Cada día es más evidente el fracaso de la política social del gobierno del presidente Chávez. Luego de desmantelar los programas de protección social que habíamos consolidado en los noventa, utilizó los canales de la burocracia militar para encontrarse finalmente sin ideas y con abundantes denuncias sobre la falta de transparencia en el manejo de esos recursos públicos. Esa fue la triste historia del Plan Bolívar.
Luego de cinco años de gestión, con el apoyo del régimen cubano, el gobierno empezó a implementar las denominadas misiones. Antes que programas modernos de protección social, las misiones han sido mecanismos de exclusión ideológica y política. Al contrario de lo que debe ser una política social universal, las misiones nos sumergieron en el mundo de la discrecionalidad. Peor aún, algunas de ellas nos han hecho retroceder en cobertura y calidad de los servicios sociales.
Todo lo anterior queda de manifiesto al examinar la protección de las mujeres embarazadas en estos tiempos de “revolución”. El impacto social de un gobierno moderno debe tomar en consideración el cuidado y protección de la población materno-infantil. No hay forma más clara de expresar las preocupaciones genuinas de los gobiernos democráticos. Es un mandato para asegurar el futuro.
En Venezuela han empeorado los riesgos para las mujeres embarazadas. De acuerdo con cifras oficiales del Ministerio de Salud, en 1998 se registraron en el país 501.888 nacimientos. También tuvimos 256 muertes por causas relacionadas con el embarazo, parto y el período post-parto. Esto significó que la razón de mortalidad materna fuera 51 muertes por cada 100.000 nacimientos en ese año.
En el año 2004 (último año de información oficial disponible), se registraron 530.565 nacimientos. También ocurrieron 318 muertes maternas. Esto significó que la razón de mortalidad materna llegó a 59,9 muertes por cada 100.000 nacimientos. Al comparar las cifras encontramos que la mortalidad materna en Venezuela aumentó 20% entre 1998 y 2004.
Muchas de estas mujeres (casi el 20%) murieron por abortos. Cerca del 30% murieron por trastornos relacionados con el aumento de la tensión arterial. El adecuado control prenatal hubiera evitado muchas de estas muertes.
Una prueba de que la Misión Barrio Adentro no fue creada con el objetivo de mejorar esta situación, es que no se conoce la cifra de embarazadas controladas. Tampoco se conoce la cifra de embarazadas que reciben protección nutricional. La más reciente información de la Misión Barrio Adentro (no actualizada desde el 27 de agosto de 2005), indica que se han atendido 1.868 partos, lo cual significa apenas el 0,35% de los partos que ocurren anualmente en el país.
El actual gobierno ha tratado con indiferencia a las madres venezolanas. Ha deteriorado su calidad de vida al eliminar programas que atendían sus necesidades de nutrición y salud. Ha colocado a cientos de miles de mujeres gestantes en condiciones de mayor vulnerabilidad. Antes que promover mecanismos para identificar cada mujer embarazada y limitar sus riesgos, ha debilitado la capacidad del sistema de salud para prestar servicios adecuados durante el período prenatal, en el parto, y en los primeros días de vida del recién nacido.
Esta indiferencia contrasta ostensiblemente con la inmensa cantidad de recursos que ha recibido el país en estos años. Contrasta también con los éxitos de otros países. Por ejemplo, en el período analizado Chile redujo la mortalidad materna en 35%. Las mujeres embarazadas en ese país tienen cinco veces menos riesgos de morir que las venezolanas.
En su desmedido afán por conformar un modelo autoritario, el actual gobierno ha atropellado a los más débiles y necesitados. Día a día les niega los elementales servicios para garantizar una mejor calidad de vida. Es un gobierno que podrá tener mucho poder y recursos, pero que está alejado de los problemas directos de la gente. Es un gobierno prepotente, distante. Es un gobierno de madres desprotegidas, es un gobierno sin futuro.
Politemas, Tal Cual, 9 de agosto de 2006
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