Equivocados hasta el final

El actual gobierno demuestra cada día más lo separado que está de la realidad de los venezolanos. La escasez generalizada, la caída del ingreso de las familias, la inflación completamente desatada (la mayor del mundo), la terrible situación de los servicios públicos (electricidad y agua, solo para citar dos), todos esos hechos no tienen el menor reconocimiento de parte de los funcionarios del gobierno. Según ellos, todos los venezolanos se han puesto de acuerdo para pintar una realidad que según ellos no existe.

Es muy difícil acertar en el gobierno si el primer paso, reconocer los problemas, nunca se ejecuta. A partir de ahí todo lo demás es una secuencia de errores. La última decisión del gobierno es la creación de la Corporación Nacional Productiva. Se trata de una nueva modalidad de la creencia de que solo es posible el desarrollo a través del Estado. El gobierno crea una nueva instancia en la que se colocan todas las empresas públicas para “elevar la productividad”, entre otros objetivos.

Lo que por supuesto no tomó en cuenta el gobierno es que las empresas públicas que ahora deben producir café, azúcar, cemento, por citar unos pocos rubros, no cumplen con las metas que antes se cumplían cuando estaban en manos privadas. Nadie en el gobierno, si es que se le ocurrió la idea, pudo levantar preguntas sobre la productividad real de las empresas públicas, sobre las tremendas distorsiones que experimentan, sobre las inmensas fuentes de corrupción que están en operación. Ninguna de esas preguntas se hizo. Era el primer paso para identificar la causa fundamental de los desastres de la gestión que están a la luz pública y que afectan la vida cotidiana de todos los venezolanos.

No pueden aparecer estas preguntas porque este largo gobierno tomó la decisión de equivocarse hace mucho tiempo. Al asumir que la premisa de toda su acción era controlar el Estado. Nada de analizar lo que más conviene a los efectos de producir. Nada de trabajar en cooperación con el sector privado, nada de identificar la mejor vía para aumentar la productividad, nada de reducir los monopolios públicos y privados que generan altos precios para los consumidores, nada de concentrar la inversión pública en las áreas prioritarias. 

Los resultados de esa equivocación están a la vista de todos: caída de la producción de bienes esenciales, escasez de muchos de ellos, la inflación más alta del mundo, la economía en el tercer año de recesión, pérdida del crédito internacional, servicios públicos en deterioro total, entre otros aspectos. Al final se tiene la afectación de la calidad de vida de los venezolanos. Pues bien, antes de revisar el rol fundamental que ha tenido la visión estatista en este desastre, el gobierno opta por seguir avanzando por la ruta equivocada. Han decidido equivocarse hasta el final.

Politemas, Tal Cual, 24 de febrero de 2016

La peor exclusión

Los venezolanos viven hoy un colosal drama social. Se expresa en todas las dimensiones. Desde los riesgos para la vida, con las amenazas permanentes de violencia, hasta las restricciones en el acceso a la educación, pasando por las dificultades para la atención a la salud, entre otros aspectos. En todas esas facetas la exclusión es la norma. Una gran parte de la población no tiene acceso a los servicios y posibilidades que debe brindar una sociedad democrática y moderna.

Dentro de estas exclusiones hay una en especial que sobrepasa todos los rangos. Se trata de la exclusión relacionada con el disfrute de la etapa como adultos mayores. La situación ideal es que las personas que alcanzan la edad del retiro, lo puedan hacer en condiciones que permitan contar con los recursos y servicios más adecuados. Se espera que después de haber participado en el proceso productivo por varias décadas, la sociedad tenga un diseño tal que permita que estén disponibles esos recursos y servicios para aquellos que por su edad ya no se encuentran activos en el mercado laboral. Por otra parte, llegar a la condición de adulto mayor no significa en modo alguno retirarse de las opciones productivas, simplemente ya no son tan exigentes como en las primeras etapas de la vida laboral.

