La mayor destrucción de valor

El colmo del voluntarismo y de la incompetencia en el manejo del Estado. Es lo menos que puede decirse. Ahora resulta que el gobierno, por arte de una expresión verbal, decreta que en Venezuela se comenzará a exportar. Así de sencillo. Basta que alguien se acordara del “pequeño detalle” de que se acaban lo dólares y que lo que aporta el petróleo no es suficiente, para que aparezca el recurso de última hora, la solución mágica: exportar cosas diferentes al petróleo. Listo, genial, unas cuantas órdenes por acá y otras gestiones por allá, y el país se convertirá en una potencia exportadora de otros bienes que no sean barriles de petróleo. 

Es evidente que en el gobierno la previsión y el conocimiento no son recursos en abundancia. Para exportar bienes y servicios que agreguen valor, se necesita una economía muy diferente a la actual. Se requiere un marco institucional que provea estabilidad y confianza. Para que aquellos que tengan ideas y recursos pueden desarrollar la cadena de valor que le permita elaborar productos atractivos en el mercado internacional. A sabiendas, por supuesto, de que los estándares de calidad en ese mercado internacional son cada día más rigurosos porque la competencia es cada vez mayor. Tiene que ser un excelente producto para que se hagan pedidos y se paguen en una moneda sólida. Y para que eso pase, el precio tiene que ser atractivo. Si la tasa de cambio ocasiona que cueste mucho al que está pensando pagar, el asunto se resuelve comprando en otra parte donde el precio en la moneda de cambio sea más atractivo. Es decir, al final del camino, lo que determina que un país exporte valor agregado son condiciones adecuadas para producir, y condiciones adecuadas para vender en el mercado externo. 

En ambos aspectos, producir y vender en el mercado externo, Venezuela está en los peores niveles en el planeta. La destrucción de la producción está por doquier. La práctica anti sector productivo, y la estatización de la vida económica, son los ingredientes para que no exista inversión, y se paralice toda creación de valor. Nada más ver lo que está pasando con los alimentos, da una buena idea de lo que está sucediendo en toda la economía. Y por supuesto, ligado a lo anterior, está la persistencia de un régimen de controles, que hace completamente inviable que se pueda producir y competir en el mundo. 

En 1998, Venezuela obtenía 32% de las divisas por la exportación de bienes diferentes al petróleo. Eso significaba aproximadamente 5 mil millones de dólares. La destrucción económica que se ha realizado en el país, por las erradas políticas de los últimos tres lustros, han provocado que en 2014 (según cifras de la OPEP), Venezuela solo obtuviera 4% de divisas por exportaciones no petroleras. Eso significa menos de la mitad del monto de exportaciones no petroleras de 1998. Esta proporción se ha mantenido en esos niveles desde 2008. Por supuesto, casi la totalidad de la capacidad productiva que existía en 1998 ya ha desaparecido o se encuentra en gran deterioro. 

Ese es el dramático resultado de la visión estatista y totalitaria en el manejo de la sociedad venezolana. Se ha producido el mayor daño posible a la capacidad de generación de valor en el país. Si a ello se le suma el éxodo de recursos humanos de la mayor calificación y la estrategia para cercar a la universidad pública, generadora de conocimientos y posibilidades, se tiene una idea bien precisa de las consecuencias de estas nefastas políticas para el desarrollo del país. Es claro que todo esto puede ser revertido. Algunos aspectos serán de solución más rápida que otros. Pero es también muy evidente de que la única forma de hacerlo es enrumbando al país hacia una economía abierta, respetuosa de los derechos de propiedad, garante de la inversión y de la innovación, sin controles y distorsiones, en fin, creadora de riquezas y valor. Nada parecido al patrón seguido por el actual gobierno.

Politemas, Tal Cual, 19 de agosto de 2015

Inflación en el Siglo XXI: RD del Congo

La República Democrática del Congo es uno de los cinco países del mundo que han tenido períodos con tasas de inflación anual superiores a 100% en el Siglo XXI. Los otros países son: Angola, Bielorrusia, Zimbabwe y Venezuela (Fuente: FMI). Ver: http://ow.ly/QOh5t

La República Democrática del Congo obtuvo la independencia de Bélgica el 30 de junio de 1960. El primer nombre del país fue República del Congo. Entre 1964 y 1971 se denominó República Democrática del Congo. Entre 1971 y 1997 se llamó Zaire. Desde 1997 recobró el nombre de República Democrática del Congo. El 24 de noviembre de 1965 se produjo un Golpe de Estado por el cual asume Joseph Desiré Mobutu (conocido luego como Mobutu Sese Seko). Mobutu fue depuesto en 1997 por Laurent Desiré Kabila quien fue asesinado en 2001 y sustituido por su hijo Joseph Kabila, actual Presidente de la República, electo en 2006 y reelecto en 2011. 

