Los países avanzan con instituciones sólidas. A través de la práctica y la concertación, las instituciones permiten a las sociedades encontrar vías para funcionar adecuadamente. Las instituciones se convierten en conductas, en hábitos, en maneras de decidir y actuar. Hoy se considera que las instituciones tienen una gran diversidad. Desde la palabra de un gobierno, hasta la participación en asociaciones. Pasando por leyes, procedimientos, y mecanismos de decisión. En cualquiera de sus formas, las instituciones de un país son expresiones concretas de su idiosincrasia. De su manera de entender el presente y aproximarse al futuro.
El gobierno del presidente Chávez ha impuesto al menos dos maneras de acabar con las instituciones. La primera es la aniquilación por la vía de la centralización y el autoritarismo. Se promueve la dependencia de un único poder, de una exclusiva fuente de decisiones: el Poder Ejecutivo. Todos los demás poderes públicos viven hipotecados. Tienen un poder prestado. Justamente la antítesis de una sociedad democrática y libre.
La segunda manera de acabar con las instituciones es impedir que se formen. Para que prevalezca la anomia y la indefinición. Para que en la ausencia de reglas sigan los problemas sin resolverse. Para que las malas respuestas sigan vigentes. Para que sencillamente no pase nada.
La reforma de la seguridad social corresponde al segundo caso. Luego de ofrecer al país desde 1999 una solución para tener un sistema de seguridad social amplio y universal, el actual gobierno fue incapaz de concretar la reforma en los primeros cuatro años de su gestión. El 6 de diciembre del año 2002 la anterior Asamblea Nacional aprueba la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSSS). Esta Ley establece los regímenes de prestaciones de la seguridad social, así como las instituciones que deberían crearse en el nuevo sistema.
El artículo 117 de la LOSSS indica que el Ejecutivo Nacional debería desarrollar, en un plazo “no mayor de seis meses”, el plan de implantación de la “nueva institucionalidad” del sistema de seguridad social. También señala la LOSSS que el período de implantación del funcionamiento del nuevo sistema “no podrá exceder el lapso de cinco años”. Como si fuera poco, la LOSSS otorga al Ejecutivo Nacional “las más amplias facultades para reglamentar las disposiciones legales” y los autoriza para publicar en la Gaceta Oficial los planes de trabajo y los instrumentos jurídicos que considere pertinentes. La LOSSS establece que el Ejecutivo informe a la Asamblea Nacional, en los 10 primeros días de cada semestre, los avances y obstáculos para la implantación del nuevo sistema.
Luego de casi cuatro años de aprobada, las disposiciones centrales de la LOSSS siguen sin aplicarse. En el sitio web del Ministerio del Trabajo no se encuentra ni el plan de implantación de la “nueva institucionalidad”, ni los avances y obstáculos. Mientras esto sucede, millones de venezolanos no cuentan con los beneficios de un sistema de seguridad social de manera adecuada, universal y efectiva.
Las “nuevas instituciones” de la seguridad social sólo se encuentran en el papel. A la incompetencia del gobierno para realizar seguimiento de sus propias acciones, se suma una incompetencia mayor. Aquella que se contenta con resolver los problemas en la teoría. En dictar regulaciones sin la atención debida a la viabilidad y al realismo. La consecuencia de ambas incompetencias se expresa en la vida cotidiana de los ciudadanos que requieren un moderno sistema de seguridad social.
La deuda del gobierno del presidente Chávez con la seguridad social es inmensa. Las pocas reformas que se han definido están solamente en el papel. Con estas ejecutorias el actual gobierno ha demostrado lo poco que le interesa el futuro real de los venezolanos. Luego de casi ocho años, el gobierno actual sigue ofreciendo, sigue creando ilusiones. Es definitivamente un gobierno de palabras, alejado de la gente, incapaz de concretar.
Politemas, Tal Cual, 10 de mayo de 2006
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