Esa es la teoría, y también la práctica en muchos países, especialmente aquellos que han desarrollado esquemas de ahorro y generación de recursos que permiten que los adultos mayores cuenten con la protección requerida. Pero en Venezuela no es así. Según datos obtenidos a través de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), realizada por UCV, UCAB y USB en 2014, el 48% de las personas en edad de tener pensión, no la tienen. En el estrato de menores recursos, la exclusión, en términos del beneficio de la pensión, alcanza al 70% de la población. En la medida que se asciende en el nivel educativo y de recursos, en esa misma medida aumenta la cobertura de pensiones, con lo cual queda demostrado una gran inequidad, por cuanto las personas con menos recursos son justamente las más afectadas por las contingencias relacionadas con la condición de adulto mayor. Por otra parte, apenas el 10% de los adultos mayores con pensiones reciben beneficios adicionales provenientes de las Misiones.

De manera que la dinámica de la protección social que hoy existe en Venezuela, genera exclusión a todo lo largo de la vida laboral, por cuanto las personas que tienen ocupación en el sector informal de la economía no cuentan con los beneficios que tiene aquellos que se desempeñan en el sector formal. Al llegar entonces a la edad de recibir pensión, los adultos mayores que han laborado en el sector informal no pueden acceder a ella. Las pensiones no contributivas, establecidas en la Constitución de 1999, justamente para superar esta exclusión, no se han implementado en estos casi 17 años que tiene de aprobada. 

Para enfrentar esta significativa exclusión, una vía es aumentar los beneficios de aquellos que se encuentran hoy pensionados. Pero también es fundamental no aumentar la brecha entre aquellos que tienen pensión y lo que no la tienen, especialmente cuando ambos grupos están expuestos a la inflación más alta del mundo. Todo lo cual nos lleva a modificar con prontitud, y de manera que sea fiscalmente viable, los mecanismos relacionados con la protección social de todos los venezolanos, y especialmente de los adultos mayores.

Politemas, Tal Cual, 17 de febrero de 2016

En el peor escenario

Los días pasan y no hay cambios en la política económica. Existen fundadas evidencias de que el retraso del gobierno en esta materia rompe todos los récords. Podríamos convenir que el rezago alcanzará tres años en el próximo abril. Mientras tanto, es conveniente mirar las perspectivas que tiene el país de mantener este rumbo equivocado.

Podemos examinar las cifras que el FMI pronostica para Venezuela hasta 2020 de continuar esta desastrosa política económica. De acuerdo con esas cifras, la tasa de inflación será cercana a 200% en todos los años entre 2015 y 2020. Es decir, seis años seguidos con cifras de inflación de esa magnitud, sumados a los diez años con la inflación más alta de América, y a los tres últimos con la inflación más alta del mundo. Se puede decir que la economía venezolana es ya la más inflacionaria en el siglo XXI. De lejos. 

Alta inflación no es otra cosa que destrucción económica. Porque la inflación genera inestabilidad para todos actores, pero especialmente aquellos que son más sensibles a los ingresos, esto es, los sectores con mayor pobreza. En la medida que avanza la inflación, la capacidad de adaptación de los sectores asalariados disminuye, hasta el punto que aquellos que no pueden compensar sus ingresos, son progresivamente desplazados a la pobreza. Como es el caso actual de Venezuela, con 76% de la población en pobreza, según ENCOVI (UCV-UCAB-USB).

Ya lo anterior es preocupante. Ahora veamos el escenario cuando se combina una alta tasa de inflación con una caída en la actividad productiva de un país. Esto es, la economía decrece y al mismo tiempo existe una espiral inflacionaria. Si tomamos como referencia una tasa de inflación superior a 100%, y una tasa de crecimiento económico negativo, encontraremos varios procesos de estancamiento e inflación de acuerdo con las cifras del FMI. 