Entre 1989 y 2001, la tasa de inflación se mantuvo por encima de 100% en once años (de los trece del período). Entre 1991 y 1997 la tasa de inflación fue superior a 100% en todos los años, llegando a 23.773% en 1994 (una de las tasas más altas en la historia). Se ha considerado que entre 1990 y 1996 la economía de Zaire experimentó una hiperinflación.

Dentro de las causas que precipitaron la hiperinflación se encuentran la crisis política y el aumento del gasto fiscal producto de grandes aumentos en los salarios del gobierno, así como la reducción en los ingresos de la actividad minera. Sin embargo, en la década anterior el gobierno había tomada medidas de expropiaciones que junto con la amplia corrupción del gobierno, ocasionaron un deterioro significativo de la economía del país. 

Nota: Esta es una entrada en progreso. Cada vez que sea ampliada o revisada será notificado por @marinojgonzalez

Inflación en el Siglo XXI: Angola

Angola es uno de los cinco países del mundo que han tenido períodos con tasas de inflación anual superiores a 100% en el Siglo XXI. Los otros países son: República Democrática del Congo, Bielorrusia, Zimbawbe, y Venezuela (Fuente: FMI). 

La independencia de Angola fue otorgada por Portugal en noviembre de 1975, después de una larga lucha armada. Al declararse la independencia, el país se vio envuelto en una guerra civil que duró hasta 2002. Durante todo el período post-independencia, Angola ha sido gobernada por el partido Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), con dos presidentes: Agostinho Neto (fallecido en el cargo en 1979), y José Eduardo dos Santos (hasta la fecha).

En los diez años siguientes a la independencia, la economía de Angola adoptó la planificación centralizada. 

En 1987 se inicia la transición a una economía de mercado con la adopción del “Programa de Saneamiento Económico y Financiero (SEF)”. Los principales objetivos de este programa fueron: (1) estabilizar la situación financiera, reduciendo los desequilibrios que estaban generando las presiones inflacionarias y el déficit del sector público, (2) reformar el sistema económico para incrementar la productividad. En 1989 se aprueba el "Programa de Recuperación Económica (PRE)".

Las reformas incluidas en ambos programas, sin embargo, fueron infructuosas. Entre 1989 y 2000, el gobierno de Angola implementó 12 programas de estabilización económica. En promedio cada programa tuvo una duración de 10,6 meses. Las fallas en estos programas de estabilización ocasionaron que la inflación siguiera creciendo de manera desproporcionada. Desde 1992 hasta 2002 Angola experimentó tasas anuales de inflación superiores a 100%, alcanzando 4.146% en el año 1996.

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Nota: Esta es una entrada en progreso. Cada vez que sea ampliada o revisada será notificado por @marinojgonzalez

Última actualización: 15 de agosto de 2015

La destrucción económica del Siglo XXI

Absolutamente inaceptable. Los datos están ahí. En lo que va del siglo XXI la economía venezolana se ha convertido en la de mayor inflación en el mundo. Así con todas sus letras. Ya no es solamente la más alta en los últimos tres años. Venezuela tiene el promedio más alto de inflación en los años transcurridos entre 2002 y 2015, según los registros del Fondo Monetario Internacional. 

El último país con una tasa de inflación superior a 100% fue Zimbabwe en 2008 con 157%. A principios del siglo XXI, Angola tuvo tres años seguidos con tasas superiores a 100%, esto es de 2000 a 2002, pero desde ese último año todas las tasas de inflación han sido menores. La República Democrática del Congo llegó a tener 550% en 2000 y 357% en 2001. El otro país con una tasa de inflación superior a 100% fue Bielorrusia con 168% en 2000. En ningún otro país del mundo ha habido tasas de inflación superiores a 100% en lo que va de siglo. 

Pero todos los países anteriores tendrán este año 2015 tasas de inflación que son impensables en Venezuela. En Bielorrusia la tasa de inflación para este año se ha estimado en 22%, en Angola el estimado es 8%, en la República Democrática del Congo 2,3% y en Zimbabwe 1%. 

