Si hay un aspecto que demuestra con claridad el gran fiasco de la administración Chávez, es la seguridad social. Esto es especialmente crítico en la protección de las pensiones y de la salud. Luego de casi siete años de gobierno, lo que se observa es un camino lleno de fracasos y retrocesos. La incapacidad para diseñar e implementar un cambio profundo de nuestros sistemas de pensiones y de salud ha sido sencillamente monumental.
El primer gran fracaso lo constituyó la Ley Habilitante del año 1999. En aquel momento la administración Chávez contaba con el apoyo popular derivado de la elección de 1998. También contaba con la habilitación del Congreso Nacional de la época. Con esas dos grandes condiciones a favor, el gobierno fue incapaz de elaborar una propuesta de reforma. Las luchas intestinas en el gobierno impidieron presentar al país una propuesta coherente que estableciera un sistema de seguridad social amplio y moderno. En octubre de 1999 (hace ya seis años), el gobierno simplemente señaló que dejaba ese tema de especial trascendencia para la Asamblea Nacional a elegirse a mediados de 2000.
Se eligió la Asamblea Nacional. Se creó la Comisión Presidencial para la Seguridad Social (CPSS). En junio de 2001 la CPSS envió a la Asamblea Nacional un conjunto de propuestas que hacían de esta reforma la más cara e ineficiente en toda América Latina. A finales de 2002 la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS). Toda una oda a la inviabilidad. El segundo gran fracaso es que luego de más de cinco años el gobierno (con mayoría en la Asamblea Nacional) no se ha producido ninguna de las legislaciones específicas, ni en las pensiones, ni en el sistema de salud. Peor aún, las propuestas favorecidas por el Ejecutivo lo que harían es empeorar las cosas.
En estas circunstancias no debe extrañar las cifras publicadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Panorama Laboral 2005 de América Latina y el Caribe. La cobertura de pensiones y salud de los venezolanos se ha reducido casi 13% entre 2000 y 2004 en toda la población laboral. Pasamos de tener 69,9% de cobertura en 2000 a 57% en 2004. En la población masculina la reducción es de 12% y en las mujeres 14%.
La reducción de la cobertura afectó tanto a los que trabajan en el sector formal como a los que trabajan en el sector informal en el período señalado. En el sector formal la protección de pensiones y salud disminuyó de 81,3 a 72,2% del total de trabajadores. En el sector informal la protección de pensiones y salud disminuyó de 27,6 a 15,5%. De manera que actualmente uno de cada cuatro trabajadores en el sector formal no tiene protección de pensiones y salud. En el caso de los trabajadores informales, no tienen protección ocho de cada diez.
Las evidencias indican que en la administración Chávez se ha agudizado la pérdida de empleos en el sector formal de la economía. Han disminuido los asalariados y han aumentado los trabajadores no profesionalizados por cuenta propia. De tal manera que si algo ha estado claro en Venezuela, es que el actual gobierno no tiene ningún interés en crear empleos de alta calidad, aquellos que generan la mayor productividad y riqueza.
Lo que ahora también está claro es que la administración Chávez ha aumentado la inseguridad social incluso de los trabajadores en el sector informal. La disminución de la cobertura de prestaciones fundamentales para todos los trabajadores venezolanos, indica que estamos en presencia de un gobierno que prefiere la disminución de beneficios, que no está preocupado por fortalecer la protección social, que deja al azar lo que son derechos inalienables de todos los ciudadanos: la protección de largo plazo (pensiones) y la protección para las contigencias de salud y enfermedad. No queda duda de que estamos en presencia de un gran fiasco.
Politemas, Tal Cual, 26 de octubre de 2005
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