El más largo ha sido el de Nicaragua, ocho años, entre 1984 y 1991. En todos esos años, la inflación fue superior a 100%, llegando a un máximo de 13.000% en 1987. En el período la economía nicaragüense se contrajo 2,7% en promedio. El siguiente período de mayor duración de alta inflación con estancamiento fue en Bolivia, entre 1982 y 1986 (cinco años). La tasa de inflación fue cercana a 12.000% en 1985. En el período la economía boliviana decreció 2,4% en promedio. 

El siguiente proceso fue el de Perú entre 1988 y 1990. La tasa de inflación llegó a 7.400% en 1990. La contracción de la actividad económica fue inmensa: 9,3% promedio en el período. Y luego viene Venezuela, aunque no se crea. Si asumimos que la tasa de inflación de Venezuela en 2015 fue superior a 100% y la de este año seguro lo será, y que la caída del PIB fue 10% el año pasado y que este año puede ser 8% (según estimados del FMI), nuestra economía ha sufrido la mayor debacle desde Perú a finales de los ochenta, la cual había sido la mayor en la Región. Más aún, si no hay correctivos en la política económica, y la caída del PIB es cercana a 9% en este año, el desastre económico de Venezuela será el mayor en América y Latina desde 1980 (primer año en que están disponibles las cifras del FMI).

No hay mucho más que agregar. Venezuela tiene la peor situación económica del mundo en la actualidad, y a este ritmo puede ser la peor en la Región en los últimos cuarenta años. Ante todo eso, el gobierno se encuentra en shock, inmovilizado. En el peor escenario.

Politemas, Tal Cual, 3 de febrero de 2016

Crisis humanitaria

Todas las evidencias están en frente del país. La crisis humanitaria ha dejado de ser una posibilidad, ya está acá, instalada en toda su extensión, afectando el bienestar directo de los venezolanos en proporciones nunca vistas. Es una crisis de grandes magnitudes que amerita medidas urgentes, amplias, en el marco de un plan de transformación integral.

Los venezolanos sufren las consecuencias de una parálisis económica que está iniciando su tercer año. Especialistas han señalado que en los últimos tres años hemos perdido el 25% de la actividad económica. A eso hay que sumarle que estamos en el cuarto año con la inflación más alta del mundo. En 2015 la inflación está cercana a 300%, a pesar de que no se tienen las cifras oficiales. La semana pasada el FMI anunció que el pronóstico de la tasa de inflación para 2016 es 720%. 

Lo preocupante de esta situación es el vertiginoso deterioro social combinado con la parálisis del gobierno para tomar medidas. Las causas de la debacle económica radican en las políticas implementadas desde 1999 en las cuales se ha eliminado prácticamente la mayor parte de la capacidad productiva del país en áreas esenciales. La visión de que el Estado debía ser el único actor económico ha terminado por restringir de manera monumental las posibilidades de los venezolanos.

Las consecuencias en la vida cotidiana han sido directas y amenazan con empeorar. En un año se ha duplicado la población en pobreza extrema, hasta representar a mediados del año pasado a al 50% del país. La pobreza total alcanza al 76% de los venezolanos. A ello hay que agregar la escasez que oscila entre 50 y 80% de los productos, especialmente en los medicamentos en los cuales se coloca en 80% según instituciones del sector farmacéutico. Esto significa que las necesidades básicas de alimentación y protección de la salud no están garantizadas para el 80% de la población.

Todo lo anterior sería ya muy preocupante. Lo más grave es la incapacidad del gobierno para coordinar una respuesta adecuada a esta crisis. Las últimas decisiones no hacen sino ratificar que no hay coherencia en el seno del gobierno, o que las respuestas, ejemplificadas en el Decreto de Emergencia Económica rechazado por la Asamblea Nacional, están en la dirección contraria a las requeridas soluciones. El gobierno luce perdido, fragmentado, sin capacidad de interlocución real, sin ideas para esta crisis. El gobierno, en dos platos, ha sido sobrepasado por una situación que empeora día a día.