Las evidencias son contundentes. Si la tasa de inflación de Venezuela alcanza los niveles pronosticados, los cuales aumentan a medida que avanza el año, será la más alta en la historia del país, la más alta del mundo por tercer año seguido, la primera superior a 100% en el mundo desde 2008, y la primera superior a 100% en América desde 1995. Lo que en todas las economías es cada vez una excepción, se ha convertido en Venezuela en una realidad asfixiante, cotidiana, angustiante.

La inflación destruye las economías. Porque es un círculo vicioso: no se produce, escasean los bienes, el sector público gasta más de lo que recibe, aumentan nuevamente los precios, y así sucesivamente. Venezuela tiene 32 años con tasas de inflación que son inaceptables en el mundo de la actualidad. 

Al destruirse la economía, se destruyen los recursos de las personas y familias, se pierden ahorros y capacidad productiva, en general, se deteriora la calidad de vida y la adquisición de bienes y servicios. Es por ello que Venezuela presenta signos evidentes de la mayor destrucción económica en el mundo en lo que va de Siglo XXI. La tolerancia con la inflación, basada en el irresponsable manejo de la política económica y de la gestión pública, ha traído estas consecuencias. Todos los efectos de tener la inflación más alta del mundo por casi tres lustros, son atribuibles a la dirección económica que ha tenido el país. 

Ante esta terrible situación, padecida por toda la población, pero mucho más crítica en los sectores de menores ingresos, la respuesta del gobierno es el inmovilismo, la ausencia de información, la evasión, la asignación de culpas sin revisar las acciones. Todas esas vías conducen al mismo punto: no resolver el problema y prolongar el sufrimiento de los ciudadanos. Para toda la población debe estar cada día más claro que la inflación es nociva, destructora, inaceptable, y que los gobiernos que son incapaces de controlarla o que la promueven irresponsablemente, deben ser rechazados con el voto en cada oportunidad que se presente.

Politemas, Tal Cual, 12 de agosto de 2015

El mito comunista

Lo que está a la vista no necesita anteojos. La agresión sistemática contra la propiedad privada, expresada tanto en el lenguaje como en la práctica, a través de tomas de empresas, confiscaciones, no deja ya mucho espacio para la duda. La “revolución” ha decidido aclarar de una buena vez que el proyecto del Socialismo del Siglo XXI pasa por tomar control de la propiedad. Tal como había sido expresado en la propuesta de reforma constitucional de 2007.

Lo que no se pudo imponer por los votos, ahora simplemente se realiza a través de actos administrativos. Quizás en pocos días ya habrá “bases legales” que permitan ir más lejos. Todo lo cual deja claro que el gobierno tiene muy claro que su objetivo es minar el concepto de propiedad individual y colectiva. Justamente la base del capitalismo. Sin derechos de propiedad de los bienes, y todos los que de ella se derivan, como por ejemplo el derecho de creación, no hay forma de generar los incentivos sociales para que la producción de riqueza sea sostenible.

No se trata, obviamente, y menos después de diez años de Petro-Estado bolivariano, de asumir propiedades para que sean más productivas. Esa no una característica de un Estado petrolero que se respete. Acá de lo que se trata es el control de todo el aparato estatal, o de una gran parte, para que la provisión de empleos esté completamente dirigida por la élite gobernante. Porque el control de la nómina es la forma de garantizar la continuidad revolucionaria.

Los estados que pretendieron dominar a las sociedades a través del control del empleo público tienen un nombre muy claro. Fueron los estados comunistas. Prácticamente todo el siglo XX presenció el surgimiento y desaparición del llamado comunismo. En 1989, año del inicio del fin del comunismo, los países bajo ese tipo de gobierno se encontraban en el 17% del territorio del mundo y tenían el 9% de la población mundial. Nada despreciable. 

En todos esos países uno de los rasgos característicos era la preponderancia del gobierno (o de las empresas del estado) en el empleo. Mientras en los países de Occidente la proporción de empleo de fuentes públicas escasamente pasaba de 21% en 1988, en los países comunistas la proporción alcanzó a 90%. En Checoeslovaquia alcanzaba a casi el 99%. En la Unión Soviética a más de 96%.

