El Estado de la República Bolivariana de Venezuela, según la Constitución de 1999, es Federal y Descentralizado. Los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente alcanzaron un consenso sobre un tipo de Estado que reconociera el profundo efecto de los cambios desatados en Venezuela con la elección de gobernadores y alcaldes desde finales de los ochenta.
No deja de ser llamativo que se usaran dos términos pata enfatizar la propuesta. El término “federal” denota la visión de que los Estados forman parte de una unión, que tienen competencias específicas en las materias establecidas, que dejan de ser apéndices del nivel nacional. A pesar de que muchas veces en la historia la República ha sido denominada como Estado Federal, en realidad ha sido más palabra que realidad. No pasa igual, sin embargo, con los Municipios. La tradición de autonomía, quizás vinculada a la más clara expresión de sus competencias, facilita entender al municipio como un nivel de gobierno más definido.
El término “descentralizado” fue utilizado, probablemente, para dejar claro que no era el nivel nacional el eje de la República. Que por más de una década se había desarrollado en los estados y municipios una amplia transformación de la manera de entender al gobierno y la representación. Que la posibilidad de que los Estados y Municipios administraran servicios y competencias, tradicionalmente asignadas al Poder Nacional, había traído mejoras concretas en las condiciones de vida de las poblaciones. Siendo muchos de los diputados constituyentes los líderes de ese proceso, era lógico que lo quisieran dejar plasmado en la nueva carta magna. Y así fue.
Para el gobierno del presidente Chávez, sin embargo, que el Estado sea Federal y Descentralizado no es ni una preocupación ni una guía de la acción de las políticas públicas. En los últimos diez años lo que hemos tenido es una absoluta oposición de parte del gobierno nacional a las tendencias descentralizadoras y federales. Baste nombrar que cesaron los procesos de transferencias de competencias a los niveles estadales y municipales de gobierno. También los estados y municipios han sido asfixiados financieramente por dos vías. Primero se les retrasa las transferencias a las cuales tienen derecho según la Constitución y las leyes de la república. Luego se les elimina la posibilidad de recibir recursos adicionales, al fijar el precio del petróleo tan bajo, de manera que los excedentes deben ser transferidos al gobierno nacional.
Ha quedado claro, en consecuencia, que la vocación fundamental del actual gobierno no es el federalismo ni la descentralización. Podría decirse que la Constitución de 1999 no es exactamente la idea de organización del Estado que expresa la visión de la “revolución”. De allí que se quisiera reformarla el año pasado. Para acabar con esas tendencias federales y descentralizadoras. Para que la organización del Estado dependiera solamente de la más alta instancia del Poder Ejecutivo. En el referéndum del pasado 2 de diciembre quedó claro que los venezolanos no aceptan la eliminación de la condición federal y descentralizada del Estado.
Las elecciones del 23 de noviembre quizás sea el mayor espaldarazo que reciba el Estado Federal y Descentralizado señalado en la Constitución. Será la manifestación de que para los venezolanos los gobiernos estadales y municipales son muy importantes. Que la elección de sus autoridades constituye un acto trascendente, ligado a las condiciones concretas en las que viven, y expresión de las posibilidades en tener soluciones efectivas a sus problemas y necesidades. Será un voto por un Estado más democrático y diverso.
Politemas, Tal Cual, 5 de noviembre de 2008
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