Los efectos en la vida de las familias se producen hoy, y también mañana. Una familia sin alimentos, sin medicamentos, sin ingresos, tiene daños inmediatos. La única manera de empezar a resolver esta situación es poner en ejecución un amplio programa de transformación económica que el actual gobierno no está en capacidad de diseñar ni articular. Y uno de los componentes centrales es la asistencia de corto plazo para las personas y familias en mayor riesgo. Urge que todos los liderazgos de la sociedad enfrenten a través del esfuerzo concertado este drama que afecta con crudeza a todos los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 27 de enero de 2016

Emergencia es la pobreza

El gobierno aparece con otra distracción. Un Decreto de Emergencia Económica que solo persigue que la Asamblea Nacional sea corresponsable de la gestión de la crisis, y permita una mayor intervención del gobierno en el manejo de la economía. La justificación y diseño de dicho decreto no dejan dudas de que debe ser rechazado, solo refuerza los errores del gobierno que nos han traído a esta monumental crisis.

La “emergencia” que ahora plantea el gobierno tiene en realidad varios años. Podría decirse que al menos desde 2009 ya eran muy evidentes los efectos perjudiciales de la política económica que ha desarrollado este gobierno. Además, desde 2013 el gobierno ha estado habilitado para múltiples materias. Es ahora que aparece con una propuesta para enfrentarla. Mientras tenemos un gobierno que actúa con esta “rapidez”, el deterioro social aumenta cada día.

Según los datos de ENCOVI (UCV-UCAB-USB) del año 2014, ya la pobreza medida por ingresos afectaba al 48,4% de los hogares venezolanos. Esto es, 3% más que la medición de pobreza con una encuesta comparable en 1998. En esa medición de 2014, la pobreza extrema, esto es, los hogares con ingresos menores con respecto a la canasta alimentaria, era 24% (cinco puntos más que en 1998). De manera que luego de 16 años transcurridos de este gobierno, la pobreza no solo no se redujo sino que alcanzó un nivel superior. Siendo que en 2014 no se implementó ningún cambio en la política económica, lo previsible era el aumento de la pobreza en 2015. 

Y efectivamente, así sucedió. De acuerdo con ENCOVI 2015 (realizada a mediados de año), el 73% de los hogares estaba en situación de pobreza, 76% cuando se toma en cuenta a las personas. La pobreza extrema alcanzó al 50% de los hogares y de las personas. Esto es, 15 millones de personas no tienen los ingresos para adquirir los alimentos requeridos cada día, en caso de que estuvieran disponibles. Es mucho peor cuando ni siquiera están disponibles. Cuando se analiza la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), el aumento entre 2014 y 2015 fue de 8 puntos, de 21 a 29%.

La pobreza está en su máximo nivel histórico en el país. Eso es un hecho incontrovertible. Se palpa en cada hogar venezolano. Se siente en cada cola de muchas horas para conseguir alimentos al menor precio posible en la economía con la mayor inflación del mundo. Ante todo esto, tenemos un gobierno que no ha tomado medidas en casi tres años, que no ha entendido el problema, que sigue creyendo en soluciones que conducen a mayor pobreza, a mayor deterioro social. 

Las decisiones que se posterguen para atender esta situación ocasionan daño en el corto plazo, porque hoy esas familias no pueden conseguir los alimentos, pero sus efectos se prolongan por mucho tiempo. Hasta el punto que pueden ser irreversibles. Esta es la verdadera emergencia, para la cual tenemos el gobierno más incompetente que se pueda imaginar.

Politemas, Tal Cual, 20 de enero de 2016

El tamaño de la brecha

La crisis social se agrava en el país. Comenzamos 2016 con pocas perspectivas de solución. El nuevo Gabinete se caracteriza por la poca coherencia en las políticas a implementar. Más grave es que no hay posibilidades de un cambio sustancial con políticas que se fundamenten en la visión estatista de la economía. De manera que es muy probable que tengamos un año de mayor deterioro en las condiciones de vida de la población.