En tales condiciones no es muy complejo imaginar que la productividad de las economías comunistas distaba mucho de sus contrapartes en economías de mercado. Lo que en las comunistas requería más tiempo, más recursos, y menos avance de tecnologías, en las otras era mucho más eficiente. Esta situación no fue la única causa de la caída del comunismo. Pero, sin duda, tuvo mucho que ver.

Y es acá, entonces, que en la primera década del siglo XXI, el gobierno actual, después de malbaratar muchos de los recursos provenientes del boom de precios petroleros, procede a ocupar más espacios para maximizar la creación de empleo público y aumentar la dependencia que, según ellos, debe tener la sociedad frente al Estado. 

Sabemos, sin embargo, que la ruina del comunismo fue real. Que de sus cenizas emergieron muchos países, y algunos de los anteriores recobraron un marco de pluralismo político y modernización económica. Para nuestros gobernantes esta historia simplemente no existió. En un arranque de prepotencia e ignorancia se disponen a imponer a la sociedad venezolana una “receta” fracasada y obsoleta. Dicen que los grandes mitos también llevan a grandes fracasos. Estamos en puertas de uno estrepitoso.

Politemas, Tal Cual, 20 de mayo de 2009

El peor de los mundos

La crisis social no es cuento. No puede serlo en un país que ha tenido ingresos multimillonarios y contempla cada día a casi tres millones de personas yendo a la cama sin comer adecuadamente. Ese es el nombre concreto del autoritarismo incompetente que nos gobierna.

Ya estamos próximos a la mitad de año. El declive de la actividad económica es franco. El asedio a lo que queda de inversión privada es permanente. El gobierno no tiene para pagar deudas. Y su solución es muy simple: tomar las empresas. Poco habla el gobierno de la atención a las condiciones concretas de los ciudadanos afectados por el rumbo perdido de nuestras políticas públicas.

Mientras muchos vecinos de la Región han procedido con rapidez para fortalecer el sistema de protección social, en Venezuela el gobierno luce impotente, indolente. Cuando hoy en día ya se sabe cuáles son las condiciones que deben tener los programas de protección social en coyunturas como la actual, nuestro gobierno actúa como si no tuviera idea de las lecciones aprendidas. 

Al menos cinco condiciones deben tener los programas de protección social. La primera es que se inscriban dentro de políticas públicas que apunten a la solución del problema, no a aumentarlo. Es lo que se denomina “políticas contra-cíclicas”. Esto es, si existe una recesión o disminución del ritmo de crecimiento, las políticas deben contribuir a la reanimación del ritmo económico. Para eso el gobierno debe utilizar sus ahorros y canalizarlos en programas de inversión, muchas veces en infraestructura o en áreas de servicios prioritarios. Acá no sabemos ni siquiera si el gobierno tiene de verdad tales ahorros. Muchos menos habrá oído usted sobre programas de inversión.

La segunda es que la inversión se realice con la mayor flexibilidad. Atendiendo justamente a las condiciones locales, para que esté más apegada a los problemas de la población. Otra justificación de la descentralización de los servicios y de las decisiones. No se puede conocer en Caracas todo lo que pasa en el país. Acá las cosas van por otro lado. El gobierno del presidente Chávez ha eliminado la descentralización. Del Estado Federal Descentralizado no queda ni el nombre.

La tercera condición es que exista una red de protección que funcione. De manera que en la situación de crisis se logren canalizar recursos a través de esos mecanismos. Nada más un vistazo a la caída de la inversión de las Misiones deja muy claro que el gobierno ya no las tiene entre sus objetivos. Las Misiones son cascarones de ilusiones que marchan a la deriva. A nadie se le ocurre canalizar más recursos a través de ellas.

La cuarta condición es que los subsidios que se otorguen deban tener una contrapartida por parte de las familias. Por ejemplo, que los niños vayan a la escuela, o al centro de salud para el control de niños sanos. Se trata de que el subsidio genere un cambio en la acumulación de capital humano. Que facilite a las familias la superación definitiva de la pobreza. Y eso sólo se logra a través de mejorar las capacidades productivas de las familias. 

Y finalmente, el enfrentamiento de la crisis debe generar empleo para las familias, especialmente para los adultos. Tales empleos pueden ser no especializados, pero pueden suponer opciones de reentrenamiento de la fuerza laboral. También las crisis pueden ser oportunidades para desarrollar las capacidades de los trabajadores. 

Las políticas del actual gobierno no cumplen con ninguna de las condiciones anteriores. Para los sectores que deben ser protegidos, el porvenir no puede ser más sombrío.

