Una mirada a las políticas sociales del actual gobierno no deja sino preocupaciones. Los cuantiosos recursos derivados del negocio petrolero en los últimos años, no han servido para mejorar los problemas estructurales de los servicios dedicados al mejoramiento de nuestro capital humano. Hemos perdido terreno desde la atención a la desnutrición hasta la calidad educativa, pasando por la protección a la salud, y la cobertura y viabilidad del sistema de pensiones.
El propio gobierno ha acometido una extraordinaria campaña de propaganda para transmitir la falsa creencia de que vivimos una “revolución de la política social”. Nada más alejado de la realidad. Ya muchos sectores han denunciado los innumerables atropellos al excluir a beneficiarios de las Misiones por razones políticas o ideológicas. Sólo esta distorsión de lo que significa una política social universal, bastaría para descalificar esta “supuesta solución”.
También se ha alertado sistemáticamente sobre el fraude que ha significado para los ciudadanos la implementación de la Misiones. Baste señalar en este particular la irresponsable repetición oficial de que ahora 17 millones cuentan con servicios de salud a través de la Misión Barrio Adentro. Todo el país sabe que el gobierno del presidente Chávez ha sido incapaz de aprobar el conjunto de servicios de salud que deben recibir todos los venezolanos sin ningún tipo de exclusión.
A todo lo anterior se suma ahora la evidencia internacional. En los primeros meses del año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó un documento relevante para el análisis de las políticas sociales en la región. El título del documento ya es indicativo de la magnitud del problema: “La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad”. El objetivo de la publicación es caracterizar la política social que debe implementarse en nuestros países para subsanar la grandes inequidades de cobertura y calidad de los servicios, así como para impulsar la lucha contra la pobreza y la exclusión.
A tal efecto, Cepal propone una nueva fase de la política social que se fundamente en contrarrestar las limitaciones de las décadas precedentes. Tal política social debe contar al menos con cuatro fundamentos. El primero es la concertación de un pacto social en torno a los derechos sociales, económicos y culturales. Según Cepal, el pacto social debe “ayudar a definir cuál es el abanico de acceso a prestaciones, activos y beneficios al que todo ciudadano puede aspirar”.
El segundo fundamento es la denominada “institucionalidad incluyente”, que no es otra cosa que poner en práctica la garantía de los derechos, a través de la incorporación plena de los ciudadanos. El tercer fundamento es vigilar el uso óptimo de los recursos y facilitar acuerdos que permitan redistribuirlos. En este aspecto, Cepal indica que no hay contradicción entre focalización y el carácter universal de los derechos sociales. En otras palabras, para ser efectivos en la reparación de las inequidades debemos reconocerlas individuo por individuo, familia por familia. Es acá donde Cepal reitera la necesidad de políticas sociales universales, esto es, que incluyan también a los sectores medios.
El cuarto fundamento es que tal pacto debe tener contenidos, tales como, niveles mínimos de bienestar acordes con la capacidad fiscal de los países, mecanismos explícitos de solidaridad y transferencia, progresividad en la cobertura de servicios, énfasis en la calidad de las prestaciones y la expansión del acceso.
No queda la menor duda de que la política social del gobierno del presidente Chávez coloca a Venezuela en la cola de América Latina. No tenemos nada que se parezca a un pacto o acuerdo sobre políticas sociales. Todo lo contrario, lo que tenemos es exclusión, debilidad institucional y ausencia de contenidos definidos. Vamos en la dirección contraria a la modernización social y política de la región. Pobre desempeño para aspirar una reelección.
Politemas, Tal Cual, 14 de junio de 2006
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