En tales circunstancias es conveniente precisar la brecha de posibilidades que tiene la vida de los venezolanos. Para tener muy presentes las exigencias que debemos hacer ante las políticas que deben ponerse en ejecución. De lo contrario, los desajustes serán mayores e iremos perdiendo más terreno, al menos en el contexto de América Latina.

De acuerdo con datos del FMI, en 1998 Venezuela tenía el segundo poder adquisitivo en términos internacionales de América Latina (sobre un total de 19 países). Argentina era el primero con 12.142 dólares. Venezuela tenía 11.946 dólares. Una diferencia de 196 dólares para ser exactos. Para una comparación internacional más amplia puede indicarse que el poder adquisitivo de España era 21.500 dólares, es decir, cerca del doble que el de Venezuela. El de Estados Unidos era tres veces superior, al igual que el de Singapur. 

En 2016 las estimaciones del poder adquisitivo de Venezuela, lo colocan en el noveno lugar con 14.884 dólares. El primer lugar lo tiene Chile con 24.186 dólares. Luego siguen en orden descendente: Uruguay, Argentina, Panamá, México, Costa Rica, Brasil, República Dominicana. Mientras el poder adquisitivo de Panamá se ha casi triplicado, y el de Chile, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana se ha duplicado, el de Venezuela es el que menos ha crecido del grupo (42%). De continuar esta progresión, es decir, con las políticas que ahora se implementan, en 2018 Venezuela bajará al puesto once, superada también por Colombia y Perú.

Los resultados de la gestión de este largo gobierno son por donde se mire decepcionantes. La calidad de vida de los venezolanos se ha deteriorado. Por el contrario, en muchos países de la Región, lo que va del Siglo XXI ha representado un período de avances. Todo ello está originado por las políticas ejecutadas, centradas en la predominancia del estatismo, en la restricción a la iniciativa de la sociedad, en la reducción de las oportunidades para la inversión, en la ausencia de una visión de generación de riqueza.

Las consecuencias de esta brecha son obligantes. Es urgente un cambio en la dirección económica del país, so pena de que se profundice este rezago y se afecten aún más las condiciones de vida de la población. Es tarea en las instancias renovadas con el voto popular, acometer las tareas necesarias para generar posibilidades de transformación en el país. Las circunstancias exigen ver al país en perspectiva, para identificar el trecho de equivocaciones. Para no volverlo a transitar y recuperar lo más rápido posible el tiempo perdido.

Politemas, Tal Cual, 13 de enero de 2016

Para enfrentar las crisis de 2016

Venezuela vive circunstancias muy difíciles. La elección de la nueva Asamblea Nacional abre posibilidades para enfrentarlas con decisión y éxito. Para ello se requiere acordar sobre la naturaleza y efectos de cada una de las crisis que están en evolución. Es el primer paso para establecer el marco de opciones sobre las cuales debería acordarse en las próximas semanas. 

La primera crisis es un dramático deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, y especialmente, la caída brutal del ingreso de las familias. Para mediados de 2015, prácticamente el 50% de los hogares del país estaban en situación de pobreza extrema. Esto es, en esos hogares (la mitad de los hogares, insistimos) no alcanza el ingreso para comprar los alimentos de la canasta de referencia. En los meses transcurridos hasta el final de 2015 no ha existido ninguna medida de política económica o social que indique que la situación ha mejorado. Este deterioro del ingreso afecta también el consumo de las familias en otros bienes como los medicamentos, dadas las grandes restricciones en su producción y acceso. Todo lo anterior se agrava en la medida que la inflación más grande del mundo avanza hacia el cuarto año seguido. 