Politemas, Tal Cual, 13 de mayo de 2009

La pobreza en los estados

La situación económica está apretando. Todos los indicadores señalan que la economía está en desaceleración. Las perspectivas para el bienestar de las familias, especialmente las pobres, son desalentadoras. Nada más con observar la indiferencia del gobierno para enfrentar el deterioro del ingreso de las familias más pobres, se reafirma la convicción de que andamos sin rumbos, sin respuestas a las expectativas de la población.

En este marco cabe preguntarse por las posibilidades de los gobiernos de los estados para proteger a los sectores más pobres del país. A pesar de la arremetida centralizadora, es conveniente examinar las opciones de políticas que tienen estos gobiernos, aún bajo la merma de sus ingresos.

Suponga usted, entonces, que los gobiernos de los estados quieran desarrollar una gestión que ponga el acento fundamental en la reducción de la pobreza. Lo primero que se requiere es saber cuáles son las dimensiones del problema. Para ello, lamentablemente, hay pocos datos. Y los que existen, están ya atrasados.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) nos reporta un solo indicador para comparar la pobreza, expresada en términos de ingresos de las familias, en los estados. Se trata del componente de ingreso del “Índice Estatal de Nivel de Vida (IENV)”. Este indicador se define como el porcentaje de personas en hogares con ingreso mayor a la canasta básica para un año dado. El último año con información es 2007.

Un examen de las cifras del INE permite identificar, a rasgos generales, dos grupos de estados. El primer grupo está conformado por los estados en los que menos del 60% de las personas alcanza el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica de bienes (esto incluye alimentación, educación, transporte, salud, entre otros rubros). El estado con mayor proporción de personas con ingreso por debajo de la canasta básica es Barinas (sólo 47% de las personas alcanzan este nivel de ingresos). Otros estados en este grupo son Apure, Bolívar, Guárico, Lara, Portuguesa, Sucre, y Vargas. En todos ellos la proporción de personas que tienen ingresos suficientes para adquirir la canasta básica de bienes oscila entre 50 y 60%. 

En todos los demás estados la proporción de personas que alcanza la cesta básica se encuentra entre 60 y 81%. Destacan en este grupo el Distrito Capital (81%) y Miranda (75%). De manera que en muchos de estos estados más del treinta por ciento de la población no alcanza el ingreso de la cesta básica. 

Esto, repetimos, era para el año 2007. Lamentablemente no se cuenta con información sobre las condiciones de ingresos de las familias para el año 2008. Asumiendo, lo cual no es necesariamente así, que la caída del ingreso será proporcional en todos los estados, es evidente que en el primer grupo la proporción de personas que no alcanzan la cesta básica puede aumentar hasta 60%. Es también evidente que en el segundo grupo también tendremos una reducción ostensible del ingreso de las personas. 

Todo esto apunta a la necesidad de contar con programas de compensación del ingreso de las familias. En el corto plazo. Para muchas de estas familias, esta compensación será fundamental. Sea en especies o en dinero efectivo. Lo cierto es que los gobiernos de los estados podrían financiar parte de estas compensaciones. Para ello se requiere tomar decisiones sobre reajustes de gastos, así como contar con mecanismos de identificación de beneficiarios. No tomar estas decisiones ahora seguramente comprometerá aún más el bienestar de millones de familias en el país.

Politemas, Tal Cual, 6 de mayo de 2009

Sin Constitución

El país se ha quedado sin Constitución. Esto es, se ha quedado sin un acuerdo que regule al poder. La Constitución no es otra cosa que la limitación de la acción de los poderes públicos con el fin de garantizar los objetivos de la sociedad. 

Tal acuerdo debe ser compartido. Los actores políticos y sociales aceptan convivir y manejarse en un marco establecido por la Constitución. Es otra forma de llamar a las “reglas de juego”. De manera que existen garantías: “tenemos estos derechos”; “no se pueden arrinconar a los contrarios”, “podemos acudir a la siguiente instancia”. Todas estas premisas se originan en el respeto estricto a lo establecido en la Constitución. En muchos países la Constitución es, entonces, el espacio de encuentro y aceptación de los actores de la sociedad.

Lamentablemente, eso no lo tenemos en Venezuela. Es verdad que no es la primera vez que pasa, pero también es cierto que hoy en día las consecuencias de no tener Constitución real son más graves y preocupantes.

