El gobierno no escondió sus intenciones durante la campaña. Presentó un programa de gobierno que es a todas luces una completa violación de la Constitución de 1999. Lo cual no es ninguna sorpresa. Todo lo contrario, el actual gobierno se ha esmerado por no dejarle un hueso sano. Desde las violaciones a los derechos humanos, pasando por las restricciones a los derechos políticos (representación de las minorías, por decir algo), la aniquilación del Estado Federal Descentralizado (claro como el agua), hasta la pulverización de los derechos de propiedad. Es apenas una muestra.
Lo que tiene de excepcional el contenido del programa de gobierno presentado en la elección del pasado mes, es la completa indicación de que el curso escogido es construir un Estado al margen de la Constitución. Tal rumbo pretende fundamentarse en el triunfo electoral. Vale decir, la mayoría obtenida es suficiente argumento para justificar tales acciones. La mayoría es suficiente para acabar con el orden constitucional.
Por supuesto tal pretensión traduce una concepción profundamente anti-democrática, esto es, la mayoría tiene la potestad de anular a todos aquellos que opinen diferente. Es la tiranía de la mayoría. Sin mayor miramiento. Esa es justamente la práctica que se impuso en la aprobación del Plan de Gobierno 2007-2013 y en las Leyes Comunales en el año 2010, solo para citar unos pocos casos. Y es esa lógica la que se pone en marcha con el anuncio del “proceso constituyente”. Se intenta por la vía de los hechos, desviar la atención del asunto fundamental: poner en práctica lo que se anuncia en el programa de gobierno, y que se pretende convertir en Plan de la Nación 2013-2019, vulnera absolutamente a la Constitución de 1999.
Tal vulneración incluye las siguientes violaciones de la Constitución: anulación de los principios pluralistas al incorporar que solo el socialismo tiene cabida como orientación del Estado y la sociedad, así como la imposición de la propiedad social sobre la propiedad privada de los medios de producción; desaparición del derecho al sufragio directo porque solo los voceros electos por los Consejos Comunales podrían a los miembros del Consejo Ejecutivo de las Comunas; desaparición de las Gobernaciones y Alcaldías y sustitución por los Distritos Motores de Desarrollo; militarización de la vida civil; vigencia del Estado como único ente planificador, eliminación del trabajo asalariado y de las relaciones laborales protegidas, entre otros aspectos.
El objetivo del gobierno es hacer ver que todo lo anterior ha “surgido” de la expresión de los ciudadanos, a través de las actividades que se realicen hasta la fecha de la toma de posesión. Luego de ello se presentará el Plan de Gobierno en la Asamblea y será aprobado por la mayoría excluyente que hemos señalado. La vía “de facto”, pues.
Lo que tiene de excepcional el contenido del programa de gobierno presentado en la elección del pasado mes, es la completa indicación de que el curso escogido es construir un Estado al margen de la Constitución. Tal rumbo pretende fundamentarse en el triunfo electoral. Vale decir, la mayoría obtenida es suficiente argumento para justificar tales acciones. La mayoría es suficiente para acabar con el orden constitucional.
Por supuesto tal pretensión traduce una concepción profundamente anti-democrática, esto es, la mayoría tiene la potestad de anular a todos aquellos que opinen diferente. Es la tiranía de la mayoría. Sin mayor miramiento. Esa es justamente la práctica que se impuso en la aprobación del Plan de Gobierno 2007-2013 y en las Leyes Comunales en el año 2010, solo para citar unos pocos casos. Y es esa lógica la que se pone en marcha con el anuncio del “proceso constituyente”. Se intenta por la vía de los hechos, desviar la atención del asunto fundamental: poner en práctica lo que se anuncia en el programa de gobierno, y que se pretende convertir en Plan de la Nación 2013-2019, vulnera absolutamente a la Constitución de 1999.
Tal vulneración incluye las siguientes violaciones de la Constitución: anulación de los principios pluralistas al incorporar que solo el socialismo tiene cabida como orientación del Estado y la sociedad, así como la imposición de la propiedad social sobre la propiedad privada de los medios de producción; desaparición del derecho al sufragio directo porque solo los voceros electos por los Consejos Comunales podrían a los miembros del Consejo Ejecutivo de las Comunas; desaparición de las Gobernaciones y Alcaldías y sustitución por los Distritos Motores de Desarrollo; militarización de la vida civil; vigencia del Estado como único ente planificador, eliminación del trabajo asalariado y de las relaciones laborales protegidas, entre otros aspectos.
El objetivo del gobierno es hacer ver que todo lo anterior ha “surgido” de la expresión de los ciudadanos, a través de las actividades que se realicen hasta la fecha de la toma de posesión. Luego de ello se presentará el Plan de Gobierno en la Asamblea y será aprobado por la mayoría excluyente que hemos señalado. La vía “de facto”, pues.
Politemas, Tal Cual, 14 de noviembre de 2012
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