La crisis social, dada su gravedad y urgencia, debe ser atendida por dos vías complementarias. La primera vía es la implementación en el corto plazo de un programa de complemento al ingreso de las familias. Este complemento debe ser en dinero y estar dirigido a las familias más afectadas por la caída del poder adquisitivo. Dichas familias son aquellas en las cuales las condiciones de servicios, hacinamiento, asistencia a la escuela, son más precarias y con mayor riesgo de permanecer en situación de pobreza crónica. En este momento esta situación de mayor riesgo puede extenderse al 25% de los hogares del país. Este programa es temporal y posteriormente debe dar paso a transferencias condicionadas como se realizan actualmente en varios países de América Latina. 

La segunda vía para atender el inmenso drama social que vive el país, es poner en ejecución paralelamente una política económica orientada a la producción de valor. Esto significa abandonar los esquemas fracasados de las políticas de control de precios, de control de divisas, de estatizaciones, de restricciones a la actividad de creación y desarrollo de empresas en todas sus dimensiones. Esto significa una política económica orientada al crecimiento sostenible con baja inflación, en la cual se pueda estimular la inversión pública y privada de manera articulada. En otras palabras, dar el paso de una economía estatizada a una economía abierta, con mercados vigorosos, que permitan crear los bienes y servicios requeridos. Un cambio económico de esta naturaleza establecería el marco para la recuperación progresiva del ingreso de las familias, y la incorporación de sus miembros a modalidades de empleo de mayor calidad. Obviamente, los plazos para estos cambios estarán vinculados a la efectividad y secuencia de las políticas a implementar.

Para que la crisis social y la crisis económica sean enfrentadas con las mayores posibilidades de éxito, se requiere que el actual gobierno se percate del efecto nocivo que sus políticas han traído para la vida de los venezolanos, y que con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional, se acuerde una plataforma de cooperación que permita tomar las decisiones adecuadas. Si el marco de cooperación no es el que prevalece, se daría rienda suelta a una crisis política que sumiría al país en una nueva etapa de enfrentamientos. La peor consecuencia de esa crisis política es que impediría atender con decisión la crisis social y la crisis económica que ya están en curso. Esperemos que la conciencia de los riesgos y dificultades que viven los ciudadanos sea un factor decisivo para promover los entendimientos y los acuerdos que se requieren. Son los mejores deseos de todos los venezolanos para el Nuevo Año.

Politemas, Tal Cual, 16 de diciembre de 2015

Reto de Estado

Los resultados de las elecciones del 6 de diciembre constituyen un mandato contundente. Luego de un proceso laborioso de construcción de una nueva mayoría política, la Unidad Democrática alcanza una representación sin precedentes en la composición de la nueva Asamblea Nacional. De acuerdo con los anuncios realizados, aunque no confirmados oficialmente por el CNE al redactar esta columna, la Unidad Democrática alcanza la cota de diputados que le garantiza la mayoría calificada de las dos terceras partes en la Asamblea Nacional. Tal magnitud de representación otorga las más amplias facultades de acuerdo con la Constitución. Se trata de un reto equivalente a la posibilidad de contribuir realmente en la marcha del Estado. Es definitivamente un reto de Estado. 

La Unidad Democrática puede impulsar una renovación en la forma de asumir lo público en el manejo del Poder Legislativo. Con la incorporación de prácticas democráticas en las tareas rutinarias de la Asamblea, esto es, modificando las normas internas, se abre un gran abanico de opciones para que se produzca la inclusión de todos los parlamentarios en el cumplimiento de las tareas. De esa manera los ciudadanos percibirán inmediatamente la diferencia entre ejercer el poder para dominar, y hacerlo para facilitar el diálogo y la cooperación. En ese marco es posible entonces acordar medidas que faciliten la normalización de la vida política en el país. Esto es, el regreso de los presos políticos a sus casas y al desempeño de todos sus derechos, así como el retorno de todos aquellos que tuvieron que salir del país por persecución y represión. 