La Constitución de 1999 surgió de una Asamblea Nacional Constituyente que, visto todo lo que ha pasado en estos diez años, fue poco representativa de la diversidad del país. El cuarenta por ciento de la población que no votó por el presidente Chávez en 1998 obtuvo solamente el cinco por ciento de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente. De allí que una discusión que involucrara a todos los sectores del país no fue el signo característico de la nueva Constitución.

La aprobación de la Constitución en un referéndum popular en diciembre de 1999 tampoco fue una garantía del respeto debido. Cuando todavía no se había secado la tinta con la que se había impreso la nueva Constitución, una “jugada” política poco percibida por la población, ocupada, por cierto, en los sucesos de los deslaves de Vargas, determinó que los mecanismos establecidos para el nombramiento de los representantes de los poderes públicos quedaran sin efecto. Esto es, los nombramientos del Tribunal Supremo, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano, se realizaron fuera de lo establecido en la Constitución.

De manera que aquellas lluvias, trajeron estos lodos. En este año hemos visto cómo una opinión del Tribunal Supremo, no caracterizado casualmente de ser respetuoso del equilibrio de poderes, es utilizado por la Asamblea Nacional, tampoco expresión de autonomía frente al Poder Ejecutivo, para aprobar una ley que anula varios de los artículos de la Constitución y acaba de un solo viaje con la concepción de Estado Federal Descentralizado. 

También hemos visto que muchos de los procedimientos judiciales para iniciar las investigaciones de casos de corrupción, especialmente la de líderes de la oposición, son realizadas sin tomar en cuenta las previsiones constitucionales, entre ellas, el debido proceso. También hemos visto cómo la utilización de la mayoría parlamentaria no tiene otro miramiento que la aprobación de mandatos específicos del Poder Ejecutivo. 

Es así como progresivamente nos hemos ido quedando sin reglas aceptadas por todos. No solamente ha sido la ejecución de un abuso de poder originario, el de finales de 1999, sino que a medida que se ha profundizado la falta de equilibrio de poderes, la Constitución ha sufrido los embates. En otras palabras, ya se ha modificado tanto el texto constitucional en la práctica que los primeros que deben respetarla, se deben estar preguntando cuál es el verdadero texto. Signo evidente de que ya no tenemos un acuerdo constitucional. Lo que tenemos es el manejo abusivo del poder. Nos hemos quedado sin garantías.

Politemas, Tal Cual, 29 de abril de 2009

Indefensos ante el hambre

Para finales del año pasado, según nos informan en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística, nueve de cada cien venezolanos se iban a dormir sin haber comido completo. Esa es la proporción de la población que se encuentra en pobreza extrema. 

Se dice muy rápido, pero la reflexión que debe generar es monumental. Un gobierno que ha recibido cientos de miles de millones de dólares en ingreso de venta de petróleo, no puede seguir diciendo que vivimos en el mejor de los mundos. Esta cifra indica con todo su drama la gran incompetencia que ha significado la década de la administración Chávez.

Eso ya es muy preocupante. Pero no podemos pararnos allí. Tenemos que imaginar las condiciones de vida de esas familias en situación de pobreza extrema en la actualidad. Si para finales del año pasado les costaba conseguir los alimentos, qué podemos esperar para el 2009 cuando todos los signos apuntan a una caída brutal del ingreso petrolero y a una inflación superior. No hay duda de que para estas familias la magnitud del déficit de alimentos aumentará. No se necesitan muchas cuentas para saber eso.

A lo anterior hay que agregar el porcentaje de familias que el año pasado tenían los ingresos para comprar los alimentos, pero que para este año ya no les “alcanza”. Son aquellas familias que van a los mercados y compran menos que el año pasado. Un kilo, cuando antes compraban dos. Un paquete, cuando el año pasado llevaban tres. Obviamente, esto les pasa a todas las familias del país. Pero hay algunas que antes tenían para comprar completo y que ahora no tienen. Esas familias pasarán a engrosar el número de familias en situación de pobreza extrema. Lamentablemente, nos enteraremos de la cifra oficial el año que viene por esta época, cuando ya el efecto haya ocurrido. 

