Gobierno opaco

La transparencia en la administración de los recursos públicos es un deber de los gobernantes. Tales recursos se derivan de innumerables actividades productivas, tanto las que se realizan en el sector público como en el privado. Los ingresos al fisco nacional tienen su origen en un pacto que hacen los ciudadanos. Esto es, generamos recursos para que sean reinvertidos en la sociedad en forma de nuevos servicios y beneficios. 

Para que esta reinversión sea de utilidad para todos, es fundamental que los gobiernos cuiden la adecuada asignación de los recursos e informen a los ciudadanos sobre cada una de las fases. Cuando un gobierno cumple con lo anterior, decimos que es transparente en el manejo de las cuentas públicas. Cuando no lo realiza, decimos que es un gobierno opaco.

Justamente para garantizar la mayor transparencia posible la Constitución de 1999 incorporó una sana disposición. El artículo 315. Este artículo establece que los presupuestos anuales de gastos, en todos los niveles de gobierno, deben indicar claramente el objetivo de cada crédito presupuestario, así como los resultados esperados y los funcionarios responsables. Indica también el artículo que los resultados deberán expresarse en forma cuantitativa, mediante indicadores de desempeño. 

El artículo 315 parte de la premisa de que existe un presupuesto anual de gastos en el cual debe incluirse la información sobre todas las inversiones públicas. Porque tal presupuesto, convertido luego en ley, permite la participación de todos los actores en su discusión. No sólo los miembros del poder ejecutivo nacional, sino los representantes del pueblo congregados en la Asamblea Nacional, así como el resto de la sociedad en forma de grupos organizados o medios de comunicación, entre otros sectores. De esa manera el presupuesto anual se convierte en la expresión de una decisión colectiva para lograr el bienestar. 

Del dicho al hecho, sin embargo, luego de siete años, existe un gran trecho. El cumplimiento del precepto constitucional, al menos en la esfera del gobierno nacional , es deficiente y preocupante. Tomemos como ejemplo, la asignación de recursos en las denominadas misiones. Es un lugar común escuchar o leer declaraciones de altos funcionarios resaltando la gran cantidad de recursos asignados así como la prestación de servicios o construcciones de obras relacionadas con estas inversiones públicas.

Al revisar la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2006, no es posible concluir sobre la magnitud y características de los recursos asignados a las misiones relacionadas con la salud y nutrición. En el caso específico de Mercal, logramos identificar que se invertirán 292 millardos. No se indica cuáles son los indicadores de desempeño vinculados a esa misión. Esto es el número actual de casas de alimentación, por ejemplo, y las que se piensan crear en 2006. Así como los beneficiarios actuales y los que se aspiran incorporar.

En el caso de la Misión Barrio Adentro no aparece el monto total de la inversión. Es posible identificar rubros para esta Misión que ascienden a 279 millardos, apenas el 6% de la inversión correspondiente al Ministerio de Salud (4,4 billones de bolívares). Mucho menos se puede identificar indicadores de desempeño para realizar el seguimiento de los objetivos de esta misión.

La Ley de Presupuesto no expresa la adecuada correspondencia entre la supuesta prioridad asignada a las misiones y su concreción, en términos de recursos y de la información necesaria para seguir su implementación. Si esto sucede con áreas de inversión tan importantes para el actual gobierno, qué podemos esperar en otras menos conocidas. 

Al final de cuentas la sociedad no tiene idea sobre el uso de sus recursos. Los responsables no informan todo lo que saben ni explican todo lo que hacen. El gobierno del presidente Chávez promueve la opacidad en el manejo de las cuentas públicas justamente porque no tiene contrapesos ni controles. Vivimos una hora oscura.

Politemas, Tal Cual, 15 de marzo de 2006