La nueva Asamblea Nacional tomará posesión en un clima social y económico muy preocupante. El deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos es galopante. Afecta todas las áreas, desde el ingreso de las familias, hasta sus perspectivas de trabajo y realización productiva. Uno de los ejes prioritarios de la acción de la nueva mayoría debe ser justamente cómo generar acciones y cambios que tengan efecto en la vida concreta de los ciudadanos, especialmente porque el actual gobierno tiene todas las atribuciones para el manejo de la administración pública. El escenario ideal es que se pueda encontrar un piso común entre ambos poderes públicos. De lo contrario, existiría el riesgo de que las funciones de control y legislación no generen modificaciones sustantivas.

De especial relevancia es la severidad de la crisis económica. La definición de alternativas para contrarrestar los efectos de las políticas económicas del actual gobierno, requiere un nuevo marco de referencia en el cual exista la cooperación habitual entre el gobierno y los sectores productivas, en un clima con favorezca la inversión y el crecimiento sostenible. Es obvio que tal aproximación no es la compartida por el actual gobierno. De allí que el primer esfuerzo a realizar es justamente encontrar las posibilidades de acuerdo en una materia de especial trascendencia y urgencia.

Las amplias facultades otorgadas por la Constitución en el ejercicio de la mayoría de las dos terceras partes, constituyen una extraordinaria posibilidad. Se requiere un plan de acción que abarque al menos las tareas del próximo año con especial énfasis en la normalización política y en el enfrentamiento de la colosal crisis socio-económica. Todas las opciones que se consideren y aprueben deberían tener como guía su contribución a la estabilidad y el bienestar de los venezolanos.

Politemas, Tal Cual, 9 de diciembre de 2015

Ventana de oportunidad

Las elecciones del 6 de diciembre constituyen una extraordinaria coyuntura política para los venezolanos. Siempre es muy importante la elección de los representantes en el Poder Legislativo. Sin embargo, la elección de esta semana tiene significativas connotaciones. 

En primer lugar, los diferentes períodos establecidos en la Constitución de 1999 para los poderes públicos, traen como consecuencia que se renueve el Poder Legislativo en un momento en que la popularidad del gobierno se encuentra muy deteriorada. Esto significa que las opciones de generar expectativas para la población se desplazarán al ámbito legislativo. En efecto, el actual gobierno luce agotado, superado por las circunstancias que contribuyó a generar, sin iniciativas ni respuestas a los graves problemas del país. 

Una segunda circunstancia de especial relevancia es la posibilidad, bastante cierta de acuerdo con las encuestas de opinión pública, que una nueva mayoría de parlamentarios se exprese como resultado del voto popular. Esto implica que por primera vez en este largo gobierno existirá una mayoría de signo político diferente al actual Poder Ejecutivo. Tal circunstancia no debería generar mayores preocupaciones en un contexto democrático plural y respetuoso. Sin embargo, dada la experiencia de los últimos tres lustros, pareciera que los que detentan el Poder Ejecutivo se hubieran acostumbrado a la falta de alternabilidad.

Finalmente, las condiciones generales del país constituyen un factor de especial relevancia. Nunca antes la economía venezolana había estado peor. La caída de la actividad económica por segundo año seguido, con un pronóstico de decrecimiento de 10% del PIB para este año, sumado al descalabro de tener la tasa de inflación más alta del planeta por tercer año seguido, configuran una profunda crisis productiva. A ello debe agregarse la dramática caída del ingreso de las familias. Según datos de ENCOVI 2015 (UCV-UCAB-USB), el 73% de los hogares se encuentra en situación de pobreza, así como el 76% de las personas. Especial gravedad tiene el hecho de que prácticamente el 50% de los hogares no tiene para comprar los alimentos del día. Esta cifra es demostrativa del profundo y vertiginoso empobrecimiento que se expresa todos los días en el país. 

