Hora de decadencia para la República. Los poderes públicos proceden, sin mayor miramiento, a rendir reverencia al Poder Supremo, representado por el presidente Chávez. Es tiempo de genuflexión.
La escalada autoritaria que estamos padeciendo en Venezuela tiene su origen en la sistemática anulación de la independencia de los Poderes Públicos. La elección de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 fue la primera pieza de tal estrategia. Casi la mitad de los ciudadanos que no votaron por el actual Presidente en 1998, fueron excluidos de la representación en la Asamblea Nacional Constituyente electa a mediados del año siguiente.
En diciembre de 1999, al amparo del desconcierto que se vivía por la tragedia de Vargas, la élite política gobernante suspendió los mecanismos constitucionales previstos para el nombramiento de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Ciudadano. A menos de una semana de vigencia, la actual Constitución había sido dejada de lado. Se inició así el proceso de concentración de poder en la figura presidencial que hoy adquiere proporciones nunca vistas en la historia de Venezuela.
Sin equilibrio de poderes no es posible controlar los excesos y arbitrariedades que emanan del ejercicio abusivo del gobierno. Tampoco es posible dirimir los conflictos, y mucho menos generar los balances y acuerdos requeridos por una sociedad moderna.
Es por ello que no debe extrañar que el deseo presidencial para que se realice el referéndum aprobatorio de la “reforma constitucional” el próximo 2 de diciembre, es superior a cualquier manifestación crítica que sostenga su inconveniencia o inconstitucionalidad.
Desde que a finales del año pasado el presidente Chávez anunció la “reforma constitucional” todos los poderes han “hincado la rodilla en tierra”. Signo claro de reverencia y dependencia ante los mandatos del Poder Ejecutivo.
La Asamblea Nacional aceptó la propuesta presidencial para elaborar un proyecto de “reforma constitucional” que en realidad fue dictado desde Miraflores. La celeridad en la discusión de la “reforma”, dado el plazo máximo de dos años establecido en la Constitución de 1999, es muestra evidente de la falta de autonomía del Poder Legislativo.
El Poder Electoral ratifica la convocatoria del referéndum sin garantizar la equidad en la difusión de mensajes y pautas publicitarias. El Tribunal Supremo de Justicia, con pocas excepciones de sus miembros, ha dictaminado en contra de los alegatos que sostienen la inconstitucionalidad del mecanismo de reforma, dadas las modificaciones propuestas que alteran principios fundamentales de la Constitución de 1999. En consecuencia, también han negado que lo que ha debido convocarse es una Asamblea Nacional Constituyente.
Ninguno de los integrantes del Poder Ciudadano ha mostrado su desacuerdo beligerante con la propuesta de restringir los derechos humanos en los estados de excepción, sólo para citar un grave ejemplo.
Todos los poderes públicos se han plegado de manera irrestricta. Han demostrado que no les interesa mucho garantizar los derechos y aspiraciones de los venezolanos, así como defender la plena vigencia del actual marco constitucional. Tal pareciera que el interés mayor es servir de fieles custodios de la mayor afrenta a la convivencia ciudadana que hemos experimentado en Venezuela.
Politemas, Tal Cual, 14 de noviembre de 2007
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