida intención de anular la opinión contraria.
Es por ello que en días recientes hemos visto que algunos alcaldes y gobernadores, junto con la alianza de Consejos Legislativos de algunos estados, han acordado impulsar tales opciones de participación. Desde el referéndum consultivo hasta la elección de Asambleas Constituyentes estadales o municipales. Tales opciones pueden formar parte de una estrategia común que favorezca la participación de los ciudadanos. Que sean ellos los que pongan al gobierno nacional en su sitio.
En esa estrategia se debe considerar la solicitud de referendo abrogatorio de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público recientemente aprobada por la Asamblea Nacional. Tal posibilidad está contemplada en el artículo 74 de la Constitución. Allí se establece que la iniciativa puede ser solicitada por un número no menor al 10% de los inscritos en el registro electoral.
La participación electoral, a través de esta convocatoria de referendo abrogatorio, sería una oportunidad de darle una lección al gobierno y a su Asamblea Nacional. Sería una excelente manera de defender a la Constitución con votos. Sería un mensaje muy claro.
Politemas, Tal Cual, 1 de abril de 2009
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