No hay salida de la pobreza sin empleos decentes. La única forma de promover el bienestar es garantizando la inversión que produzca empleos de calidad. Estos empleos garantizan la protección social del trabajador y sus familias. También generan ingresos vinculados a la productividad y al reconocimiento de los derechos de los trabajadores. Finalmente, promueven la actualización de las capacidades de los trabajadores, así como la utilización de nuevas tecnologías.
El gobierno del presidente Chávez ha sido un estruendoso fracaso en la promoción de empleos decentes. Estimaciones del Equipo Acuerdo Social, basadas en datos oficiales, indican que en este año casi seis millones de venezolanos subsisten gracias a lo que logran realizar en el sector informal de la economía. Venden una cosa hoy, otra mañana. Nada que se asemeje a un empleo con salario estable y adecuadas condiciones. Otro millón de venezolanos ni siquiera tiene eso: se encuentran desempleados. En total, siete millones de compatriotas no tienen empleos productivos.
En los ocho años del gobierno del presidente Chávez apenas se ha creado la mitad de los empleos decentes que necesitamos. Con el agravante de que muchos de ellos se han generado en el sector público, probablemente aumentando las tradicionales limitaciones de la burocracia oficial.
Si los gobiernos deben velar por las mejores condiciones para sus ciudadanos, entonces, la promoción de la creación de empleos decentes es su primera obligación. A tal efecto, deben convocar a los sectores empresariales y sindicales para definir una agenda de políticas públicas consistente con el objetivo de crear la mayor cantidad de estos empleos.
Esta modalidad de concertación entre los sectores empresariales, sindicales y el propio gobierno, se ha extendido, especialmente en Europa Occidental. Uno de los primeros países en utilizar este mecanismo fue Holanda. A partir de la sobrevaluación de la moneda derivada del descubrimiento de grandes cantidades de gas en el Mar del Norte, la economía holandesa se hizo menos competitiva, especialmente en la producción de manufacturas. Con una tasa de desempleo superior a 10%, se impuso la necesidad del acuerdo. En 1982 empresarios y trabajadores convinieron en promover mayor inversión y enfatizaron la creación de empleos. De esta manera se concretó el Acuerdo de Wassenaar, también conocido como “Recomendaciones Generales para una Política de Empleo”. El ejemplo de Holanda fue seguido un poco más tarde por España, y en los noventa por otros países como Finlandia, Irlanda, Italia, Portugal y Eslovenia.
Venezuela requiere un Acuerdo por el Empleo Decente. La propuesta programática de los sectores democráticos podría incluir la conformación de una gran alianza con los sectores empresariales y sindicales más representativos del país. Sería la primera decisión del próximo gobierno. La meta debe ser crear un mínimo de dos millones de empleos decentes en los próximos seis años. Esto es duplicar los empleos decentes creados en el actual gobierno.
Para darle viabilidad a esta propuesta se deberá conformar una instancia de concertación con representación de todas las partes. Tal instancia deberá reunirse dos veces al año, al menos. En el mes de enero para examinar las perspectivas de la inversión pública y privada en el año que se inicia, así como la agenda de decisiones que deberán acordarse con la participación del Ejecutivo y Legislativo. También deberá reunirse a mediados de año, con motivo de la discusión del presupuesto nacional y del examen de la economía venezolana para el año entrante. Un liderazgo abierto y consensual es clave para la implementación efectiva de esta propuesta.
El próximo gobierno debe insistir permanentemente en la creación de empleos decentes. El éxito de su gestión dependerá de la capacidad articular esfuerzos en esta dirección. El número y calidad de los empleos decentes que se creen será la medida de su preocupación por derrotar la pobreza y promover el desarrollo.
Politemas, Tal Cual, 30 de agosto de 2006
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