En estas circunstancias los venezolanos están indicando de forma mayoritaria que el actual rumbo del país es equivocado, y que el actual gobierno es responsable de esta situación. También consideran que las elecciones legislativas son muy importantes, al punto que la disposición a votar es muy alta. Todo lo cual hace suponer que a partir del 6 de diciembre se abrirá para los venezolanos una nueva etapa. Se trata de construir con el voto una opción política que lleve al país en una dirección de transformaciones sostenibles. 

Esta ventana de oportunidad es el producto de un largo proceso que ha consolidado las opciones unitarias, que ha servido para vislumbrar un gran acuerdo que promueva el bienestar de los venezolanos. Las posibilidades son ciertas. A partir del 6 de diciembre queda consolidarlas reforzando la visión unitaria, promoviendo la inclusión de todos los sectores, trabajando con paciencia, y aprendiendo las lecciones que deja esta etapa del país. Ojalá podamos aprovechar esta excelente oportunidad.

Politemas, Tal Cual, 2 de diciembre de 2015

El auge del Estatismo

Cuando comenzó este largo gobierno (1999), el 16% de los venezolanos opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas. Tal era el hallazgo reportado por la encuesta de Latinobarómetro del año anterior. Ese porcentaje era el más alto en todos los países de América Latina en los que se realizó la encuesta. Si a ese porcentaje se le suma los que opinaban que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, se alcanzaba al 46% de la población.

Existen razones para fundamentar esa opinión en aquel momento. La condición de país petrolero, y especialmente, el aumento de los ingresos experimentado en los años setenta y ochenta, condicionó en gran medida la creencia de que el Estado efectivamente podía resolver todos los problemas. La creación de empresas públicas y el traspaso de la industria petrolera a manos del Estado, fueron consideradas como pruebas de esta capacidad. 

El hecho de que un gran porcentaje de la población pensara que el Estado podía con todos los problemas, no debe interpretarse como exclusión del sector privado o desacuerdo con la economía de mercado. De hecho, casi el 70% de la población opinaba que la economía de mercado era lo más conveniente para el país. Un porcentaje similar indicó que la empresa privada era beneficiosa.

En este contexto, que podríamos llamar una especie de “caldo de cultivo”, se inicia la gestión de un gobierno que progresivamente fue aumentando el rol del Estado en la economía, hasta el punto que empezó a excluir sistemáticamente a todos los demás actores productivos. La tendencia a controlar el Estado, para desde allí imponerse a toda la sociedad, fue cobrando mucha más fuerza. A partir de 2007 se desencadena una permanente agresión al sector privado, con la nacionalización y expropiación de muchas empresas.

Todo esto se realiza en medio de un incremento inusitado del precio del barril de petróleo, el cual trae consigo una expansión del consumo y del ingreso de las familias. Tales condiciones influyeron para reforzar la percepción de que el Estado podía resolver todos los problemas. En 2010, el porcentaje de personas que opinaba que el Estado podía resolver todos los problemas ascendió a 46%. Si a ello sumamos el porcentaje de personas que pensaban que el Estado podía resolver la mayoría de los problemas, se alcanza el 80% de la población. 

La acción de los gobiernos, y especialmente aquellos en los Petroestados, contribuye a difundir la creencia de que pueden resolver todos los problemas. Antes que informar sobre las reales posibilidades del Estado, los gobernantes terminan aumentando estas tendencias omnipotentes. 

No se dispone de cifras recientes para examinar si en estos años de escasez y fracaso de la actividad económica en manos del sector público, ha disminuido el apoyo a la omnipotencia del Estado. En todo caso, lo que es muy evidente es que el porvenir de Venezuela requiere una revisión a fondo de este tema. La concepción del Estado omnipotente debe dar paso a una visión más moderna, más real, que considere más las posibilidades efectivas. Es, sin duda, uno de los retos más acuciantes para alcanzar el real desarrollo sostenible.

Politemas, Tal Cual, 18 de noviembre de 2015