En menos de seis meses acudiremos a elegir gobernadores y alcaldes en todo el territorio nacional. Ya están en marcha las fases finales para la selección de los respectivos candidatos. De la elección que se haga el 23 de noviembre dependerá, en cierta medida, la calidad de vida en los estados y municipios del país en los próximos cuatro años.
A pesar del amplísimo poder que ha desarrollado el Poder Nacional en los últimos diez años, quedan muchas opciones para mejorar el desempeño de nuestros gobiernos en estados y municipios. Si bien es cierto que la situación ideal es contar con un gobierno nacional que diseñe e implemente políticas que promuevan la democracia y el bienestar, no se puede desconocer el marco de posibilidades, que aun en este contexto adverso, pueden desarrollar los gobernadores y alcaldes.
La primera referencia para definir las políticas públicas en el ámbito estadal y municipal es preguntarse por los problemas que más aquejan a los venezolanos. Múltiples encuestas de opinión, junto con las demandas diarias que se reflejan en los medios de comunicación y en las conversaciones de calle, indican que la seguridad, el empleo y la calidad de los servicios públicos están entre los requerimientos más frecuentes de los ciudadanos. Es muy posible que en cada uno de nuestros estados y municipios los tres problemas estén presentes en mayor o menor grado.
De manera que la respuesta, en términos de las soluciones o alternativas, que cada uno de los candidatos presente a estos problemas en su respectivo programa de gobierno, será un elemento crucial a la hora del voto. Los candidatos que presenten propuestas más creíbles y fundamentadas serán seguramente los que reciban más apoyo.
En el caso de la seguridad hay muchas opciones para actuar. Desde la asignación de recursos para la identificación de las áreas de mayor peligrosidad para las personas y bienes, pasando por la mejoría de los servicios de policía en los estados y municipios. La Ley de Policía Nacional y del Servicio de Policía indica que gobernadores y alcaldes deben promover la prevención y control del delito, así como ajustar la intervención y los indicadores del desempeño policial al cumplimiento de metas y a la adecuación de normas generales de actuación y respeto a los derechos humanos. No debe olvidarse la inclusión de la profesionalización de los cuerpos policiales y la adecuada remuneración de estos funcionarios públicos.
También gobernadores y alcaldes son promotores de la creación de empleo en sus comunidades. A pesar de que muchas de las restricciones para la creación de empleo provienen de las desacertadas políticas del gobierno nacional, es claro que gobernadores y alcaldes pueden estimular la asociación con empresarios y trabajadores locales a fin de estimular la creación de empleos, así como su productividad. Tenemos experiencias exitosas en el país en las cuales estos acuerdos se han desarrollado y mantenido a pesar de los pesares. En muchos sitios del país los gobiernos locales son las únicas instituciones capaces de crear empleo. Quizás un reto mayor sea trabajar en conjunto con distintos sectores sociales (universidades, por ejemplo), para desarrollar las iniciativas para crear nuevas empresas.
En el campo de los servicios públicos las posibilidades son aún mayores. Los gobiernos estadales y municipales tienen competencias amplias sobre ordenación territorial, viviendas de interés social, vialidad urbana, protección del ambiente, agua potable, canalización de aguas servidas, entre otros servicios públicos. Es tarea de las comunidades de estados y municipios exigir respuestas a estos problemas. Es la agenda que no se debe eludir.
Politemas, Tal Cual, 4 de junio de 2008
No hay comentarios:
Publicar un comentario