El gobierno se pone susceptible cuando se dice que ha violado la Constitución. Tal susceptibilidad es muy llamativa. Se trata de desviar la atención de lo que ha sido una conducta reiterada. La lista de agravios constitucionales es bastante larga. El abuso de poder y la utilización de las mayorías circunstanciales han servido para desvirtuar muchos de los preceptos constitucionales.
Ya han pasado más de diez años. Los sucesos de diciembre de 1999 se pierden en la memoria. Pero es bueno recordarlos. La Constitución fue aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 1999. No había pasado una semana, a la sombra del “deslave de Vargas”, cuando se pusieron de lado los mecanismos constitucionales para el nombramiento de los Poderes Públicos. Como resultado, toda la discusión constituyente se evaporó en un santiamén. Los mecanismos de consulta y discusión cedieron su paso a la utilización del atajo, de la componenda. El equilibrio de poderes desapareció. La recién aprobada Constitución dejó de ser un pacto de convivencia para convertirse en un mecanismo de exclusión. Diez años después es evidente que mucho se hubiera podido evitar si se hubiera respetado lo señalado en la Constitución.
Esa violación de la Constitución no fue fortuita. Fue deliberada y consciente. Se trataba de preparar el camino para el mayor predominio de un sector político sobre otro en casi medio siglo. Tal situación fue apenas el inicio. Luego vino la aprobación de decretos leyes que vulneraban los derechos de propiedad, de libre empresa. También se aplicaron restricciones a la libertad de enseñanza y a la armónica relación entre el Estado y el sector privado. Todo ello sin incluir la utilización de la mayoría en la Asamblea Nacional para modificar las leyes de algunos de los poderes públicos, como fue el caso del Tribunal Supremo de Justicia.
Y si quedaba alguna duda, en los últimos años, después de la derrota que sufrió el intento de reforma constitucional, se han aprobado numerosas leyes que lesionan lo señalado en el texto constitucional con respecto a la organización político-territorial, el Estado Federal y descentralizado, así como el régimen productivo. Todos estos cambios constituyen violaciones a lo establecido y aprobado en la Constitución de 1999, incluyendo regulaciones contrarias a los derechos humanos fundamentales.
El gobierno esconde cínicamente tales violaciones. Sabe que la sociedad lleva cuenta de ellas y que en las próximas elecciones le dará especial importancia a la forma como el actual gobierno ha lesionado el pacto de convivencia de los venezolanos. El 26 de septiembre la sociedad democrática le dirá muy claramente al actual gobierno que rechaza su desapego a la Constitución. Ese día el actual gobierno será castigado por el tribunal de los votos de los venezolanos.
Ya han pasado más de diez años. Los sucesos de diciembre de 1999 se pierden en la memoria. Pero es bueno recordarlos. La Constitución fue aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 1999. No había pasado una semana, a la sombra del “deslave de Vargas”, cuando se pusieron de lado los mecanismos constitucionales para el nombramiento de los Poderes Públicos. Como resultado, toda la discusión constituyente se evaporó en un santiamén. Los mecanismos de consulta y discusión cedieron su paso a la utilización del atajo, de la componenda. El equilibrio de poderes desapareció. La recién aprobada Constitución dejó de ser un pacto de convivencia para convertirse en un mecanismo de exclusión. Diez años después es evidente que mucho se hubiera podido evitar si se hubiera respetado lo señalado en la Constitución.
Esa violación de la Constitución no fue fortuita. Fue deliberada y consciente. Se trataba de preparar el camino para el mayor predominio de un sector político sobre otro en casi medio siglo. Tal situación fue apenas el inicio. Luego vino la aprobación de decretos leyes que vulneraban los derechos de propiedad, de libre empresa. También se aplicaron restricciones a la libertad de enseñanza y a la armónica relación entre el Estado y el sector privado. Todo ello sin incluir la utilización de la mayoría en la Asamblea Nacional para modificar las leyes de algunos de los poderes públicos, como fue el caso del Tribunal Supremo de Justicia.
Y si quedaba alguna duda, en los últimos años, después de la derrota que sufrió el intento de reforma constitucional, se han aprobado numerosas leyes que lesionan lo señalado en el texto constitucional con respecto a la organización político-territorial, el Estado Federal y descentralizado, así como el régimen productivo. Todos estos cambios constituyen violaciones a lo establecido y aprobado en la Constitución de 1999, incluyendo regulaciones contrarias a los derechos humanos fundamentales.
El gobierno esconde cínicamente tales violaciones. Sabe que la sociedad lleva cuenta de ellas y que en las próximas elecciones le dará especial importancia a la forma como el actual gobierno ha lesionado el pacto de convivencia de los venezolanos. El 26 de septiembre la sociedad democrática le dirá muy claramente al actual gobierno que rechaza su desapego a la Constitución. Ese día el actual gobierno será castigado por el tribunal de los votos de los venezolanos.
Politemas, Tal Cual, 21 de julio de 2010
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