La situación económica está apretando. Todos los indicadores señalan que la economía está en desaceleración. Las perspectivas para el bienestar de las familias, especialmente las pobres, son desalentadoras. Nada más con observar la indiferencia del gobierno para enfrentar el deterioro del ingreso de las familias más pobres, se reafirma la convicción de que andamos sin rumbos, sin respuestas a las expectativas de la población.
En este marco cabe preguntarse por las posibilidades de los gobiernos de los estados para proteger a los sectores más pobres del país. A pesar de la arremetida centralizadora, es conveniente examinar las opciones de políticas que tienen estos gobiernos, aún bajo la merma de sus ingresos.
Suponga usted, entonces, que los gobiernos de los estados quieran desarrollar una gestión que ponga el acento fundamental en la reducción de la pobreza. Lo primero que se requiere es saber cuáles son las dimensiones del problema. Para ello, lamentablemente, hay pocos datos. Y los que existen, están ya atrasados.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos reporta un solo indicador para comparar la pobreza, expresada en términos de ingresos de las familias, en los estados. Se trata del componente de ingreso del “Índice Estatal de Nivel de Vida (IENV)”. Este indicador se define como el porcentaje de personas en hogares con ingreso mayor a la canasta básica para un año dado. El último año con información es 2007.
Un examen de las cifras del INE permite identificar, a rasgos generales, dos grupos de estados. El primer grupo está conformado por los estados en los que menos del 60% de las personas alcanza el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de bienes (esto incluye alimentación, educación, transporte, salud, entre otros rubros). El estado con mayor proporción de personas con ingreso por debajo de la canasta básica es Barinas (sólo 47% de las personas alcanzan este nivel de ingresos). Otros estados en este grupo son Apure, Bolívar, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre, y Vargas. En todos ellos la proporción de personas que tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de bienes oscila entre 50 y 60%.
En todos los demás estados la proporción de personas que alcanza la cesta básica se encuentra entre 60 y 81%. Destacan en este grupo el Distrito Capital (81%) y Miranda (75%). De manera que en muchos de estos estados más del treinta por ciento de la población no alcanza el ingreso de la cesta básica.
Esto, repetimos, era para el año 2007. Lamentablemente no se cuenta con información sobre las condiciones de ingresos de las familias para el año 2008. Asumiendo, lo cual no es necesariamente así, que la caída del ingreso será proporcional en todos los estados, es evidente que en el primer grupo la proporción de personas que no alcanzan la cesta básica puede aumentar hasta 60%. Es también evidente que en el segundo grupo también tendremos una reducción ostensible del ingreso de las personas.
Todo esto apunta a la necesidad de contar con programas de compensación del ingreso de las familias. En el corto plazo. Para muchas de estas familias, esta compensación será fundamental. Sea en especies o en dinero efectivo. Lo cierto es que los gobiernos de los estados podrían financiar parte de estas compensaciones. Para ello se requiere tomar decisiones sobre reajustes de gastos, así como contar con mecanismos de identificación de beneficiarios. No tomar estas decisiones ahora seguramente comprometerá aún más el bienestar de millones de familias en el país.
Politemas, Tal Cual, 6 de mayo de 2009
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