Lo más grave de todo esto es que usted no oye ni ve al gobierno expresando alguna preocupación sobre este aspecto. Central, por lo demás. Sin comida, después de la vida la necesidad más básica, el cuento de la “revolución” simplemente no existe. Sin la protección del ingreso de los más pobres, aquellos que tienen literalmente que sobrevivir en una economía que se dice “socialista”, se acaban los dobles discursos. El número de personas que no tienen para comer completo, casi tres millones, es la demostración más palmaria de que acá lo que tenemos es un gobierno y unos gobernantes preocupados de adquirir más poder, no de ayudar a resolver los problemas de la gente, y dentro de ellos los problemas de los más pobres.

Prueba de esta indolencia es que, según las propias cifras oficiales, fácilmente ubicables en el sitio web del Ministerio de Planificación y Desarrollo, en el año 2007 teníamos a 18,4% de la población entre siete y catorce años, nuestros niños en las escuelas, en situación de desnutrición. En el grupo de niños entre 2 y 6 años la desnutrición afecta al 20,44%. En los menores de 2 años la desnutrición afecta al 11%. Podrá usted imaginarse el futuro que puede tener el llamado “socialismo” cuando no ha podido resolver la alimentación de una quinta parte de sus niños. Cuando todo eso ocurre con un ingreso tan grande en petrodólares.

Pero eso no es lo peor. El porcentaje de niños que nacían con desnutrición (con bajo peso al nacer) en 2007 es el más alto desde el año 1999. Nueve de cada cien recién nacidos llegan al “Socialismo del Siglo XXI” con desnutrición. Sólo un gran cinismo puede esconder la total responsabilidad que tiene la actual administración del presidente Chávez sobre este problema. Para estos millones de venezolanos la indefensión no puede ser mayor.

Politemas, Tal Cual, 22 de abril de 2009

Sobre la pobreza de 2013

La última información sobre pobreza, medida en términos de ingreso, que está disponible (con la serie completa de datos) en el sitio web del INE es la correspondiente al año 2013. También está disponible la serie para la medición de necesidades insatisfechas hasta el mismo año. 

En épocas de alta inflación y caída de la actividad económica es mucho más importante la medición de la pobreza por ingresos. Porque es justamente el ingreso la condición que está variando más, en este caso disminuyendo. De allí que sea fundamental determinar el porcentaje de familias que están en situación de pobreza, para que se diseñen e implementen las correspondientes acciones por parte del gobierno.

Debe recordarse que Venezuela tiene la tasa de inflación más alta del mundo desde hace tres años (2013, 2014, 2015). Para este año los pronósticos son preocupantes. La información del BCV no está disponible desde diciembre del año pasado, pero analistas nacionales e internacionales han indicado que puede llegar a 200%, incluso más. De esa manera, la tasa de inflación de este año sería la más alta de Venezuela en toda su historia, y la más alta en América desde el año 1995. 

Con respecto al crecimiento económico, debe indicarse que estamos en el segundo año seguido de recesión. En el 2014 la economía disminuyó en 4%. Para este año está prevista una nueva caída, de casi 10% según analistas especializados. 

En condiciones de alta inflación y caída de la actividad económica, está demostrado que una fracción de la población que no puede compensar la caída relativa en sus ingresos, puede entrar en situación de pobreza. Esto es especialmente grave para las personas que no pueden adquirir los alimentos, porque son estos productos los que más están expuestos a la inflación.

Sabemos por los últimos datos del INE, para el segundo semestre de 2013 (hace casi dos años), que ya en ese momento la pobreza extrema afectaba a 612.000 hogares. Eso representaba el porcentaje más alto desde 2006. También nos indica el INE que 9,8% de los venezolanos en 2013 no tenían los recursos para comprar los alimentos. Es decir, estaban en situación de pobreza extrema. La cifra total de personas en esta condición era 2,7 millones. Hay que señalar también que en el año 2013 la pobreza extrema había aumentado 3% con respecto a 2012.

Dada la situación en agosto de 2015, traducida en aumentos del precio de los alimentos, y continuación de la recesión, es conveniente conocer de qué manera están afectadas las familias que ya estaban en situación de pobreza en 2013. Y también es fundamental conocer la proporción de familias que ahora no tienen los recursos para estar por encima del límite de la pobreza (medida de acuerdo con los ingresos). Es por ello que el INE quizás deba actualizar la serie de pobreza disponible en su sitio web, y además informar lo más pronto posible de los resultados de la primera medición de pobreza del año 2015. Con esa información, el gobierno podría indicar las decisiones que ha identificado para enfrentar la situación de pobreza en el país.

Columna de Acuerdo Social, Últimas Noticias, 9 de agosto de 2015