La aprobación de leyes es un signo de la capacidad de acuerdos en la sociedad. Las leyes son normas que regulan la definición de problemas públicos, y lo que es más importante, la forma de resolverlos. Legislar es otra manera de construir consensos. No por el mero hecho de que las soluciones sean unánimes, sino porque de esa manera se colocan las bases para una implementación adecuada, sin contramarchas, garantizando el máximo de constancia en las políticas.
Ya sabemos que en las sociedades complejas, diferenciadas, como la nuestra, legislar supone un esfuerzo consciente, políticamente articulado, y sistemático, por incluir a la mayor cantidad de sectores y grupos en el proceso de definición de problemas y políticas. El argumento es sencillo: cada quien ve una parte de la realidad. Esa parte es importante para entender el conjunto. Se cumple el viejo lema: “el todo es más que la suma de las partes”. No hay políticas públicas sostenibles ni efectivas sin la incorporación activa y permanente de la mayor cantidad de actores.
Esa era la tradición en Venezuela hasta 1998. En muchas áreas de las políticas públicas se lograron consensos que perduran incluso hasta hoy. Prueba de ellos fueron la política exterior, la política educativa, incluso aspectos sustantivos de la política petrolera, como la participación en la OPEP. Es verdad también, que muchos consensos no fueron amplios, que algunos grupos fueron excluidos. Justamente allí hay que buscar la razón de muchos de nuestros fracasos en políticas públicas. Lo que queremos destacar es que había una cultura política que promovía la inclusión parlamentaria, expresión fundamental, pero ciertamente no la única, de la representación popular.
Todo esto cambió en el gobierno del presidente Chávez. La dinámica parlamentaria inició una cultura que tiene por objetivo la exclusión de todos los sectores que pudieran tener enfoques diferentes al gobierno. La composición de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) trajo como consecuencia que un porcentaje importante de la población (quizás el 40%) fuera representado por apenas el 5% de los miembros de la ANC. Es evidente que la Constitución de 1999 no es fruto de un consenso maduro, articulado. Las consecuencias de esta exclusión se han prolongado en estos siete años.
En este año se inicia una nueva fase de esta exclusión. Venezuela tiene hoy un parlamento monocolor. Comparte solamente con Cuba la lamentable condición de parlamentos dependientes completamente del poder Ejecutivo. No hay espacio para el disenso entre poderes, mucho menos para el esfuerzo de consensos sociales duraderos. Sólo hay espacio para una sola palabra: aquella que se deriva del monopolio del poder. Aquella que se deriva de la fuente de la exclusión.
En estas precarias condiciones políticas la Asamblea Nacional se dispone a legislar. Las primeras manifestaciones no dejan ninguna duda. La obediencia parlamentaria nos ha llevado al mundo de soluciones únicas. Esto vale no solamente para el cambio de los símbolos patrios, sino para la aprobación de leyes fundamentales para la vida de la gente, como es el caso de la Ley de Salud y del Sistema Público Nacional de Salud.
El grupo parlamentario monocolor anunció que en estos primeros meses del año se aprobará esta Ley. Seguramente no tomarán en cuenta la cantidad de objeciones presentadas el año pasado por grupos políticos, sindicales, gremiales, académicos, universitarios, técnicos, representantes del sector privado, y de las organizaciones sin fines de lucro. Todos los defectos del proyecto actual quedarán sin discusión, sin la búsqueda de las mejores soluciones. Que proviene justamente de la capacidad de conciliar, de acordar, de ir juntos. Una Ley aprobada en esas condiciones es una forma de dividir más, de utilizar arrogantemente el poder para separar. Tampoco queda duda que dicha Ley dejará intactos los problemas de salud de la gente.
Politemas, Tal Cual, 25 de enero de 2006
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